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Ecuador: Defendiendo el Valle de Intag de los abusos mineros
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Durante décadas, las comunidades se han resistido a la minería en la zona. La concesión minera Llurimagua propuesta cubre aproximadamente 19 millas cuadradas donde viven más de 70 comunidades. La mina propuesta está ubicada en bosques de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi Cayapas. El área alberga muchas especies que no se encuentran en ningún otro lugar, incluida la rana arlequín de hocico largo (Atelopus longirostris) catalogada como extinta en 2016 pero redescubierta en el área de la concesión minera después de 20 años sin avistamientos. En 2019, también se descubrió dentro de la concesión minera la “rana cohete de la resistencia de Intag”, una nueva especie de anfibio que aún no ha recibido un nombre científico. Muchas especies amenazadas, incluido el mono araña de cabeza marrón, el oso de anteojos, el águila negra y castaña, orquídeas raras, polillas únicas y más, también llaman hogar al área.
El mes pasado, la Corte Provincial de Imbabura falló a favor de las comunidades, apoyada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que interpusieron una Acción de Amparo Constitucional contra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, y el Procuraduría General de la República.
Las comunidades solicitaron la cancelación de la licencia minera otorgada a la empresa pública ecuatoriana Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y a la chilena Codelco (la mayor productora de cobre del mundo), a través de su filial EMSAEC SA
“Esta victoria es un hito en la defensa de los derechos constitucionales de la naturaleza y el derecho a la consulta previa en temas ambientales”, dice Vivian Idrovo, abogada de Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, quien trabajó en el caso. “Durante años, la participación fracasó porque estaba controlada por fuerzas poderosas. Los lugareños no tenían el tiempo ni la información necesarios para participar adecuadamente y se sintieron presionados a favorecer el proyecto para obtener servicios básicos a cambio. Seguiremos usando la ley para defender la Constitución, los derechos de la naturaleza y de las comunidades”.
El tribunal dictaminó que el gobierno ecuatoriano violó los derechos de la naturaleza y el derecho de las comunidades a la consulta previa. El fallo señaló que no es lo mismo compartir información que consultar a las comunidades y citó jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional de Ecuador. El tribunal también reiteró que los proponentes del proyecto deben abstenerse de esfuerzos para dividir a la comunidad y ofertas indebidas de bienes y servicios.
La Corte Provincial de Imbabura también encontró que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa presentaba graves deficiencias, entre ellas la omisión de información sobre especies en peligro de extinción, como el redescubrimiento de la rana arlequín de hocico largo.
Como resultado, el tribunal canceló la licencia de EIA del proyecto y ordenó la suspensión de todas las actividades mineras en el área hasta que la empresa cumpla con los requisitos de consulta previa y presente un nuevo EIA y Plan de Manejo Ambiental.
En enero, el equipo científico de ELAW presentó un informe amicus curiae a la corte con un análisis de los EIA del proyecto de 2014 y 2018. Los científicos de ELAW señalaron varias debilidades, incluido que los EIA no proporcionaron información básica sobre el área forestal estimada que se eliminará, medidas para el manejo de desechos peligrosos, y más.
“La sentencia trajo esperanza a las comunidades de que la defensa de los derechos constitucionales se podía lograr a través de los tribunales”, dice Mario Moncayo, abogado que trabajó en el caso. “Esta victoria fue posible gracias a la lucha de décadas de la gente de Intag (comuneros y comuneras) que sufrieron intimidación por su trabajo”. La lucha de las comunidades ha sido apoyada por numerosas organizaciones ecuatorianas, entre ellas: Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Coordinadora Ecuatoriana de Organismos para la Defensa de la Naturaleza (CEDENMA), Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, y otros. ELAW ha colaborado con defensores locales que trabajan para desafiar la minería en el área durante más de una década.
Para más información, ver:
Alianza por los Derechos Humanos Ecuador
Intag, la minería en un paraíso que mantiene en vilo a sus comunidades
Bern Johnson
Director ejecutivo
Alianza Mundial de Derecho Ambiental
FOTO: Atelopus longirostris. Rana arlequín de nariz larga en Junín, provincia de Imbabura, Ecuador. Foto de Luis Aurelio Coloma.