Recursos para defensores

El gobierno de Colombia tiene el deber constitucional de proteger los humedales de gran altitud que son una fuente importante de agua dulce para las comunidades y brindan otros valiosos servicios ambientales.

El Gobierno de Belice violó el derecho constitucional de los miembros de la comunidad maya a la protección de la ley al no garantizar que el sistema legal de tierras existente reconociera y protegiera los derechos territoriales de los mayas.

El Gobierno de Uganda violó los derechos constitucionales al no pagar una indemnización oportuna y previa al propietario de la tierra antes de expropiarla para la construcción de una carretera. La Ley de Adquisición de Tierras debe interpretarse de conformidad con la Constitución, que protege el derecho a recibir una indemnización antes de poder adquirir una tierra en interés público. El Tribunal también estableció normas sobre la imposición de costas en los litigios de interés público.

La Corte Suprema de Canadá declaró que la Nación Tsilhqot'in estableció títulos de propiedad sobre 1.750 kilómetros cuadrados de tierra, incluidas áreas que se utilizan para la caza, la pesca, la captura, la búsqueda de alimento y otros fines o prácticas culturales. El Tribunal declaró que los titulares de títulos aborígenes tienen “derecho a los beneficios asociados con la tierra: a usarla, disfrutarla y beneficiarse de su desarrollo económico”, de modo que “la Corona no retiene un interés beneficioso sobre la tierra con títulos aborígenes”.

Tribunal anuló arrendamiento agrícola por 99 años otorgado a promotor de palma aceitera. El Ministro de Tierras no obtuvo el consentimiento adecuado de los propietarios consuetudinarios y no realizó consultas adecuadas antes de emitir el contrato de arrendamiento.

La Corte Suprema confirmó una ley que expropió más de 14.000 hectáreas de tierra para devolverlas a la comunidad indígena Enxet.

El Estado de Panamá violó los derechos territoriales de las comunidades indígenas impactadas por la construcción de la presa Bayano y no brindó protección judicial adecuada a las comunidades para proteger sus tierras ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Panamá, entre otras cosas, demarcar tierras comunitarias y pagar indemnizaciones.