En Australia, en 2006, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur determinó que el impacto de la quema de carbón en una central eléctrica debería estudiarse como un impacto indirecto de la minería del carbón. En Gray contra el Ministro de Planificación y Ors, la Corte declaró en parte:
NSWLEC 7 (8 de febrero de 2019) Gloucester Resources Limited (GRL) propuso una mina de carbón a cielo abierto (el Proyecto de Carbón Rocky Hill) para producir 21 millones de toneladas de carbón durante un período de 16 años. El Ministro de Planificación rechazó el consentimiento, principalmente debido a la incompatibilidad de la mina propuesta con los usos de la tierra existentes, aprobados y probablemente preferidos en las cercanías, en contra de la Política de Planificación Ambiental del Estado (Minería, Producción de Petróleo e Industrias Extractivas) de 2007 (la SEPP de Minería). Gloucester Resources Limited contra el Ministro de Planificación [2019] NSWLEC 7 (8 de febrero de 2019), párr. 57 y 62. GRL apeló la denegación del consentimiento ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur (Tribunal de Tierras y Medio Ambiente).
Una empresa minera presentó una solicitud para ampliar una mina de carbón a cielo abierto, la mina Warkworth, ubicada en Hunter Valley del estado de Nueva Gales del Sur. La compañía buscó extraer áreas que anteriormente se consideraban antieconómicas debido a los precios más bajos del carbón. Estas áreas habían sido designadas previamente como áreas “sin perturbaciones” bajo autorizaciones previas.
Los residentes de la aldea de Bulga presentaron una solicitud de revisión de méritos externos ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur (LECNSW) para impugnar una decisión administrativa del Ministro de Planificación e Infraestructura que otorga la aprobación a un proyecto de expansión propuesto para una mina de carbón a cielo abierto existente operada por Warkworth Mining Limited. Los residentes afirmaron que el proyecto propuesto causaría impactos inaceptables en la diversidad biológica y en la comunidad de Bulga y que los costos totales no serían internalizados por el proyecto.
Esta fue una apelación presentada por un objetor tercero (ICAG) contra la decisión del Ministro de Planificación de aprobar la ampliación de una mina de carbón existente. Las objeciones planteadas en este llamamiento se centraron en los impactos de la extensión de la mina de carbón en la biodiversidad (especialmente la rana gigante barrada amenazada), los impactos en la calidad del agua, los impactos en la salud por material particulado, contaminación acústica y emisiones de polvo.
Los grupos ambientalistas impugnaron una enmienda a las disposiciones de un plan de planificación local que era necesaria para la expansión de la mina de carbón Hazelwood en el sureste de Australia. Los peticionarios afirmaron que la declaración de efectos ambientales (EEE) debería haber incluido un análisis de los impactos de las emisiones de carbono cuando el carbón se quema posteriormente.
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