La Fiscalía Federal (MPF) interpuso una ação civil pública contra el gobierno federal, las empresas mineras y los funcionarios o socios de las empresas mineras por la degradación ambiental derivada de las actividades mineras de carbón a gran escala en el sur del Estado de Santa Catarina. [1] Este complejo litigio ha dado lugar a múltiples decisiones judiciales, numerosas inspecciones judiciales asistidas técnicamente, varias audiencias públicas inclusivas e informativas y varios mecanismos innovadores para informar, negociar, implementar y hacer cumplir las medidas de remediación. En consecuencia, este caso ha sido destacado como una ejemplificación de una técnica judicial calificada por algunos como una orden judicial estructural o una decisión estructural [2].
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