Memoria de la Reforma a la Ley Ambiental de Baja California (espanol)

MEMORIA de la REFORMA a la LEY AMBIENTAL DE BAJA CALIFORNIA
Carla Ofelia García Zendejas

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El Estado de Baja California como parte conjunta pero aislada de nuestra República Mexicana ha sido objeto de una serie de acciones que lo han marcado históricamente. El ser un Estado fronterizo nos pone en una situación tanto estratégica como vulnerable, frente al gigante del norte. Esta serie de acciones que han influido tanto en la realidad del Estado son las que lo hacen un punto focal de interés para los que habitan en el mismo. El ser nativa de Baja California y residente de Tijuana me ha marcado con una consciencia clara de visualizar y criticar las acciones que afectan mi entorno. El hecho de que la industrialización y más aún maquilización de Tijuana la haya transformado en un centro económico del país y del mundo, no viene sin consecuencias puras para las comunidades enteras. Es esta inquietud como nativa, como abogada y como estudiosa del derecho ambiental que me interesé por estos temas y por crear un instrumento jurídico que realmente proteja nuestro ambiente, y permita la sustentabilidad de sus tierras y recursos para generaciones futuras.

Esta memoria fue elaborada con la finalidad de documentar los trabajos de participación ciudadana para formar parte de un proceso de reforma de Ley. En este caso fue el interés de ambientalistas en el Estado de Baja California para lograr un estudio y proponer cambios a la ley ambiental estatal.

Objetivos Personales.

Al formar parte de la coalición de grupos que presentaron un primer proyecto de reforma que no se materializó el compromiso permanecía firme. Incorporar preceptos básicos del derecho a la información, para lograr un acceso real a la información ambiental dentro de una nueva ley ambiental para el estado de Baja California. Adicionalmente, obtener a través de este compromiso una ley moderna que incluyera preceptos y disposiciones internacionales de aplicación práctica a nivel local, preceptos que permitan crear un instrumento legal que al lograr su cumplimiento alcanzara un desarrollo sustentable para nuestro Estado.

Objetivos de Organizaciones Civiles.

Así como existe una diversidad de puntos de vista sobre las cuestiones ambientales, igualmente diversas son las organizaciones civiles dedicadas a este ramo. Sus objetivos para participar en estos trabajos de reforma se conjuntaban en dos puntos, conservar la participación ciudadana a través del Consejo de Ecología y lograr una ley ambiental para el Estado de Baja California que otorgara derechos reales para accesar a información respecto de sustancias tóxicas y peligrosas manejadas en nuestras ciudadades.

Antecedentes:

· La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California entra en vigor en 1992. Una ley reconocida por estar a la vanguardia en su espíritu, y por ser de las más estrictas en el país.

· En 1996 la LGEEPA1 es reformada adoptando una serie de lineamientos y disposiciones nuevas en cuestión de las leyes ambientales en nuestro país.

· En enero de 1998 una coalición de 10 grupos ambientalistas del Estado de Baja California presentan al Congreso del Estado de Baja California un proyecto de reforma a la ley ambiental estatal que incorpora las reformas a la Ley Federal. Este proyecto de ley ambiental permaneció estático durante los cambios de legislatura.

· En el año de 1999 nuestra Carta Magna agrega garantías ambientales a nuestra legislación nacional, entre ellas la sustentabilidad y el derecho a un medio ambiente sano.

· En junio de 1999 la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California incorpora estas reformas constitucionales a su texto.

En 1998 se me invitó a colaborar con un grupo de organizaciones ambientalistas de las ciudades de Tecate2, Rosarito y Tijuana quienes buscaban elaborar un proyecto de reforma para la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de California. Después de cinco meses de análisis y estudio, discusión y debate concluimos estos trabajo y en enero de 1998 se presentó al Congreso del Estado un proyecto de reforma elaborado por diez organizaciones civiles. El clima político no permitió que este proyecto de ley se hiciera realidad, y desgraciadamente sólo fue archivado dentro del poder Legislativo. En el verano de 1999 el asesor del Dip. Flores Muñoz nos informa en una reunión con grupos ambientalistas en Tijuana de lo siguiente:

a) El proyecto de las organizaciones ambientalistas de 1998 no existe ya como tal, gracias al interés de algunos legisladores se prepararon otros proyectos de reforma, los cuales incorporan algunos puntos.

b) Que en este momento no existe derecho para que la ciudadanía de Baja California presente iniciativas de ley directamente, a pesar de la invitación que se había hecho por el Congreso del Estado en 1998.

c) Hubo un acuerdo firmado entre el poder Ejecutivo y Legislativo del Estado para crear foros de discusión y consenso de iniciativas de ley. Sólo a través de estos foros puede participar el público en cualquier proyecto de reforma.

d) Los foros creados hasta este momento trataban temas tales como: Seguridad Pública y Justicia, Bienestar Social, Reforma Política, Derechos Indígenas, etc. ninguno de ellos incluía el area ambiental. Sin embargo no se habían abierto oficialmente al público para que iniciaran los trabajos legislativos.

Por ello se envió una petición al Diputado Gilberto Flores Muñoz quien era el encargado de coordinar estas Mesas, exponiendo la necesidad de creación de una mesa que tratara exclusivamente la problemática ambiental. En esta misma época las reformas a los artículos 4 y 25 de nuestra Carta Magna elevando a rango Constitucional derechos sobre temas ambientales tuvo un impacto a nivel nacional: Adicionando un párrafo quinto al Artículo Cuarto “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Igualmente reformado el párrafo primero del Artículo 25 incluyendo el término de sustentabilidad en relación a la rectoría del Estado en el desarrollo Nacional. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad del los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad proteja esta Constitución.”

Dichas reformas fueron incorporadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California el día dos de junio de 1999.

“Art. 7.- Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de este derecho.

Art. 11.- Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal, garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de manera simultánea, el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental.

Art. 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:…

…III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida.

Art. 85.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:…

…VI.- En los términos de las leyes federales y estatales relativas:…

…g) Garantizar la sustentabilidad del desarrollo de su territorio, creando las condiciones para la adecuada prestación de los servicios sociales a su cargo y alentando la coordinación y concertación de acciones con los gobiernos federal y estatal, así como la participación social, a fin de elevar la calidad de vida de las personas.”

Esta serie de avances en material de legislación ambiental son los que provocan en nuestros legisladores el interés de retomar los temas ambientales y la retrasada reforma de nuestra ley ambiental estatal en Octubre de 1999.
Es bajo esta tónica que se busca crear una mesa de consenso que incluya representantes del sector público y privado así como la sociedad civil organizada para crear una ley que conjugue todas las ideas e inquietudes de la sociedad en materia ambiental. Por lo que se forma un alianza entre el Presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso Diputado José Feliz Arango Pérez y el Presidente de las Mesas de Coordinación Diputado Gilberto Flores Muñoz .

Es el 19 de octubre de 1999 cuando se crea la Mesa de Coordinación Especializada en Gestión Ambiental (MEGA) cuyo propósito es el de revisar y adoptar las reformas ambientales a las leyes correspondientes en el Estado de Baja California. Esta mesa fue compuesta por representantes del ejecutivo, el sector privado y la sociedad civil organizada. Cualquier persona con interés de presentar propuestas de reforma podía hacerlo a través de esta mesa.

Participación Ciudadana:

El 14 de diciembre de 1999 los grupos ambientalistas del Estado son convocados a Mexicali para elegir a los representantes ciudadanos que los habrían de representar en la MEGA. Se presentaron catorce organizaciones de Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali, la reunión fue presidida por los diputados Felix Arango y Flores Muñoz. Tras discutir los mecanismos y la importancia de la MEGA, se eligieron dos representantes ciudadanos y dos alternos: La Lic. Carla Ofelia García Zendejas, el Arq. Guillermo Caballero Herrera, el Sr. Fernando Medina y el Sr. Rodolfo Anguiano Gaspar respectivamente.

El día siguiente, Miércoles 15 de diciembre el Gobernador Alejandro González Alcocer inauguró públicamente el inicio de los trabajos de la MEGA en Mexicali, B.C. Fue un evento público en el que ambos diputados Flores y Arango, el Gobernador y Carla García Zendejas actuando en nombre de la ciudadanos Baja Californianos, hablaron brevemente sobre la importancia y significado de esta Mesa. El hecho de que fuese la última Mesa creada pero la primera en unir realmente a la comunidad y el gobierno para crear legislación ambiental siendo un punto clave.

La participación de la ciudadanía se realizó a través de Mesa Ciudadanas en cada municipio, las cuales hacían propuestas específicas que se recogían y presentaban finalmente en la MEGA por los dos representantes elegidos por las mismas organizaciones civiles. Siendo necesario establecer lazos de comunicación con los demás grupos ciudadanos y organizaciones para que estas participaran de lleno en el proceso, se llevaron a cabo varias juntas en los diferentes municipios para elegir voceros. El 17 de febrero se realizó la reunión en Tijuana en la que participaron 12 personas de Tijuana, Tecate y Rosarito representando once organizaciones civiles, eligieron a Laura Durazo de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental en su ausencia como vocera local. El 23 de febrero se convocó a las organizaciones de Ensenada, se presentaron 6 personas de cinco organizaciones eligiendo al Oceanólogo Carlos Peynador Sanchez de la Asoc. de Oceanólogos. Igualmente en el mes de mayo se reunieron ciudadanos interesados en la cuestión ambiental en la ciudad de Tecate, siendo el Comité de Participación y Defensa Ciudadana, A.C. quien fungiría como enlace de los trabajos a través de Rafael Parra. Adicionalmente se hizo una convocatoria por medio del periódico en la ciudad de Rosarito, desgraciadamente no hubo respuesta a este llamado.

Propuestas de Grupos Ambientalistas.

Los puntos medulares establecidos por la ciudadanía para formar parte de la Ley fueron los siguientes:

· Derecho a la información respecto de las sustancias tóxicas y peligrosas en uso dentro del estado, independientemente de la competencia. Por medio de inventarios y registros compartidos, etc.
· Leyes que protegieran el acceso a la información contenida por las agencias gubernamentales.
· Renovar la Participación Pública a través del Consejo Estatal de Ecología y foros permanentes de discusión.
· Desarrollo de programas de la política ambiental que ya estan en existencia, así como la cooperación en su creación incluyendo el concepto de sustentabilidad.

Inicialmente algunos de los representantes de las organizaciones civiles ambientales que participaron en la elaboración del proyecto presentado al Congreso en enero de 1998 querían proteger, promover y trabajar este documento y no la inciativa propuesta por la comisión del Congreso. Sólo a través de futuras reuniones y discusión fue posible apreciar como las reformas legislativas a nivel nacional y local habían hecho obsoleto el proyecto. Después de analizarla frente a la nueva propuesta fue claro que indudablemente es un documento valiosísimo, pero realmente un esfuerzo conservador que en términos generales incorpora sencillamente las reformas federales a la legislación estatal. Dichas reformas aparecían y se habían plasmado en la nueva propuesta, así como cantidad de otros temas e ideas que tuvieron origen en las aportaciones de los grupos ambientalistas.

Igualmente se presentaron criterios ciudadanos como requisitos para la reforma de la legislación vigente los cuales fueron publicados en periódicos locales . El documento fue firmado por 60 representantes de organizaciones civiles, miembros de instituciones académicas y ciudadanos interesados, siendo los siguientes:

1.- Corresponsabildad. La reforma a la legislación ambiental debe promover el principio de la corresponsabilidad en la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en el estado. Todos somos depositarios y usufructuarios de los ecosistemas naturales y de sus servicios y debemos compartir la responsabilidad de proteger su integridad física, química y biológica presente y futura. La corresponsabilidad presupone una comunidad educada, consciente y habilitada para participar informada y activamente en la gestión de políticas y programas ambientales a nivel municipal y estatal.

2.- Especificidad de Metas. La reforma a la legislación ambiental deberá ser guiada por el criterio de especificidad en la definición de metas en cada uno de los ámbitos en los que esto sea posible. Estas metas deberán ser definidas en función de consideraciones ecológicas, económicas y socials y podrán enunciar porcentajes específicos, tasas, plazos perentorios, unidades geográficas, volúmenes y otras unidades de medición apropiadas para cada uno de los ámbitos objetos de la legislación ambiental.

3.- Rendición de cuentas. La reforma a la legislación ambiental debe adoptar la rendición de cuentas como un mecanismo de transparencia en el ejercicio de las atribuciones de los encargados de vigilar el cumplimiento y la aplicación correcta de la legislación. La rendición de cuentas debe ser visto como un medio para la valoración efectividad del esfuerzo aplicado por la sociedad en la preservación del medio ambiente y, por lo tanto, como un método de autorenovación. La rendición de cuentas debe apoyarse en: a) un sistema de información ambiental que incluya el monitoreo y la evaluación del desempeño ambiental; b) un sistema de divulgación que incluya métodos de comunicación apropiados; c) Un sistema para el acceso a la información que facilite la consulta pública de registros y documentos ambientales del interés público.

4.- Autorenovación. La reforma a la legislación ambiental debe incluir un mandato para la evaluación periódica de los objetivos ambientales establecidos por la ley y también para vincular los resultados de dicha evaluación con acciones para mejorar el desempeño ambiental futuro. Esto implica que la revision periódica de los planes ambientales del estado para que incorporen los desarrollos científicos y tecnológicos recientes, así como las cambiantes aspiraciones de los Baja Californianos sobre el nivel de protección y calidad ambiental socialmente deseables.

5.- Ciudadanización. La nueva legislación ambiental del estado debe reconocer el derecho de los ciudadanos de participar directa y libremente de las decisiones que afectan su medio ambiente. Asimismo, la ciudadanización debe ser promovida como un medio para la creación de consensos y la conjunción de experiencias y el esfuerzo de los ciudadanos para lograr una gestión ambiental equilibrada y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del Estado.

6.- Principio de Eficiencia. La nueva legislación ambiental del estado debe promover instrumentos que hagan converger el interés individual con el colectivo sin la mediación sistemática de la coercion y de otros actos de autoridad. Estos instrumentos deben incluir estímulos económicos para incentivar la conservación de los recursos naturales, la restauración de ecosistemas y la minimización de emisiones contaminantes. Simultáneamente, debe incorporar sanciones apropiadas para aquellos individuos o empresas que quebranten el espíritu y el mandato de la legislación ambiental en cada uno de sus ámbitos de competencia.

7.- Sustentabilidad. La reforma a la legislación ambiental debe promover un desarrollo económico y social basado en la conservación y protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, considerando las necesidades presentes y futures de las familias Baja Californianas, así como los impactos ecológicos presentes y futuros de las acciones humanas. Para lograr el desarrollo sustentable, la nueva ley debe promover que la protección ambiental sea parte integral de la planeación del desarrollo económico, social y urbano del Estado.

8.- Precautoriedad. La reforma a la legislación ambiental debe reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento actual sobre los procesos ecológicos y ambientales. Además, los intereses económicos y sociales suelen propiciar decisiones apresuradas. Cuando un actividad represente una amenaza al ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun si no existe evidencia científica de una relación causa-efecto. En este contexto, los proponents de la actividad, y no la ciudadanía, deben tener la responsabilidad de probar lo contrario. El proceso de aplicación de este criterio debe ser abierto, informado y democrático. También debe incluir un examen de todas las alternatives disponibles, incluyendo la no acción. Así, la actual reforma a la legislación ambiental debe privilegiar la prevención del daño antes que la mitigación o restauración.

Dinámica de Trabajo

Desde de enero del 2000 hasta Mayo del 2001 se reúne la MEGA en 21 sesiones para discutir y lograr consenso sobre la diversidad de propuestas recibidas y presentadas por todos los sectores. El punto de partida fue una proyecto de reforma elaborado por el legislativo que incorporaba varias propuestas anteriores, entre ellas la propuesta de la coalición de grupos ambientalistas de enero de 1998.

La dinámica de la mesa consistía en presentar las propuestas por escrito y someterlas directamente al asesor del Departamento Jurídico del Congreso para ver su viabilidad inicial dentro de la legislación. Posteriormente en la reunion de la MEGA se discutían las diversas propuestas hasta lograr un consenso respecto del contenido y en ocasiones hasta la redacción misma. En otros casos se le dejaba al jurídico la tarea de redacción del articulado. En caso de que no se lograra consenso sobre algún punto, se volvía a someter al asesor jurídico del Congreso del Estado para que resolviera. Finalmente, si aún con las disposiciones que marcara el jurídico no se lograba el consenso, el punto quedaría como un disenso y se pasaba a los siguientes capítulos.

El interés de tener presente en las sesiones al asesor del Departamento Jurídico del Congreso del Estado, provino de la necesidad clara de tener en la mesa misma la opinión de esta fase en toda reforma de ley. Sabiendo el punto de vista de antemano se podía analizar las razones jurídicas de las decisiones tomadas respecto de cualquier punto. De esta forma cuando se tuviera el documento terminado y se presentase al Congreso para estudio dentro del Departamento Jurídico y la Comisión de Puntos Constitucionales ya se había previsto los posibles cambios que sufriría el texto.

Cabe mencionar que fue un proceso extenso y en momentos lento, sin embargo considero que el examen tan meticuloso que se hizo de los primeros capítulos que trataban aspectos administrativos, jurisdiccionales, competencias de autoridades, etc. los cuales son parte integral de todo el documento permitieron el avance más dinámico al final de los trabajos.

El 16 de mayo del 2001 finalmente se presenta a la Comisión para la Reforma del Estado la propuesta de Ley Ambiental del Estado de Baja California. Con la condición de que se respete en su totalidad la redacción de la misma en atención a que el Jurídico del Congreso ya ha participado en su creación. Sólo faltaron dos conceptos de definir por la MEGA en los cuales no se logró consenso aún tras el estudio del Jurídico, estos fueron: primero, el hecho de que el Consejo Estatal de Ecología tenga la posibilidad de ser autoridad o no y segundo, sobre si el titular de la Dirección General de Ecología debe poseer título profesional o no.

Perspectiva Política

La MEGA inició gracias al interés del PRD en lograr una reforma legislativa conjunta. Los trabajos quedaron bajo la dirección del Dip. Felix Arango, representante del PAN y encargado de la comisión sobre medio ambiente y recursos naturales. Desgraciadamente la alianza formada al iniciar este proyecto por los representantes del PRD y PAN no perduró. Durante los trabajos de la MEGA el Dip. Flores Muñoz presentó dos iniciativas de reforma distintas para la ley ambiental en vigor en el Estado de Baja California, esto en oposición directa del proceso de reforma que se estaban llevando a cabo respecto de la misma legislación, mismo que él había ratificado inicialmente.

Impacto Externo

La energía de ciudadanos así como de la sociedad civil organizada fue palpable cuando tomo fuerza el ritmo de trabajo tanto de las mesas ciudadanas como de la MEGA. Esto se manifesto en dos reuniones estatales que convocaron a los ciudadanos de Baja California para que participaran directamente en las actividades de reforma y creación de disposiciones ambientales que nos habrían de regir. Dichas reuniones se llevaron a cabo el 23 de agosto en la ciudad de Tecate y el 18 de septiembre del año dos mil en la ciudad de Rosarito. En la primer reunió acudieron 22 personas, tres de Tecate, cuatro de Ensenada, una de Hermosillo, una de Rosarito y trece de la ciudad de Tijuana.

Se presentaron los antecedentes de los trabajos, y la situación actual del proceso por medio de las juntas con los representantes del Congreso en la MEGA. La reunión sirvió de foro en el que se externaron opiniones e inquietudes para resolver en grupo. Se discutieron posibles proyectos futuros, tales como la creación de una página de internet, así como numerosos temas para futura discusión y análisis.

En la segunda reunión estatal en Rosarito acudieron 21 personas, seis de Rosarito, dos de Tecate y 13 de Tijuana. Aqui se escucharon declaraciones sobre la falta de avances y el trabajo estático. Igualmente se discutió sobre la ausencia clara de personas interesadas de Mexicali y ahora de Ensenada en las sesiones. Se pudo concluir la reunion con el objetivo de redactar una ‘misión’ que incluyera principios básicos que resultaron de los cuestionamientos hechos en la primera junta. Este documento materializó en la declaración de principios que se detalla con antelación.

¿ Qué falta por hacer?

1.- Poder Legislativo:

Realmente y como se mencionó en varios momentos de las reuniones con los ambientalistas, este trabajo inicial de redacción y presentación de un proyecto de reforma es de los primeros pasos para que la nueva ley ambiental para el Estado de Baja California logre su existencia. Ya presentado el documento ante el Congreso habrá de seguir los siguientes pasos:

i.- Revisión por la Mesa Central de Coordinación del Programa de Reforma del Estado por medio del Departamento Jurídico del Congreso.

ii.- Pleno del Congreso y Comisión Especializada que deberá emitir su dictamen.

iii.- Regreso al Pleno del Congreso para discusión y votación.

iv.- Gobernador del Estado quien lo remite al Departamento Jurídico y Dirección General de Ecología para observaciones.

v.- Vuelve a al Gobernador del Estado quien puede negarle su sanción, devolverlo con sus observaciones al Congreso o aprobarlo.

vi.- Lograda su aprobación se envía al Periódico Oficial del Estado para su publicación y subsecuente entrada en vigor.

2.- Grupos Ambientalistas:

Sería necesario renovar primeramente los compromisos de trabajo adquiridos entre las organizaciones y activistas ambientales del Estado. La duración del proceso fue extenuante para varios grupos que dejaron de participar en las mesas ciudadanas meses antes de se concluyeran los trabajos. Se acordó la necesidad de hacer un cabildeo con el resto de los legisladores en el Congreso del Estado para que estuviesen enterados del proceso y el interés de que se apoye y apruebe finalmente la propuesta presentada. Igualmente son estos grupos ambientalistas los que podrán promover los preceptos establecidos en la ley, y la necesidad de cumplirlos tanto con la sociedad en general, como con las autoridades ambientales.

3.- Comunidad Baja Californiana:

Los ciudadanos del Estado de Baja California conocen las necesidades que viven en forma cotidiana, sin embargo pudiesen beneficiarse de una visión global que les permita ver como sus carencias forman parte de un problema de fondo. Es necesario que las autoridades estatales y ambientales principalmente informen de estas problemáticas a la ciudadanía para que puedan opinar y en un momento dado tener los elementos suficientes para entender sobre las medidas necesarias para lograr proteger ecosistemas así como todo el ambiente que vivimos.

4.- Medios de Comunicación:

La prensa estuvo presente desde el momento de que se inauguraron estos trabajos, fue inclusive partícipe de algunas de las reuniones ciudadanas que elaboraron propuestas específicas de reforma. El interés de los medios de comunicación para informar a la población Baja Californiana sobre este proceso y los temas ambientales es un elemento básico de la promoción y educación misma. La difusión de acciones en pro del ambiente realizada por la prensa es indispensable para lograr un grado de información mayor en toda la ciudadanía.

Conclusiones:

I.- Los beneficios de esta propuesta de ley se derivan primero del contenido y espíritu de su capitulado. Tanto en lograr una ingerencia directa en la política ambiental de nuestro estado como en proporcionar las herramientas necesarias para que la autoridad pueda sancionar a todos los que incumplan con las disposiciones de la misma.
Y segundo en la experiencia misma de haber conocido y sido parte de un proceso legislativo, podemos como grupo o individualmente reconocer nuestras fuerzas y debilidades para participar en un proceso de esta naturaleza. Indudablemente hemos adquirido un conocimiento más profundo de lo indispensable que es la cooperación, tolerancia y profesionalismo.

II.- Fue un proceso difícil, la duración del mismo y el valorar la importancia de estar en la mesa para lograr negociaciones fue un punto de contención entre los grupos ambientalistas en varias ocasiones. Siendo la duración una de las razones primordiales del desinterés y debilidad de las acciones tomadas por un grupo escaso de participantes.

III.- Cuando logramos crear espacios de participación ciudadana los debemos ocupar, es indispensable para lograr los cambios que buscamos. Pero para ello igualmente es fundamental un nivel de conocimiento y profesionalismo que nos permita defender plenamente nuestras ideas, sin esto volvemos a ser un grupo de personas sin estrategias y sin una visión global siendo imposible participar directamente en estas dinámicas tan politizadas. Es una experiencia valiosa que nos ha permitido influir directamente en la creación de una ley que nos habrá de regir en uno de los temas más importantes, el ambiental.

IV.- El proceso llevado en la MEGA para crear un proyecto de reforma para la Ley Ambiental del Estado de Baja California fue un experimento. Se inició con el interés de algunos para lograr un esfuerzo colectivo en la creación de una ley, pero fue un trabajo a prueba. Esperemos que los resultados de este trabajo sirvan de caso de estudio para trabajos futuros de esta índole y que el legislativo y ejecutivo del Estado no desechen otros temas por la multitud de elementos y labor que implica un esfuerzo similar.

i.- Conscientes de la premura del tiempo y las próximas elecciones , se espera que el hecho de que esta propuesta de reforma es el resultado de una consulta pública realizada a través de una participación ciudadana logre su aprobación en el Congreso.

ii.- Como representante de la ciudadanía el compromiso de llevar las propuestas y defenderlas en la MEGA fue claro. El hecho de que se participara en representación de la ciudadanía fue un elemento valioso, pero el respeto en la discusión y en expresar ideas para fortalecer las propuestas se derivó de la confianza ganada entre todos los que integraron la MEGA.

iii.- El grupo medular de la MEGA lo conformaron un grupo constante de personas representantes tanto del sector público, privado como de la ciudadanía, es preciso mencionar que se logró un ambiente de respeto mutuo y apertura a conocimientos nuevos sobre materias y temas dominados por los participantes mismos. Esto permitió la negociación abierta en puntos de debate y contención. Los integrantes de este grupo fueron el mismo Dip. Felix Arango Perez, su asistente el Ing. Juan Serrato García, los abogados del Departamento Jurídico del Congreso Lic. Basilio Martínez Villa y la Lic. Edna Durón Naranjo, el Lic. Luis Flores Solís y el M.C. Adolfo González Calvillo por parte de la Dirección General de Ecología del Estado, el LAE. Ildefonso Green Davis de parte de Canacintra-Tijuana, el Lic. Ignacio Martínez Luna del Consejo Estatal de Ecología y los dos representantes ciudadanos Arq. Guillermo Caballero Herrera y la Lic. Carla García Zendejas.

A manera de conclusion final, se procuró informar a la comunidad en general del proceso, las acciones tomadas y la necesidad de su participación, por medio de invitaciones amplias. De lograrse la aprobación de esta propuesta de ley los ciudadanos Baja Californianos seríamos acreedores de un instrumento legal que nos otorga una variedad de derechos específicos para lograr vivir en un ambiente sano. Siempre y cuando estemos conscientes de que sólo se puede lograr una sustentabilidad ambiental cuando exista la disponibilidad de proteger nuestro entorno para futuras generaciones como un recurso agotable. Este factor depende fundamentalmente de la evolución de pensamientos y una verdadera conscientización a nivel general, y como siempre esto es lo más difícil de lograrse a cualquier nivel.

Carla Ofelia García Zendejas Junio del 2001.Av. Abelardo L. Rodríguez 104to. Piso Local 40222320 Tijuana, Baja California.Mexico.


1Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – ley federal en materia ambiental.
2Comité de Participación y Defensa Ciudadana, A.C.

 

Los archivos adjuntos: 
Fecha del Recurso: 
2001
Países y Regiones: 
Tipo de recurso: