Recursos para defensores

El Tribunal determinó que se debería conceder la decisión del Ministro de Planificación de aprobar un proyecto de ampliación de una mina de carbón, pero impuso amplias condiciones adicionales a la aprobación basándose en un enfoque de precaución. Estas condiciones adicionales prevén una conservación más segura de las especies amenazadas y de la diversidad biológica, la protección de la calidad del agua, el control de las emisiones de partículas, la mitigación del ruido generado por la mina y el ruido y el polvo generados por el transporte de carbón por tren.

La Corte Suprema de Chile revocó los permisos ambientales para la construcción de Central Castilla, la que habría sido la mayor central eléctrica a carbón propuesta en Sudamérica. Los proponentes del proyecto presentaron tres EIA distintas para la central eléctrica, una línea de transmisión y un puerto para las importaciones de carbón. Aplicando el principio de precaución, la Corte Suprema declaró que los proyectos debían ser evaluados en conjunto para determinar el área real de influencia y los impactos acumulativos.

Aplicando el principio de precaución, la Corte Suprema de Filipinas prohibió permanentemente los ensayos de campo de cultivos genéticamente modificados, incluido Bt talong (berenjena), hasta que se adopte una nueva orden administrativa sobre bioseguridad.

El tribunal emitió una orden judicial contra kalikasan para detener las pruebas de campo de talong (berenjena) genéticamente modificada en todo Filipinas.

La decisión del Secretario del Interior de retirar grandes parcelas de tierra cercanas al Parque Nacional del Gran Cañón para proyectos de exploración y minería de uranio no fue arbitraria ni un abuso de discreción. El tribunal aprobó el “enfoque cauteloso y cuidadoso” de la agencia debido al riesgo de contaminación grave de las aguas subterráneas por las actividades mineras y las amenazas a los lugares sagrados y tradicionales de los pueblos tribales.

El gobierno de Kenia tiene el deber afirmativo de divulgar públicamente un acuerdo de compra de energía con Etiopía e información que describa los posibles impactos sociales y ambientales de las instalaciones hidroeléctricas en Etiopía que desviarían el agua que fluye hacia el lago Turkana. El Estado también debe garantizar que el lago Turkana sea gestionado y conservado de manera sostenible, y tomar las precauciones necesarias para prevenir el daño ambiental que pueda surgir de cualquier acuerdo de compra de energía con Etiopía.