Chile -- Castillo et al. v. COREMA X Region (español)

Castillo et al. v. COREMA X Region
NO: 2249-99

FALLO DICTADO POR LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT

Fojas Setecientos trece 713

Puerto Montt, dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS:
De fojas 1 a 23 Marcelo Castillo Sánchez, abogado; Juan Pablo Olmedo Bustos, abogado, por sí y en representación de Marcel Claude Reyes, economista, y de Fundación Terram, Corporación de Derecho Privado; Carlos Baraona Bray, abogado; Alejandro Navarro Brain, Diputado de la República, por sí y en representación de Guido Girardi Lavin, Diputado de la República; Arturo Longton Guerrero, Diputado de la República; José Aravena Jara por sí y en su calidad de Presidente del Consejo Ecológico Comunal de Puerto Montt, Lionel Francisco Sariego Sheffield por sí y en representación del Comité ciudadano de Puerto Montt y Juan Alexis Araya Brizuela por sí y en representación del Comité ciudadano de Puerto Varas, todos con domicilio en calle O`Higgins Nro. 167, Oficina 805, comuna de Puerto Montt, recurren de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región de Los Lagos, representada por su Presidente Rabindranath Quinteros Lara, drujano dentista e Intendente de la Décima Región de Los Lagos, ambos con domicilio en Avenida Décima Región Nro. 480, piso 3, de Puerto Montt, por haber expedido en forma arbitraria e ilegal la Resolución Exenta Nro. 25, de fecha 28 de enero de 1999, materializando así el acuerdo de calificación de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada Chile, presentado por la Compañia Industñal Puerto Montt S.A. vulnerando así el derecho a la vida; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, constituyendo un deber del Estado velar para que tal derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza; y la igualdad ante la Ley. Previamente hacen una descripción del Proyecto Cascada Chile, cuyo objetivo consiste básicamente: a) la explotación de los bosques nativos de la Décima Región; b) la construcción y operación de una planta industrial para la elaboración de paneles estructurales OSB y de una planta astilladora; y c) la construcción de un puerto para embarcaciones de gran calado, loza para operación de barcazas y dependencias anexas.

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Estas instalaciones se ubicarán en la bahía de Ilque, en una superficie de 177 hectáreas, de las cuales 80 hectáreas serán utilizadas para la instalación de la planta OSB, la planta astilladora, vías de acceso, red de drenaje, canchas de acopio y área de operación de puerto.
Impactos Ambientales del Proyecto Cascada Chile.
Generará numerosos impactos ambientales negativos sobre:
a) El bosque nativo y la biodiversidad en la Décima Región;
b) La atmósfera;
c) El medio acuático, especialmente el marino;
d) Otros elementos.
Impacto sobre el Bosque Nativo y la Biodiversidad.
Este impacto negativo está representado por el consumo de
925.000.- metros cúbicos de materia prima anuales para la planta de paneles OSB y la planta astilladora, utilizando para tal efecto todas las especies existentes en el bosque nativo regional, valorizando así especies que hasta ahora no eran utilizadas con ningún fin comerdal, entre otras mencionan las siguientes: notro, radal, avellano, canelo, luma, melí, arrayán, etc.
El proponente lo sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por estar incluido entre las actividades prescritas en el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, haciendo referencia sólo en tres páginas a los impactos que generará en el recurso forestal, en base a que la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. no posee predios forestales propios ni planes de manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que permitan abastecer la planta durante su vida útil de veinte años.
Se sostiene por los recurrentes que el Estudio de Impacto Ambiental omite toda -información relativa a la materia prima a utilizar, a saber:
a) Área de influencia que requerirá el proyecto para abastecer de madera;

b) Descripción de los tipos forestales en el área, en cuanto a especies disponibles para el abastecimiento de la planta de tableros;
c) Pérdida de la biodiversidad asociadas a los ecosistemas y bosques que serán talados.
Por otra parte, es importante señalar que existen muy pocos estudios en el tipo forestal siempre verde, por lo que es difícil determinar correctamente la cantidad de madera a obtener y más aún cuantas hectáreas de él deberán ser taladas para suministrar la madera requerida.
Como el abastecimiento de la madera requerida por la planta será a través de terceros, traspasa el problema de la sustentabilidad del bosque nativo y los impactos ambientales del proyecto a los organismos gubernamentales encargados del control y fiscalización de la legislación forestal. En el fondo el beneficio de explotar todos los bosques naturales regionales serán privados y los costos de recuperación ambiental económico y social serán pagados por todos los chilenos.
La carga ambiental sobre el bosque aumentará en 1.000.000 metros cúbicos de madera al año y para hacer uso de este recurso y asegurar la sustentabilidad del bosque siempreverde, se requiere de un adecuado y profundo conocimiento del recurso forestal, sosteniendo que actualmente no existen investigaciones y bases técnicas sobre regeneración, dinámica, semillación, métodos silviculturales y manejo en general de las especies componentes del tipo forestal siempreverde1 que permita su explotación en forma tan intensa y a los volúmenes que el "Proyecto Cascada Chile" requiere, afectando gravemente la diversidad biológica a través de una reducción sustancial de su superficie, generando impactos negativos sobre los ciclos hidrológicos y de nutrientes, en una extensión de más de 100.000 hectáreas en un plazo de 10 - 20 años y deforestación en cinco mil a diez mil hectáreas por año, lo que se traduce en un cambio de paisaje, con efectos importantes sobre la diversidad biológica, traducidos en disminución de plantas, animales, pérdida de variedad genética y extinción local de especies silvestres, y a largo plazo las funciones y servicios, como ser abastecimiento de agua potable, pesca y estética del paisaje. Lo único que actualmente existe son algunas tesis
y ensayos de la Décima Región debido a la variabilidad de las condiciones fenológicas y biológicas de las especies en general. I
Impacto sobre la atmósfera.
a) COREMA omite señalar que según las normas Suizas sobre la materia, contenidas en la "Ordenanza sobre Control de Contaminación del Aire", que en caso de existir más de una fuente de emisiones deberán ser consideradas como una sola fuente y en tal caso supera con creces la norma suiza de 50 mg/m3 respecto de niveles de contaminación por material particulado, provocado por el funcionamiento de la planta de OSB.
b) Contaminación por fenoles. La Corema señala en su Resolución que el Proyecto Cascada Chile también emitirá compuestos. fenológicos por uno de sus ductos, en una concentración de 7,83 mg/m3, sustancia altamente tóxica y conocidamente cancerígena.
Contaminación por Formaldehidos.- Se emitirá por tres ductos de la planta, en una emisión de 11,97 mg/m3 en dos de ellos y de 5,15 mg/m3 en el tercero, lo que totaliza 29,09 mg/m3, cifra esta última considerando los tres ductos como una sola fuente, que supera con creces el parámetro máximo de 20 mg/m3 que señala la normativa Suiza.
Contaminación por otros elementos.
El proyecto Cascada Chile emitirá durante su operación otros agentes contaminantes, tales como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, oxidos nitrosos que no fueron debidamente considerados en el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a la Tabla que se indica.
La COREMA no exigió ninguna medida de reparación o mitigación respecto de- estos contaminantes que afectarán negativamente el medio ambiente de la bahía de Ilque.
La propia comunidad en una de las observaciones hechas al proyecto indica que la planta de OSB liberará, al año, a lo menos 340 toneladas de cenizas, 16,4 toneladas de fenol y 82 toneladas de formaldehido.
Impacto sobre el medio Acuático.
El proyecto Cascada Chile también producirá descargas de Residuos Industriales Líquidos (RILES) en los cursos o masas de aguas superficiales y en el medio marino acuático, en forma directa o indirecta, a través de actividades asociadas a la operación y funcionamiento de la planta OSB y del puerto. En el Estudio de Impacto Ambiental se indica que la planta consumirá aproximadamente 53.000 litros diarios de resma de formaldehído fonólico y 13.000 litros diarios de cera emulsionada. Asimismo, almacenará y utilizará combustibles, como bencina, petróleo diesel, aceites e hidrocarburos en grandes cantidades; consumirá 6,3 litros por segundo de agua, de los cuales 5,5 litros serán aguas de proceso. En el Estudio de Impacto Ambiental no se contempla el medio acuático, el deterioro de la calidad de aguas que permite el desarrollo de la acuicultura de la zona, como tampoco se adoptan las correspondientes medidas de reparación, mitigación o compensación adecuadas. Asimismo, en relación con el ruido en el medio acuático no se -efectuó una evaluación de su impacto ambiental.
Impactos sobre otros Elementos.
-Manejo y transporte de sustancias tóxicas y peligrosas.
-Disposición de residuos peligrosos.
No se menciona donde se dispondrán los filtros y la grava usados por ellos, a razón de dos toneladas mensuales. No se indica si las cenizas derivadas del proceso serán dispuestas en un relleno sanitario de seguridad.
Destrucción del paisaje.
No existe evaluación del deterioro y pérdida del paisaje como consecuencia de la tala de un millón de metros cúbicos de madera al año.

En conclusión, no se describe adecuadamente la "línea de base", esto es, la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución o modificación, no incluyendo estos impactos ambientales en la evaluación del mismo.

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
No reúne los requisitos que la ley establece para un Estudio de Impacto Ambiental porque carece de línea de base, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Nro. 19.300; no identifica los efectos negativos sobre los recursos naturales renovables; no posee medidas de mitigación necesarias y hay ausencia de plan de seguimiento de las variables ambientales, defectos que derivan de una mala focalización ambiental del proyecto, por considerar los proponentes que consiste en un proyecto industrial y portuario, en circunstancias que por sus implicancias en el medio ambiente es claramente un Proyecto Forestal. La línea de base es fundamental para determinar si un proyecto es o no ambientalmente dañino. Las razones que da la Empresa para liberarse de la evaluación del impacto ambiental son:
a) su proyecto no es forestal, sino industrial;
b) No posee bosques propios, adquirirá la madera de terceros;
c) Se compromete comprar sólo maderas que provengan de bosques que tengan aprobados planes de manejo por CONAF.
d) Asesora a sus proveedores para que realicen un buen bosque nativo.
Estiman los recurrentes que éstas no son razones valederas a la legislación vigente por los siguientes fundamentos:
a) Durante la discusión del artículo 10 del proyecto de la Bases del Medio Ambiente se debatió que "los proyectos de explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos bosques nativo, industria de celulosa, plantas astilladoras, de maderas y aserraderos, todos de dimensiones
manejo del de acuerdo futura Ley de desarrollo o cubiertos de elaboradoras industriales" deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Todos están en la misma letra, lo que indica que representan el mismo impacto ambiental; no se hace distinción entre proyectos industriales o forestales porque lo básico es que todos pueden afectar el bosque nativo o los terrenos frágiles, de allí que se incluyan las plantas de celulosa, pasta de papel, papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos; la ley dice todos de dimensiones industriales, o sea, de gran volumen y que ocuparán mucha madera (letra m) del artículo 30 del D.S. Nro. 30) y en la letra ml se refiere a proyecto de desarrollo o explotación forestales que abarquen superficie única o agregada de 500 hás anuales, tratándose de las Regiones VIII a XI. Lo que se desea evaluar es el impacto ambiental, no basta que el proponente declare que sus proveedores deberán acatar la legalidad vigente para evaluarlo. La ley quiere que se indiquen los proveedores, los bosques, la tasa de regeneración en cada caso específico, que salvaguardia de biodiversidad se tomará, etc.; la ley habla de pormenorizadamente. No existe en el Estudio de Impacto Ambiental ningún parámetro si el uso del recurso causará deterioro al patrimonio ambiental y las acciones que ejecutará el proponente para impedir o minimizar sus efectos.
b) Respecto a la no posesión de bosques propios por la Compañía Industrial Puerto Montt y que la madera la adquirirá de terceros, los recurrentes señalan que la ley ni el Reglamento distinguen que la explotación sea hecha por el proponente o terceros y sólo exige que basta que se trate de cortar más de 500 hectáreas al año en la Décima Región y en cada caso debió indicarse la capacidad real del bosque, tanto desde el punto de vista maderable como de sostén de la biodiversidad, capacidad de regeneración del bosque, exigiendo previamente un catastro de bosque nativo disponible porque lo que se evalúa no es la explotación de un recurso propio sino el impacto que el proyecto tendrá en el medio ambiente.

El artículo 60 del Reglamento dice que en la evaluación de los efectos adversos significativos se considerará: la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada; la forma de intervención y/o explotación; la alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren insuficientemente conocidas y, por último, la diversidad biológica en el área de influencia del proyecto y su capacidad de regeneración.
c) Compromiso del proponente de comprar sólo maderas que provengan de bosques que tengan aprobados planes de manejo por Darte de CONAF.
Las aprobaciones de los planes de manejo de CONAF no toman en cuenta el impacto de la explotación maderera sobre la diversidad biológica; además, se aprueban sin sumarse, máxime si son de distintos dueños.
Aprobado un Estudio de Impacto Ambiental o Declaración, ningún organismo del Estado puede negar las autorizaciones ambientales y por el contrario, si la resolución es desfavorable esas autoridades están obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones aunque se satisfagan los demás requisitos legales. La deforestación produce grandes impactos sobre las cuencas hídricas, cambios de cauce y erosión; según la ley 19.300 el aprovechamiento de los recursos naturales se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y diversidad asociado a ello.
Otro requisito exigido por la ley y que omite la Resolución aprobatoria, es la obligación del proponente de presentar un Plan de Manejo de los recursos naturales existentes dentro del área de influencia del proyecto. Es un plan general en que se indican la conservación de los caudales de agua, suelo, valor paisajístico, protección de las especies en peligro de extinción; este plan no debe confundirse con los planes específicos que en cada caso requieren las diferentes leyes, como por ejemplo el Decreto Ley Nro. 701 de 1974.

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CONAF y el Servicio Nacional de Turismo opinan que el proyecto debe incluir en su estudio el recurso forestal.
Chile ha suscrito y ratificado el convenio sobre la Diversidad Biológica (D.S. 1963 del año 1994 del Ministerio de Relaciones Exteriores) y en el país existen 114 especies con problemas de conservación y se encuentran amenazados especies de fauna, peces, anfibios, mamíferos, reptiles y aves que habitan en los bosques.
d) La última razón para no evaluar el impacto del Proyecto Cascada sobre el bosque nativo dice relación con el compromiso del proponente de asesorar a sus proveedores para que realicen un manejo del bosque nativo.
En el Addendum 1. Pág. 186 se dice lo siguiente: según CONAF el Estudio de Impacto Ambiental que fue sometido a evaluación no es un proyecto de explotación forestal, utiliza este recurso que será suministrado por propietarios de bosques; no obstante el titular del proyecto de carácter industrial, de acuerdo a las exigencias que establece la Ley sobre Bases del Medio Ambiente ha optado voluntariamente por ir más allá de los requerimientos y, en el Addendum II, ha propuesto acciones para contribuir con la sostenibilidad del recurso, las que apoyarán y también constituyen medidas de mitigación.
En otras palabras, la autoridad y el proponente han confundido la propiedad de los insumos con el impacto ambiental que el consumo de madera nativa tendrá sobre el bosque nativo.
Las acciones que proponente el Proyecto Cascada.
10.~ Colaboración con CONAF, se le proporcionará información de Guías de Despacho, lo que indica que la madera provendrá de un predio con plan de manejo aprobado.
20. El Ministerio de Bienes Nacionales espera tener para fin del presente año un catastro de las propiedades fiscales; antes que comience a operar el proyecto.
30~ Capacitación y Asistencia Técnica. La planta contará con un Departamento de Asistencia Técnica y Capacitación.
40~ Distribución de Folletos y Manuales referentes a la cosecha de maderas; germinación de semillas; crecimiento de plántulas y plantaciones; desarrollar con la Universidad Austral un folleto didáctico que describa usos de distintos sistemas silviculturales.
5~. Crear un Banco de semillas y/o plantas madres para abastecer viveros con el fin de reforestar áreas de acuerdo a los planes de manejo;
60. Establecer un vivero de 100.000 plantas nativas para distribuir entre pequeños propietarios.
70~ Programas de entrenamientos para contratistas de
cosecha.
80. Difusión de técnicas de manejo de plantas y plantaciones para asegurar su sobrevivencia y desarrollo que se entregará a los proveedores.
90~~ Preparación de sitios, actividades de plantación y raleos
con pequeños propietarios para aumentar su eficiencia.
10~. Registro de contratistas confiables y contratos estándar a disposición de los pequeños propietarios.
Se proporcionará a CONAF todos los análisis estadísticos que no contengan resultados considerados como críticos para la gestión de la Empresa.
Los recurrentes sostienen que cuando ocurre la fiscalización de CONAF más del 60% de las violaciones de la ley no son penalizadas y el resto recibe multas o sanciones mínimas, lo que demuestra una seria debilidad en el control de la legislación forestal, que deja a los bosques nativos de Chile en casi indefensión legal total.
En el Estudio de Impacto Ambiental no hay antecedentes serios y científicos que indiquen cuanta madera se puede extraer del bosque nativo sin comprometer la existencia del recurso y la biodiversidad asociada a él.
Uno de los problemas más graves del bosque nativo es la escasa fecundidad de sus semillas, lo que trae como consecuencia que si se corta un bosque mixto no es posible recrear ese mismo ambiente y podría caerse en el monocultivo, destruyéndose la biodiversidad.
El Catastro de Bosque Nativo efectuado por CONAF señala sólo la cantidad potencial de bosque maderable porque se efectuó sobre la base de la fotometría, la que no indica que hay debajo del bosque y esto es importante, por cuanto las limitantes legales para la explotación están determinados por las variables geográficas como inclinación de laderas, cercanías a curso de aguas, fragilidad de los suelos.
Las estimaciones de las tasas de crecimiento del bosque (5,5 a 7,5 metros cúbicos al año) no se basan en cifras y estudios científicos, según Juan Armestro, y no se señalan las condiciones especmcas en que se realizaron las mediciones, tipo y edad del bosque, densidad del rodal, tipo de suelo, pendientes, altitud, etc.
Según los proponentes la superficie del bosque comercial se estima en 1,7 millones de hectáreas, estimación que resulta después de sustraer las superficies de bosques protegidos en el SNASPE, parques de protección de riberas, zonas de alta pendiente y altitud según catastro de CONAF. Esta concepción supone que las áreas que constituyen el SNASPE son suficientes para proteger la biodiversidad y la integridad del paisaje regional. Este supuesto es errado porque la conservación de la diversidad biológica en las zonas de mayor productividad que son también las áreas más ricas en especies es insuficiente y representa menos de un 1% del área regional de bosques.
Características específicas de los bosques de la Décima Región.
Según cifras del catastro de bosques nativos (CONAF, CONAMA Y BIRF, año 1997) habrían 3.610.222 hectáreas de bosques nativos. La mayor superficie es bosque adulto y la especie bosque siempreverde alcanza un 53,8% seguido de la Lenga, Coigue, Raulí, Tepa, Coigue de Magallanes, Ciprés de la Guaiteca, de los cuales dependen ecológicamente insectos, aves y mamíferos nativos, esenciales para los procesos de polinización y dispersión de semillas. Es necesario preservar la fauna manteniendo los procesos ecológicos.
Manifiestan los recurrentes que según Armesto y Smith Ramírez el bosque no es un recurso renovable ya que su composición de especies genotipos a interacciones entre especies son el producto de una historia evolutiva que no puede repetirse.
La actual política de explotación del bosque se realiza con criterio economicista de corto plazo, sin basarse en conceptos y técnicas de silvicultura y manejo forestal. El Catastro de Bosque Nativo señala que de un total de 9.828.632 hectáreas han sido intervenido mediante floreo y sólo 7.491 hectáreas, correspondiente al 0,10/0 lo han sido mediante procesos silviculturales adecuados. Sólo se ve al bosque como madera. En la región sólo el 50% de la superficie original son de bosques nativos, acelerando este proceso con el aumento de las exportaciones de madera y la carretera austral; la propiedad de los bosques se encuentra mayormente en manos de pequeños propietarios y campesinos forestales. El Estudio de Impacto Ambiental recomienda la explotación del bosque a tala rasa para aprovechar el total de su biomasa, pues concluye que ningún proyecto podría prosperar si sólo se permiten extraer 35% del área basal por hectárea. No evaluar el impacto de un proyecto de la magnitud del comentado representa para el bosque nativo y la biodiversidad asociada a él, poner en serio peligro la sustentabilidad del recurso y atenta contra el patrimonio ambiental que pertenece a la Nación toda y, por ende, a todos y cada uno de los recurrentes, derecho de uso garantizado en el artículo 19 Nro. 8 de la Constitución Política de la República a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y por otro lado, la autoridad al no exigir esta evaluación, ha vulnerado el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, acto ilegal y arbitrario, por no evaluar de acuerdo el Estudio de Impacto Ambiental según las normas de la Ley Nro.- 19.300 y su Reglamento y, además, por constituir un mero capricho sin que exista fundamento científico alguno, ha permitido que un proyecto de esta magnitud se realice poniendo en grave riesgo el patrimonio ambiental. La resolución impugnada afecta el derecho a la vida, reconocido en el artículo 19 Nro. 1 de la Carta Fundamental, por cuanto la contaminación del aire, la privación de los recursos naturales necesarios para el hombre, el envenenamiento de las aguas y tantas otras alteran de manera radical las condiciones que permiten la existencia de la vida de los seres humanos.
También la resolución emitida por la COREMA de la Décima Región atenta en contra de la garantía igualdad ante la ley, por establecer privilegios a favor de la Empresa "Compañía Industrial Puerto Montt S.A. en desmedro de la comunidad, estableciendo una clara y manifiesta diferencia arbitraria con relación al proponente. Por lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 Nro. 1, 8 y 2 y 20 de la Constitución Política de la República, Ley Nro. 19.300 solicitan se tenga por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra de Resolución individualizada en la parte inicial de este escrito, se declare nula y/o adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para el restablecimiento del derecho, con costas.
Por el tercer otrosí acompaña copia simple de la Resolución Exenta Nro. 25, de fecha 28 de enero de 1999 de la COREMA de la Décima Región.
De fojas 29 a 32 Copia del Ordinario Nro. 593, de fecha 24 de Julio de 1998, proveniente del Director Regional Xa. Región Corporación Nacional Forestal.
De fojas 34 a 37 y de fojas 388 a 391 fotocopia auténtica de Oficio G.M. P.M.O. Ordinario Nro. 12.600, de fecha 22 de julio de 1998 del Gobernador Marítimo de Puerto Montt.
De fojas 39 a 47 y de 355 a 362 copia autentificada del Ordinario. 1.687 de fecha 13 de junio de 1998, del Director Regional de Pesca Xa. Región.
De fojas 48 a 52 y de fojas 394 a 400 copia original del Oficio Nro. 225 de fecha 22 de julio de 1998, del Director Regional de Turismo, Región de Los Lagos, enviado a la CONAMA Xa. Región.
De fojas 55 a 58 Informe al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Cascada Chile, sometido al S.E.I.A. por la Empresa Compañía Industrial Puerto Montt S.A. correspondiente al oficio Nro. 376 de 23 de julio de 1998, de la Secretaría Regional Ministerial de la Xa. Región "Los Lagos".
De fojas 63 a 64 Raimundo Pérez de Arce Larenas, abogado, domiciliado en Nueva Tajamar Nro. 481, Torre Norte, piso 21 de Las Condes, se hace parte en el Recurso de Protección Rol Nro. 2.246 en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Xa. Región.
A fojas 65 se acumula la causa Rol Nro. 2.249.
De fojas 77 a 155, Fernando Dougnac Rodríguez por sí y a nombre de Juan Armesto Zamudio, Doctor en Biología, domiciliado en Ruta 5, cruce "El Quilar", estación biológica "Senda Darwin", Ancud; Nestor Holzhpfel Gross, empresario hotelero, domiciliado en Hotel Ensenada, Villa La Ensenada, comuna de Puerto Varas; Rolando Soto Schlie, empresario hotelero, domiciliado en Antonio Varas Nro. 447, Puerto Montt; Carlos Castaing Inostroza, empresario turístico, domiciliado en Urmeneta Nro. 305, Puerto Montt ; Miguel Ignacio Fredes González, abogado; José Ignacio Pinochet Olave, abogado; Lorenzo Soto Oyarzún, licenciado en derecho, todos domiciliados en Merced Nro. 186, departamento 31, Santiago; Adriana Hoffmann Jacoby, botánica; Maria Luz Sierra Merino, periodista; Nicolo Gligo Viel, ingeniero agrónomo, todos domiciliados en Los Laureles Nro. 1.025, Vitacura, Santiago; Miguel Stutzin Stkenhordf, ingeniero agrónomo, domiciliado en calle Francisco Bilbao Nro. 691, Providencia, Santiago; Bedrix Magas Kuzak, ingeniero; Sara Larrain Ruiz Tagle, antropóloga; Oriana Reyes Olivares, licenciada en filosofía; Fabiola Fariña Mellafe, comunicadora audiovisual, todos los anteriores domiciliados en calle Seminario Nro. 774, comuna de Providencia, Santiago; Flavia Cecilia Liberona Céspedes, bióloga, domiciliada en Benavente Nro. 314, Puerto Montt; Lucía Franke Sandoval, químico, del mismo domicilio anterior; Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), con domicilio en Merced Nro. 186, Santiago; Alianza por los Bosques de Chile; Defensores del Bosque, ambas domiciliadas en Diagonal Oriente Nro. 1.413, Ñuñoa, Santiago; Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF); Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE); Instituto de Ecología Política (IEP); Fundación Educación Ciencia y Ecología (EDUCEC); Fundación Greenpeace Pacífico Sur; de Promas, todas estas últimas personas domiciliadas en Camino a Chinquihue s/n Puerto Montt, recurren de protección en contra dé la comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, presidida por Rabindranath Quinteros Lara, Intendente de la Décima Región y compuesta por Raúl Arteaga Montesinos, Director de la Corema Xa. Región; Jorge Vives Dibarrart, Gobernador de Valdivia; Julian Goñi Melías, Gobernador de Osorno; Jaime Moraga Carrasco, Gobernador de Chibé; José Miguel Fritis Gobernador de Palena; Enrique Villalobos A. Seremi de Economía (5); Miguel Silva Rodríguez, Seremi de Obras Públicas; Enrique Villalobos Aracena, Seremi de Agricultura; Miguel González Castro, Seremi de Bienes Nacionales; Raúl Koch Barbacelata, Seremi de Salud; Patricio Jiménez Ovalle, Seremi MINVU (5); Fidel Espinoza Sandoval, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones; Pascual Dazarola Metzger, Seremi de Educación; Ivan Neira Navarrete, Seremi de Planificación y Coordinación; Ricardo Lagono Cruces; Christof Weber Schilling; Ricardo Villanueva Casanova; Ignacio Molina Benitez, Consejeros Regionales, por su acuerdo del día viernes 22 de enero de 1999, relativo a la resolución de Calificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Cascada Chile", materializado mediante Resolución Exenta Nro. 25 dictada con fecha 28 de enero de 1999, por el Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente Xa. Región Rabindranath Quinteros Lara,
dentista, Intendente de la Décima Región, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Décima Región Nro. 480, Piso 3, de Puerto Montt, por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que han afectado sus garantías consagradas en los Nros. 8 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y su derecho de propiedad. Antecedentes presentados por el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada Chile de la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. respecto a la explotación del Bosque Nativo de la Xa. Región. El Proyecto Cascada Chile planea elaborar 600 millones de pies cuadrados de paneles de madera nativa al año y también astillas de un máximo de 33% de la madera que reciba, siendo el plazo del proyecto de veinte años, mediante la construcción de una planta procesadora en un terreno de 177 hectáreas, en la bahía Ilque, veinte kilómetros al Sur de Puerto Montt. La Compañía Industrial Puerto Montt no posee bosques propios y la madera será adquirida de terceros, traída por tierra o vía marítima en barcazas, para lo cual pretende habilitar un puerto.
Los propietarios del proyecto declaran que sólo adquirirán madera proveniente de bosques con plan de manejo aprobado por CONAF y que exigirán a los proveedores, el cumplimiento irrestricto de todas las disposiciones legales vigentes y otras que estimaren pertinentes para asegurar la sustentabilidad del recurso forestal. El consumo será de 925.000 metros cúbicos al año de maderas nativas de características pulpable por lo que el consumo total de madera nativa incluyendo este proyecto, ascenderá aproximadamente a 6 millones de metros cúbicos al año. La empresa ha considerado que el crecimiento vegetativo del bosque comercial sin restricción de cosecha es de 9.5 y 12.9 millones de metros cúbicos al año.
La empresa estima una superficie de bosque disponible en la región de 1.710.140 hectáreas considerando aquél que crece bajo mil metros de altitud, bajo sesenta por ciento de pendiente, descontando los bosques achaparrados, los protegidos en el SNASPE y las protecciones a los cursos del agua, sin indicar los parámetros usados para ello. No se indica los tipos forestales que se pretende explotar y su interés se centraría en explotar mayormente los bosques siempreverdes, roble, Raulí, Coigue, ciprés de la Guaiteca y roble, Raulí, Tepa. El proyecto menciona que utilizará más de 10 especies de árboles del bosque siempreverde, y que ello permitirá a los propietarios del bosque nativo cosechar todas las especies.
En cuanto al sector donde se instalará la planta, el Estudio de Impacto Ambiental identifica la presencia de 30 hectáreas de bosque primario, bosque secundario, sector de pradera, un humedal y faja costera. Se identificaron 142 especies de vertebrados terrestres que ocupan estos variados hábitats, que podrían sufrir impacto negativo y se identificaron cuatro especies de aves en categoría vulnerable. La Compañía Industrial desea implementar un área privada de preservación de 100 hectáreas para compensar los impactos negativos del proyecto cuyo objetivo primordial será la preservación de las especies removidas durante la implementación del proyecto, la que se mantendrá durante la fase de operación.
Análisis Ambiental y Legal de la Resolución que aprobó el Proyecto Cascada.
No reúne los requisitos que la ley establece que debe contener un Estudio de Impacto Ambiental, siendo su defecto más grave el carecer de una línea de base, error del cual surgen una serie de contravenciones legales, tal como no identificar los principales efectos negativos sobre los recursos naturales renovables, no poseer las medidas de mitigación necesarias, ausencia de plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes, etc., derivados de una mala focalización ambiental del proyecto por estimar los proponentes que consiste en un "Proyecto Industrial y Portuario", en circunstancias que por sus implicancias en el medio ambiente es, claramente, un "Proyecto Forestal".
Ausencia de Línea de Base.

El artículo 12 de la Ley 19.300 señala en su letra b) que todo Estudio de Impacto Ambiental debe contener: "la línea de base
A su vez, el artículo 20 letra e) define "Línea de Base" como:
"la descripción detallada del área de influencia del proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución". O sea debe indicarse a la autoridad ambiental la situación existente antes de la realización del proyecto, en toda el área donde el influirá.
La ley no ha definido "área de influencia"; este término debe tomarse en su sentido natural y obvio.
Como corolario del análisis de los efectos de un proyecto, se siguen las predicciones y evaluaciones de su impacto ambiental; las medidas de mitigación o reparación; planes de seguimiento, etc. todos los cuales permiten neutralizar los efectos negativos que el proyecto evaluado pueda tener en el medio ambiente. El proyecto en análisis no evalúa el impacto que su actuar producirá sobre el bosque nativo, a pesar de reconocer que es su principal insumo, y deben ser los propietarios forestales proveedores los que efectúen la evaluación de su actividad y cuantifiquen el impacto, no correspondiéndole a la planta hacerlo. Es necesario hacer presente que de acuerdo al articulo 30, letra ml del Reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente, "los proyectos de desarrollo o explotación forestal de bosques nativos ubicados en la Xa. Región, de más de 500 hectáreas anuales deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental. La producción anual necesitará cerca de un millón de toneladas de madera pulpable, lo que significa que requerirá cerca de seis millones de troncos o árboles, lo que, a su vez, equivale a la corta de más de 5.000 hectáreas de bosque nativo al año. Las razones que da la empresa para liberarse de la obligación de efectuar una evaluación de impacto ambiente que su proyecto tendrá sobre el bosque nativo son las siguientes:

1 El Proyecto no es forestal sino industrial.
Proyecto de Dimensiones Industriales, dice el articulo 10 letra m) "Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todas de dimensiones industriales".
Todas estas actividades están en una misma letra, lo que indica que el legislador consideró que ellas tenían o representaban el mismo impacto ambiental. Además se consideró que los suelos frágiles y los terrenos cubiertos de bosque nativo representaban un riesgo ambiental que era necesario considerar con mayor atención. Destaca el hecho que el legislador en este punto no hace distinción entre proyectos industriales o forestales. Para él lo básico es que todos ellos pueden afectar el bosque nativo o los terrenos frágiles o representar una demanda mayor para el recurso forestal. De allí que se incluyan las plantas de celulosa, pasta de papel y papel, así como las plantas astilladoras, las elaboradoras de madera y los aserraderos.
Para establecer un parámetro respecto de la entidad o tamaño que debían tener estos proyectos para ser evaluados ambientalmente se emplearon los términos "todos de dimensiones industriales"; proyectos de "gran volumen que ocuparan mucha madera (historia de la ley). Esta intención del legislador quedó precisada con mayor detalle en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D. S .Nro. 30 de 1997) donde se indica en la letra m) del artículo 30 que: "...se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: ml Proyectos de desarrollo o explotación forestales que abarquen una superficie única o agregada de quinientas hectáreas anuales tratándose de las Regiones VIII a XI."
En la letra m3 del mismo artículo, se indica que, igualmente se entenderá de "Dimensiones Industriales" las "Plantas Astilladoras y Aserraderos" cuyo consumo de madera, como materia prima, sea igual o superior a 25 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora. Por lo tanto, por su volumen de uso del recurso nativo el proyecto Cascada es de "Dimensiones Industriales".
Si se desea evaluar el Impacto Ambiental del proyecto, no basta que la proponente declare que sus proveedores deberán acatar la legalidad vigente. En otras palabras se debe indicar "pormenorizadamente (art. 20 letra i de la Ley 19.300) cuales serán los lugares de donde se extraerá la madera; capacidad legal de poder producirse la corta en esos lugares, pendientes, existencia de protección de recursos, agua, tierra, características de la corta, tasa de regeneración en cada caso específico, etc. No existe en el Estudio de Impacto Ambiental ningún parámetro científico que permita determinar si este uso del recurso causará un deterioro o menoscabo al "Patrimonio Ambiental" y al "Medio Ambiente" en general. Ello porque el Estudio ha sido enfocado a la parte industrial. La letra i) del artículo 20 de la Ley Nro. 19.300 que define "Estudio de Impacto Ambiental", obliga al proponente a proporcionar a las autoridades ambientales: "antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos". Esta norma es complementaria de la establecida en la letra c) del artículo 12 de la misma ley.
Al aceptar CONAMA que es un proyecto "industrial" libera al proponente del análisis de estos efectos.
B) La segunda razón que da la Proponente para no evaluar el impacto de su Proyecto sobre el bosque nativo es que no posee bosques propios, razón por la cual adquirirá maderas de terceros.
Ni la ley ni el Reglamento distinguen en el hecho de que la explotación sea hecha directamente por la empresa que propone el proyecto o por terceros que las provean. Para ella basta que se tengan que cortar, en el caso de la Xa. Región, más de 500 hectáreas al año.
En muchos de los proyectos industriales que se indican en la letra m) del articulo 10 de la ley, normalmente adquieren madera de terceros, como es el caso de las industrias de celulosa, de papel, elaboradoras de madera. Y ello es de toda lógica porque lo que se evalúa es el impacto del proyecto o actividad sobre el medio ambiente, cuya conservación tiene por objeto asegurar su permanencia y capacidad de regeneración y si no está disponible el recurso forestal, es decir, si éste es menor del calculado se producirá un fenómeno perverso que no se puede ignorar, habrá una demanda del recurso forestal que no podrá ser satisfecha legalmente, lo que se traducirá en una explotación irracional y un incentivo para la corta clandestina.
Lo que se evalúa no es la explotación de un recurso propio, sino el impacto que el proyecto tendrá en el medio ambiente, sea este de su propiedad o no (artículo 10 de la Ley 19.300).
El articulo 60 del Reglamento establece que "A evaluar los efectos adversos significativos" se considerará:
"k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida objeto de y/o explotada.
"1) la forma de intervención y/o explotación de la vegetación nativa.
"m) la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categorías de conservación: . . insuficientemente conocidas (principio de prevención).
"p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración Se quiera o no, éste es un proyecto forestal industrial dado que el principal insumo declarado es el bosque nativo y aunque se considerara que sólo es un proyecto industrial, nadie puede negar su impacto sobre el bosque, el que no puede ser trasladado a los proveedores, por cuanto el causante directo de intervención es Cascada. Pero la empresa para escabullir su responsabilidad insiste en que no es un proyecto forestal. Así ha sostenido en la página 6 del Addendum III: "En el contexto anterior, y como ya se ha señalado, si bien el proyecto cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue sometido a evaluación no es un proyecto de explotación forestal; pero dado que proponente señala que el lugar donde extraerá los recursos necesarios para hacer funcionar su planta es la Xa. Región, es a él que le corresponde demostrar que esos recursos no existen. No basta decir que de acuerdo con el Catastro de CONAF ellos están, se debe demostrar pormenorizadamente que ello es así. El artículo 12 letra c) de la Ley 19.300 así lo señala al decir que el Estudio de Impacto Ambiental deberá considerar: una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental y lo que el artículo 11 requiere justificar en un Estudio de Impacto Ambiental es señalar los: efectos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire.
C) La tercera razón que da el proponente para no evaluar el impacto de su proyecto en el bosque nativo dice relación con su compromiso de comprar sólo maderas que provengan de bosques que tengan aprobados Planes de manejo por Parte de CONAF.
Las aprobaciones de los planes de manejo que efectúa CONAF no toman en cuenta el impacto de la explotación maderera sobre la diversidad biológica. Es sólo una aprobación a una buena práctica maderera sobre la diversidad biológica, que tiende a que este recurso se mantenga.
Los planes de manejo se aprueban "sin sumarse", máxime si se trata de distintos dueños. De tal suerte que diez planes de corta de cien hectáreas cada uno, que suman mil hectáreas, se evalúan separadamente. Y esto está bien, pues lo que se persigue es algo distinto de la evaluación ambiental, porque si ocurriera lo último se produciría una duplicidad de funciones que por el principio de la "Ventanilla Unica", repugna al espíritu de la ley de Bases del Medio Ambiente. Aprobado un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración ningún organismo del Estado puede negar las autorizaciones ambientales pertinentes. Por lo contrario, si la resolución es desfavorable, esas autoridades quedan obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, aunque se satisfagan los demás requisitos legales (inciso 20 artículo 24 de la Ley Nro. 19.300)
Cuando se tala el bosque, el primer impacto importante en una región lluviosa como la X y XI regiones, es la gran erosión que se produce.
Por otro lado, las normas de los artículos 11 y 12 de la Ley Nro. 19.300 están en íntima relación con el articulo 41, que perentoriamente señala que: "El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos..."
La ley exige que el Estudio de Impacto Ambiental analizado sea impacto real sobre el bosque nativo,.
Otro requisito importante que la ley exige y que ha sido omitido tanto en el Estudio de Impacto Ambiental" como en la Resolución aprobatoria del mismo, es la obligación que establece el artículo 42 de la Ley 19.300 de que dentro de toda Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, el proponente debe presentar a la autoridad un "Plan de Manejo" de los recursos naturales existentes dentro del área de influencia del proyecto. Este Plan de Manejo" no debe confundirse con los Planes de Manejos específicos que en cada caso las diferentes leyes requieren, como por ejemplo, el D.L. Nro. 701 de 1974.
El del artículo 42 es un plan general, centrado en la forma como las consideraciones ambientales que allí se indican (conservación de

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los caudales de agua, suelo, valor paisajístico, protección de las especies en peligro de extinción, etc.) serán consideradas dentro del proyecto.
Si bien la exigencia de un Plan de Manejo en los términos indicados no es aplicable a las actividades respecto de las cuales ya se hubiere aprobado un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, le es plenamente aplicable a los proyectos que todavía no la tienen.
No obstante lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental presentado nada ha dicho en concreto respecto de las medidas tendientes a la conservación del recurso. Le endilga esta obligación a sus proveedores, no obstante que el impacto más significativo del proyecto es sobre el bosque nativo y es la propia CONAF en su informe a CONAMA, de fecha 24 de julio de 1998, dice textualmente: es el Proyecto Cascada Chile quien debe incluir en su estudio el recurso forestal toda vez que es una materia prima y por ser además, un elemento del medio ambiente que recibirá su potencial impacto. De la misma forma, el Servicio Nacional de Turismo informó a CONAMA que el Estudio de Impacto Ambiental de Cascada Chile "...no permite inferir la sustentabilidad del recurso "bosque nativo" por lo que solicita anexar zona de influencia de abastecimiento en la Región de Los Lagos; especificación del producto: especies, dimensiones, sanidad y forma.
Fuera de las innumerables referencias que hace la ley de Bases del Medio Ambiente a la obligación de mantener la biodiversidad y el patrimonio ambiental de la Nación, Chile ha suscrito y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (D.S. Nro. 1963 de 1994, de RR.EE.) el cual obliga en su artículo 14 letra a) a los Estados que la suscriban a establecer: . . "procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos, que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos;".

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Debe recalcarse que por el "Tratado sobre interpretación y cumplimiento de los tratados", las normas de éstos priman sobre la legislación interna.
Expresan que en Chile hay un total de 114 especies de árboles, arbustos y plantas con problemas de conservación y no se incluyen todas las especies debido al gran desconocimiento existente de otros grupos como los musgos y líquenes.
Se refieren a especies de fauna, peces y anfibios que se presentan amenazados por la destrucción y degradación del bosque nativo, cambios de microambientes dentro del bosque.
Señalan especies arbustivas y arbóreas con problemas de conservación y otras, como ser el alerce, la araucaria y el ciprés de la Guaitecas que están protegidas por la Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas y las dos primeras han sido designados como Monumentos Naturales, con lo cual su corta se encuentra prohibida, y que serán impactadas por la sustitución de bosques nativos por plantaciones.
Añaden, que según el profesor Juan Armestro, la realización del proyecto afectará gravemente la diversidad biológica de los bosques nativos a través de una reducción sustancial de su superficie, generando -impactos negativos sobre los ciclos hidrológicos y de nutrientes en una extensión de más de 100.000 hectáreas de la Xa. Región en un plazo de 10 - 20 años, impactos que no han sido considerados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, lo que se traducirá en un cambio de paisaje.
En consecuencia, un cambio masivo en la cobertura forestal tendrá efectos importantes sobre la diversidad biológica, traducidos en una disminución de poblaciones de plantas y animales, pérdidas de variabilidad genética y extinción local de especies silvestres (Willson et al. 1994 Bustamante Grez 1995), afectará también de manera compleja y con efectos de largo plazo, las funciones y servicios (abastecimiento de

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agua potable, pesca, estética del paisaje, diversidad de productos forestales, etc.)
La presencia de géneros endémicos y monotipos le confiere un altísimo valor a las especies vegetales presentes en los bosques de la Xa. Región.
También en la fauna existe un alto grado de endemismo.
Cabe destacar que los bosques templados lluviosos de la Xa.
Región representan uno de los ecosistemas más escasos del mundo. El
0.90/0 de todos los bosques a nivel mundial corresponden a este tipo
(Armesto).
D) La última razón que da la empresa para no tener que evaluar el impacto de su proyecto sobre el bosque nativo dice relación con su "compromiso" de asesorar a sus proveedores para que realicen un buen manejo del bosque nativo.
Acciones carentes de toda relación con la magnitud del impacto que se producirá sobre el recurso natural.
COREMA indica que la proponente ha respondido señalando en la página 186 del Addendum 1. lo siguiente: Tal como se ha referido, las respuestas a las observaciones formulabas por CONAF, contenidas en el Nro. 8 relativas al Consolidado Informes Sectoriales del Addendum 1. el Proyecto Cascada Chile no se ha desentendido del impacto que tendrá sobre el bosque nativo de la Xa. Región. Lo ha efectuado en el contexto de un proyecto de carácter industrial, de acuerdo a las exigencias que establece la Ley sobre Bases del Medio Ambiente y su Reglamento."
No obstante en el Addendum II admite que, si bien ... "el proyecto cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue sometido a evaluación, no es un proyecto de explotación forestal, utiliza este recurso como materia prima la que será suministrada por propietarios de bosques en la Xa. Región".
En otras palabras, la autoridad y el proponente han confundido la propiedad de los insumos con el impacto ambiental que el consumo de madera nativa tendrá sobre el bosque nativo.

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Por ello CONAMA dice que la empresa "...ha optado voluntariamente por ir más allá de los requerimientos de la ley y ha propuesto en el Addendum II, acciones para contribuir con la sostenibilidad del recurso..." que son las siguientes:
1.- Colaboración con CONAF: le proporcionará a este organismo la información de guías de libre tránsito, lo que indica que la madera proviene de un predio con Plan de Manejo aprobado.
2.- Terrenos fiscales: el Ministerio de Bienes Nacionales espera tener para fin del presente año un catastro de las propiedades fiscales, antes de que comience a operar el proyecto, información respecto de la cual, el citado Ministerio no tiene claridad en la actualidad.
3.- Capacitación y asistencia técnica: especialmente enfocada a pequeños y medianos propietarios. Asistencia técnica respecto de la importancia de los bosques nativos y la ventajas de su manejo tanto para el recurso como para mejorar las condiciones económicas de los propietarios.
El proponente contará dentro de su organización con un departamento de asistencia técnica y capacitación que desarrollará actividades tales como: capacitación en terreno con los propietarios y asociaciones; distribución de folletos o manuales y programas radiales referentes a cosecha; estratificación y germinación de semillas; crecimiento de plántulas y plantaciones; desarrollar en conjunto con la Universidad (Austral) un folleto didáctico que describa usos de distintos sistemas silviculturales.
4.- Banco de Semillas: mantener un banco de semillas y/o plantas madre en cantidad suficiente para abastecer a valor de costo los viveros, con la finalidad de reforestar aquellas áreas donde se requiera de acuerdo a los planes de manejo respectivos.
5.- Vivero: La Empresa establecerá un vivero de un millón de plantas nativas, las cuales serán distribuidas al costo a aquellos pequeños propietarios que sean proveedores de la planta industrial.

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6.- Programa de entrenamiento: Entregar al menos una vez al año un programa de entrenamiento para contratistas de cosecha que los mantenga informados respecto del cumplimiento de las normas medio ambientales y de las técnicas adecuadas de cosecha.
7.- Difusión de técnicas de manejo: de plantas y plantación para asegurar su sobrevivencia y desarrollo exitoso, a los proveedores dueños de bosques.
8.- Coordinación de faenas: Coordinar la preparación de los sitios, la plantación y raleo con pequeños propietarios para aumentar su eficiencia y efectividad.
9.- Registro de contratistas: mantener un registro de contratistas confiables y contratos estándar a disposición de los pequeños propietarios en forma gratuita.
Se proporcionarán a CONAF todos los análisis estadísticos que no contengan resultados considerados por la empresa como críticos para su gestión.
Estiman los recurrentes que estas medidas no contribuyen realmente a la manutención del recurso.
Cuando ocurre la fiscalización de CONAF, más del 60% de las violaciones a la ley no son penalizadas y el resto recibe multas o sanciones mínimas, lo que demuestra una seria debilidad en el control de la legislación forestal, lo que deja a los bosques nativos de Chile en casi total estado de indefensión legal, siendo la infracción más común a la ley forestal la corta de bosque sin plan de manejo.
En el "estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada" no hay antecedentes serios y científicos que nos indiquen cuanta madera se puede extraer del bosque nativo sin comprometer la existencia del recurso y la biodiversidad asociada al bosque nativo; conscientemente no se lo quiso evaluar.
Uno de los problemas más graves del bosque nativo es la escasa fecundicidad de sus semillas; a la vez que no se ve posible que si se está efectuando corta de un bosque mixto sea posible recrear ese

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mismo ambiente, cayendo así en el monocultivo de algunas especies, destruyéndose la biodiversidad asociada a ese recurso renovable.
La razón por la cual el Proyecto Cascada debió considerar su impacto en el bosque nativo.
El Catastro de Bosque Nativo (CONAF, CONAMA, BIRF 1997) señala sólo la cantidad potencial de bosque maderable, por cuanto se efectuó sobre la base de la fotometría, la cual no indica que hay debajo del bosque, lo que es importante por cuanto las limitantes para la explotación están determinadas por las variables geográficas, como por ejemplo, la inclinación de las laderas, la cercanía a cursos de agua, la fragilidad de los suelos, etc.
Para un proyecto de grandes dimensiones debe exigirse una base de datos confiables y de la mayor rigurosidad científica, que fundamenten tanto la producción de madera como los efectos de la intervención sobre la capacidad regenerativa y funciones del bosque (Armestro).
Los valores de tasas de crecimiento citados (5,5 a 7,5 m3/año) carecen de estadísticas. Tampoco se indican para las estimaciones presentadas, las condiciones específicas del sitio en que se realizaron las mediciones con respecto al tipo y edad del bosque, densidad del rodal, tipo de suelo, pendientes, altitud, etc., variables que determinan diferencias importantes en tasas de crecimiento de los árboles.
Bosque comercial:
La superficie de Xa. Región se estima en 1,7 millones de hectáreas. Estimación que resulta después de sustraer las superficies de bosques protegidos en el SNASPE y los bosques de protección de riberas, zonas de alta pendiente y altitud del total de bosques nativos de la región estimadas por el reciente catastro realizado por CONAF.
En la definición de bosque comercial se incluyen todos los bosques en suelos de alta productividad y altitud menor de mil metros. Esta concepción supone el error de que las áreas que constituyen el

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SNASPE son suficientes para proteger la biodiversidad y la integridad del paisaje regional. La conservación de la diversidad biológica en las zonas de mayor productividad, que son también las áreas más ricas en especies, es insuficiente y representa menos de 1% del área regional de bosques.
Mas importante aún, la efectividad del SNASPE en la Región depende en gran medida del manejo ecológicamente consciente de las áreas más extensas ubicadas fuera de los Parques y Reservas y su manejo influye directamente en la sustentabilidad de la diversidad biológicas en las áreas protegidas contiguas.
Características específicas de los Bosques de la Xa. Región.
Superficie y Estructura.
Según cifras del Catastro de Bosque Nativo (CONAF, CONAMA, BIRF 1997) la Xa. Región tendría 3.610.228 hectáreas de bosque nativo, que corresponde a un 53.96% de la superficie regional, lo que concentra el 26.9% de todos los bosques de Chile. La mayor superficie corresponde a bosque siempreverde (53.8%) seguido de la Lenga (15.9%); Coigue-Rauli-Tepa 8.3%; Roble-Reulle-Coigue (7.8%), Alerce (7.3%) Coigue de Magallanes, Ciprés de la Guaiteca, Ciprés de la Cordillera, Araucaria y Esclorófico, cada uno de estos tipos forestales va asociado con una gran cantidad de especies arbóreas.
Una característica importante de los bosques nativos de la Xa. Región, se refiere a su gran dependencia ecológica de insectos, aves y mamíferos nativos, esenciales para los procesos de polinización y dispersión de semillas.
La mantención de los procesos ecológicos del bosque es absolutamente necesario preservar la fauna.
Según Armesto y Smith Ramírez el bosque nativo no es un recurso renovable ya que su composición de especies, genotipos e interacciones entre especies son el producto de una historia evolutiva que no puede repetirse. Agregan que sólo usando técnicas adecuadas de

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cosecha y manejo posterior, algunas especies de bosques pueden proveer bienes o servicios para el hombre por un período indefinido.
Según los experto, sólo se manejan en Chile con técnicas adecuadas 2.700 a 5000 hectáreas de bosque nativo, lo que constituye sólo un 5% del bosque bajo intervención y el 95% restante se encuentra sujeto a continua degradación por floreo.
Podría decirse que la Xa. Región estaba casi completamente cubierta por bosques hasta el año 1800 más o menos y actualmente posee sólo 50% de la superficie original, proceso que se ha acelerado con la construcción de carretera austral y las exportaciones de astillas.
Según las cifras del Catastro Nativo ya mencionado se ha encontrado que el 52% de los bosques de la Xa. Región ya se encuentran intervenidos a floreo y el proceso de deterioro y destrucción se ha expandido considerablemente, cuyo dominio se encuentran mayormente en manos de pequeños propietarios, cuya explotación según recomienda el estudio es a tala rasa para aprovechar el total de su biomasa, pues concluye que ningún proyecto podría prosperar si sólo se permite extraer 35% del área basal por hectárea, lo que no es suficiente para sustentar una industria de pulpa y papel o de tableros, debido al reducido volumen disponible para amortizar el alto costo de la industria.
De tal suerte, no evaluar el impacto que un proyecto de la magnitud del comentado representa para el bosque nativo y la biodiversidad asociada a él, es poner en serio riesgo la sustentabilidad del recurso, no constituye un uso y aprovechamiento racional del él y atenta contra el patrimonio ambiental que pertenece a la Nación toda y, por ende, a todos y cada uno de los recurrentes. Derecho de uso y goce que está garantizado en el Nro. 24 del artículo 19 de la Constitución. Por otro lado, la autoridad recurrida al no exigir esta evaluación, ha vulnerado el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, establecido en el Nro. 8 del mismo texto constitucional citado. Este acto es ilegal porque va contra el texto expreso de la ley, tal como se ha demostrado. Además, es arbitrario porque por un mero capricho, sin que exista

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fundamento científico alguno, ha permitido que un proyecto de esta magnitud se realice, poniendo en grave riesgo el patrimonio ambiental.
Agregan que el carácter social de la garantía individual que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que el medio ambiente y el patrimonio ambiental no sólo pertenecen a las generaciones presentes sino también a las futuras.
No obstante, la empresa proponente ha olvidado señalar que el derecho a desarrollar su actividad económica debe respetar la legalidad vigente.
Por las razones dadas, se ha demostrado que el "Estudio de Impacto Ambiental" presentado para el Proyecto Cascada carece de los elementos que señala la Ley Nro. 19.300 y su Reglamento, es especial no posee la "Línea de Base" necesaria para que la autoridad haya podido realmente evaluar el impacto que el producirá en el Medio Ambiente y en el Patrimonio Ambiental, así como las medidas de mitigación y seguimiento.
No obstante lo dicho precedentemente, el Proyecto Cascada ha sido aprobado vulnerándose, de esta forma, las garantías constitucionales de los recurrente, ya invocadas.
Atendido lo anterior, procede que se acoja el presente recurso de protección e invalide o deje sin efecto la aprobación ambiental otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Xa. Región, en su acuerdo de fecha 22 de enero de 1999 y en la Resolución que lo materializó, esto es, Nro. 25 de fecha 28 de enero del mismo año, de su Presidente, o que, en subsidio, acuerde y disponga las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a los recurrentes por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que han afectado las garantías consagradas en los Nros. 8 y 24 de la Constitución Política de la República.
Por el segundo otrosí acompaña copia de documentos de fojas 66 a 76.

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A fojas 158 Mónica Lucy Carrasco Casanova señala que no ha autorizado su inclusión como recurrente en el recurso que precede.
De fojas 166 a 167 Raimundo Pérez de Arce Larenas se hace parte en el Recurso de Protección Rol Nro. 2.249.
De fojas 169 a 210 Rabindranath Quinteros Lara, Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiental informa Recurso de Protección Rol Nro. 2.246, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
1.- Antecedente.
La Corema Xa. Región de Los Lagos, con fecha 28 de enero de 1999, dictó la resolución exenta Nro. 25, que en su parte resolutiva: 1) calificó favorablemente el Proyecto Cascada Chile de la Compañía Industrial Puerto Montt, condicionándolo al cumplimiento de ciertos requisitos, condiciones y exigencias; 2) certifica que el mismo proyecto cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, con la normativa de carácter ambiental; etc. Y 3) que asimismo respecto de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, se ha establecido medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas.
El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una planta industrial para la elaboración de paneles estructurales OSB, una planta astilladora y un puerto para embarcaciones de gran calado, losa para operación de barcazas e instalaciones anexas.
El proceso industrial requerirá un volumen máximo de 925.000 metros cúbicos de madera al año, la que será suministrada fundamentalmente por terceros y en menor grado por empresas relacionadas.
El proceso industrial se localizará en la comuna de Puerto Montt, particularmente en la bahía de Ilque, a unos 20 kilómetros al SurOeste de la ciudad de Puerto Montt. El complejo ocupará una superficie de 177 hectáreas, de las cuales 80 hectáreas serán utilizadas para la instalación de una planta OSB, una. planta astilladora, vías de acceso, red

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de drenaje, canchas de acopio y áreas de operación del puerto, que contaría inicialmente con un sitio de 170 metros de largo para embarcaciones de hasta 15 metros de calado
Donde principalmente se dirige el recurso promovido en autos, dice relación con lo descrito en el Nro. 4.5.2. materia prima e Insumos, que dice a la letra: "La principal materia prima la constituye la madera, cuya demanda será de 925.000 metros cúbicos anuales para la fabricación de 600 millones de pies cuadrados de paneles de 3/8 pulgadas de espesor, y 120.000 toneladas secas de astillas.
Se consumirán aproximadamente 53.000 litros diarios de resma de formaldehído fonólico con un 75% en base sólida y 13.000 diarios de cera emulsionada con un 63% en base sólida, luego en subtítulos aparte, se hace referencia a los requerimientos de agua, al abastecimiento de combustible y energía, emisiones sonoras, generación de residuos sólidos, manejo y disposición final de residuos sólidos, generación de efluentes líquidos, operación de puerto, finalmente se hace la descripción de la etapa de abandono.
II.- Enunciación de los aspectos fundamentales del Recurso interpuesto.
1.- Derechos supuestamente conculcados:
derecho a la vida; Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la igualdad ante la ley, en su aspecto de la igualdad que deben observar las autoridades a todas las personas.
2.- Ilegalidad o arbitrariedad de la resolución recurrida:
2.1 Arbitrariedad: la contraria señala que la resolución es arbitraria, en atención a lo siguiente:
a) supuestamente el Intendente Regional habría emitido un pronunciamiento favorable a la aprobación del proyecto antes que se resolviera.
b) La resolución sería contradictoria, fundado en que por una parte se señala que al proyecto no le son aplicables las normas de

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calidad y emisión vigentes en la Confederación Suiza, no obstante se utilizan para evaluar el proyecto.
c) El estudio de Impacto Ambiental omite efectuar una evaluación de los efectos significativamente adversos que sufrirá el bosque nativo y la biodiversidad de la Décima Región; no obstante lo anterior exige una tabla de cumplimiento de ciertas especificaciones que más adelante se detallan.
2.2 Ilegalidad de la resolución recurrida. De la misma manera la recurrente ha señalado las siguientes infracciones legales.
a) Viola principios establecidos en su mensaje, tales como la materialización que haría la ley del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la creación de una institucionalidad que permita a nivel nacional solucionar los problemas ambientales existentes y la creación de los instrumentos para una eficiente gestión del problema ambiental.
b) La calificación de los Estudios de Impacto Ambiental no puede estar sujeta a condición, exigencia o requisito alguno por expreso mandato legal.
3.- Otras afirmaciones hechas por la recurrente en su libelo.
1.- señala la recurrente que le proyecto Cascada Chile generará diversos impactos ambientales, que los ordena en efectos sobre el bosque nativo y la biodiversidad de la Xa. Región, la atmósfera, el medio acuático especialmente el marino y sobre otros elementos.
2.- El estudio sometido a calificación trataría del impacto que generará el proyecto en el recurso forestal en sólo tres páginas.
3.- Las omisiones fundamentales que advierten los recurrentes al Estudio de Impacto Ambiental son: área de influencia que requerirá el proyecto, descripción de los Upos forestales en el área y pérdida de la biodiversidad asociada a los ecosistemas y bosques que serán talados. Luego agregan que no existen estudios concluyentes sobre el bosque llamado siempreverde, señalan además que la presión sobre el

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bosque nativo se incrementará sustancialmente en alrededor de un 43,70/o.

4.- Se señala que la COREMA no exigió ninguna medida de reparación, mitigación o compensación respecto de determinados contaminantes que generará el proyecto, lo que afectaría negativamente el medio ambiente de la bahía de Ilque.
5.- Señala también que se impactaría el medio acuático, fundamentalmente a través del vertido de RILES; es insuficiente el plan de monitoreo a exigirse con posterioridad a la ejecución del proyecto, debiendo contemplarse el ruido generado por la planta y que afectaría a poblaciones de peces.
6.- No se contemplaría en el manejo y transporte de sustancias tóxicas y peligrosas así como la disposición de residuos sólidos, el control de la contaminación acústica y la destrucción del paisaje.
7.- Afirman también que no se habrían considerado ciertos parámetros que la recurrente estima esenciales, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental debió rechazarse.
8.- La línea de base es incompleta.
9.- Las opiniones de los demás órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental son vinculantes, dirimentes y obligatorias para la COREMA, cuando el organismo o servicio sectorial actúa dentro de su competencia y serían desfavorables al proyecto.
10.- En el capítulo de la participación ciudadana no se habrían ponderado las observadores de la ciudadanía.
11.- Sesión en Valdivia, se solicita se declare la nulidad por cuanto se habría sesionado en un lugar distinto al asiento de la COREMA.
III.- El Recurrente efectúa una errónea descripción del proyecto y por lo mismo arriba a erróneas consecuencias jurídicas.
El proyecto consiste en la construcción de una industria para la elaboración de paneles y una planta de astillas.

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El titular del proyecto ha definido a la Xa. Región como área de abastecimiento de la Planta de Paneles OSB, no siendo propietario de los predios o bosques ubicados en esa área ni tampoco ha sometido a Estudio de Impacto Ambiental un proyecto de explotación forestal sino de carácter industrial.
Consecuencia jurídica fundamental: cada propietario del o los bosques de donde se obtenga la materia prima para el funcionamiento de la planta deberá en conformidad con la legislación forestal y del Medio Ambiente, en su caso, obtener un plan de manejo aprobado por la autoridad y presentar si corresponde en atención a la extensión de los recursos a explotar su propio estudio o declaración de impacto ambiental.
El proponente ha presentado los estudios correspondientes sobre el recurso, en términos que la demanda que agregará a este nuevo proyecto no pone en riesgo la sustentabilidad del recurso. Al respecto en el Addendum I se entregó la información sobre el recurso forestal nativo disponible, el crecimiento que éste tiene y el consumo de madera existente, lo que fue complementado y analizado en el Addendum II.
Se ha ido incluso más allá de los requerimiento de la Ley y se han propuesto en el Addendum II acciones para contribuir con la sostenibilidad del recurso, las que se apoyarán o serán en si mismas medidas de mitigación, a saber:
- Capacitaciones y asistencia técnica.
Colaboración con CONAF.
- Instalación de canchas remotas o satélites
- Convenio con Universidad Austral
- Colaborar en la confección de Planes de Manejo
- Compromiso de proveedores
- Banco de semillas
- Vivero
- Programa de entrenamiento
- Difusión de técnicas de manejo
- Coordinación d~ faepas

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- Registro de contratistas
- Control de peso
IV.- El Recurso interpuesto no satisface los extremos de la acción de Protección que no se divisa una acción arbitraria o ilegal.
1.- Sobre las alegaciones que fundamentan la arbitrariedad.
Las normas de la confederación Suiza a que se hace referencia en el respectivo Reglamento son normas que sirven para evaluar en ausencia de una norma de calidad o de emisión vigente, la pertinencia a presentar un estudio o Declaración de Impacto Ambiental conforme a las letra a y b del artículo 11 de la Ley 19.300. de tal manera que no constituyen una norma jurídica que pueda aplicarse en el país como una ley o un Decreto; no obstante contiene parámetros técnicos a los que ha permitido arribar el conocimiento científico en los países más desarrollados, por ello pueden aplicarse y en tal caso los parámetros serán obligatorios para el titular del proyecto en tanto la misma resolución de calificación ambiental los haga suyos, de manera que no es contradictorio que por una parte se afirme que no son obligatorias para el proponente, empresa que presenta el proyecto y por otra parte se utilicen como parámetros técnicos para evaluar el proyecto.
Por otro lado, que los diferentes ductos deben considerarse como una sola fuente emisora del recurso carece de asidero. Aún cuando se aplicare la norma de referencia Suiza como si fuere una norma jurídica vigente en Chile, tampoco hay infracción a ella, toda vez que la norma está establecida en relación a la concentradón y en tales casos es irrelevante considerar las fuentes como si fueren una sola, toda vez que la concentración siempre será la misma.
Se mencionan hechos supuestos que fundamentaron el recurso de protección Nro. De rol 2.033 llevado a esta misma Corte de Apelaciones y recientemente fallado. La pretensión envuelta en dichas afirmaciones es absolutamente extemporánea.

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Finalmente en cuanto a la no-evaluación de los impactos significativamente adversos que sufrirá el bosque nativo y la biodiversidad de la Décima Región, según los recurrentes debe elaborar un programa de trabajo denominado "Acciones para contribuir a la sustentabilidad del Bosque, se remiten a señalar que éstos conceptualizan mal, describen mal el proyecto y por lo mismo efectúan un razonamiento incorrecto, especialmente cuando se refieren a la Línea de Base.
2. - En cuanto a la ilegalidad de la resolución.
Se plantea una vulneración de ciertos principios enunciados en el mensaje de la ley, al respecto es útil señalar que no se puede colegir una infracción de ley a partir de la enunciación de principios y de la hipotética infracción de éstos.
Respecto a las exigencias y condiciones que contempla la Resolución dejando de ser pura y simple, señala que la ley permite tal posibilidad y ello es parte de nuestra institucionalidad ambiental. En su afán de justificar su pretensión, la contraria confunde ex profeso la naturaleza jurídica de un acto jurídico complejo que es tal por llevar envueltas una resolución y un certificado que conforman un solo acto administrativo único e indivisible, el fundamento de esta solicitud no es sino una interpretación semántica, errónea y acomodaticia a los intereses del recurrente. El carácter complejo de la resolución no es sino la materialización de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley 19.300.
3.- De las restantes afirmaciones de la Recurrente es atinente destacar lo siguiente:
a.- En cuanto a que el impacto sobre el Recurso Forestal estaría tratado en sólo tres páginas el recurrido señala que el estudio aborda esta materia desde el punto de vista de un proyecto de carácter industrial y no forestal. Esta materia se abordó en los Addendum 1 y II.
Por otro lado el Estudio de Impacto Ambiental no tiene omisiones que lo hagan ilegal o arbitrario y en cuanto al estudio del bosque siempreverde también lo contempla.

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Los antecedentes sobre cuya base se resolvió y que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental y en la misma resolución de calificación ambiental son adecuados y suficientes.
La aseveración de que no se habrían contemplado medidas de mitigación, reparación o compensación para asegurar la sustentabilidad ambiental del proyecto han sido contempladas en la resolución de calificación ambiental y, además, se han establecido las condiciones y exigencias pertinentes para tal efecto.
En cuanto al impacto sobre el medio acuático, manejo y disposición de sustancias tóxicas y disposición de residuos sólidos, señala que las medidas que se indican en la resolución de calificación ambiental son suficientes.
En cuanto a la omisión de ciertos parámetros podemos señalar que todos los que esta comisión ha considerado adecuados para efectuar la calificación están contemplados.
En cuanto a la línea de base insuficiente reiteramos que la recurrente no conceptualiza adecuadamente la línea de base, ya que parte del concepto falso de que se trata de un proyecto forestal.
Es absolutamente inexacto que las opiniones de los demás órganos de la administración del Estado con competencia ambiental sería vinculantes para la COREMA, ya que de aceptarse esta posición estaríamos frente a un mero buzón que recopila antecedentes sin ninguna competencia para ponderarlos y analizarlos. Tales informes serán vinculantes sólo en cuanto se funden a una norma jurídica expresa y específica.
Por lo demás, las citas de informes que hace la recurrente corresponde a los emitidos respecto al sólo Estudio de Impacto Ambiental siendo que, con posterioridad, se emitieron nuevos informes sobre los Addendas presentados y se efectuaron las visaciones al informe técnico respectivo.
En lo que respecta a la falta de ponderación de las observaciones ciudadanas es inexacto ya que los antecedentes

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proporcionados por las diversas personas que participaron en el proyecto fueron ponderados en la misma resolución y sobre la base de antecedentes técnicos. En el caso que las ponderaciones se fundan en antecedentes proporcionados por la empresa titular del proyecto simplemente la COREMA los hizo suyos por corresponder a antecedentes plenamente aplicables al caso.
Por otro lado, las personas u organizaciones que no consideraron adecuadamente ponderadas sus observaciones pudieron haber hecho uso del recurso especial de reclamación que considera el artículo 29 de la Ley 19.300. De hecho actualmente se encuentran admitidos a tramitación dos recursos en tal sentido por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Se solicita declarar la nulidad de la Resolución en atención a que el acuerdo se habría adoptado en Valdivia y la Resolución se había suscrito en Puerto Montt. Los hechos invocados y que fundan esta alegación carecen de toda relevancia y no cumplen ninguno de los presupuestos de la nulidad de derecho público. Por lo demás, COREMA siendo un órgano desconcentrado territorialmente, puede ejercen sus competencias en todo el territorio de la Región respectiva, no existiendo norma legal alguna que determine un lugar de funcionamiento único.
V. - Facultad para establecer condiciones o exigencias en la Resolución de Calificación Ambiental.
La ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone en su inciso primero "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia".
Dentro de sus normas contempla una serie de instrumentos de gestión ambiental dentro de los cuales el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se sitúa en un lugar relevante, el que está definido como "el procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso que, en. base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes". Este sistema, dado su carácter preventivo, constituye un instrumento esencial para que la autoridad pueda pronunciarse sobre los impactos ambientales que generará un determinado proyecto, tanto en sus etapas de construcción, operación y abandono, determinar las medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas; como para determinar las medidas de fiscalización adecuadas.
Por lo demás, numerosas normas de la ley establecen expresamente la facultad de la Comisión respectiva para establecer condiciones o exigencias al aprobar ambientalmente un determinado proyecto o actividad.
Desde ya, aparece establecida la facultad en el articulo 2, letra g) que define Desarrollo Sustentable como: "el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras"; o en su artículo 50 que dispone expresamente que "las medidas de protección ambiental que, conforme a sus facultades, dispongan ejecutar las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazo o exigencias".
El artículo 20 dispone que "...en contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y en su inciso final reitera que "la resolución que niegue lugar a una Declaración o que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, será notificada a todos los organismos del Estado que sean competentes para resolver sobre la realización del respectivo proyecto o actividad".
Por otra parte, el artículo`25 dispone que "el certificado a que se refiere el artículo anterior, establecerá cuando corresponda, las

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condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad. Y su inciso segundo dice que "si no se reclamare dentro del plazo establecido en el artículo 20 en contra de las condiciones o exigencias contenidas en el certificado señalado precedentemente, se entenderá que éstas han sido aceptadas, quedando su incumplimiento afecto a las sanciones establecidas en el artículo 64 que dispone finalmente que "corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental".
Normativa Reglamentaria.- También diversas normas del Reglamento reiteran la facultad que consagra la Ley 19.300 para establecer condiciones o exigencias para calificar favorablemente un proyecto a actividad. Artículos 2 letra b; 24; 28 letra e); 37 letra c); 38; 43 inciso 2; 44 inciso final; 45 inciso 3; etc.
Importa destacar la norma del artículo 37 letra c) del Reglamento que en forma expresa dispone que la resolución que califique el proyecto o actividad contendrá, a lo menos: la calificación ambiental del proyecto, aprobándolo, rechazándolo o, si la aprobación fuere condicionada, fijándose las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad y aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos ambientales sectoriales..."
Establecimiento de condiciones a un proyecto es una material reglada por la lev. no obstante. condiciones específicas que se imponen en cada caso están enmarcadas en potestades discrecionales.
La ley da el marco regulatorio general, dejando a la discrecionalidad de la administración del establecimiento de las condiciones específicas que permitan, en cada caso particular, asegurar la sustentabilidad ambiental del proyecto o actividad. Tales condiciones caen dentro de las potestades discrecionales de la administración, debido con el volumen de sus tareas, con un alto grado de complejidad no podría

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funcionar si careciera de la flexibilidad necesaria para adoptar la decisión más adecuada en cada caso, ya que la ley por sus propias características formales y sus exigencias de generalidad y abstracción, es incapaz de prever la respuesta que en cada caso requiere la exigencia del interés general. Esta facultad importa como se reconoce unánimemente la necesidad de tomar criterios no estrictamente jurídicos; hay que actuar con criterios técnicos y con ponderación y en atención al interés público a tutelar en cada caso; no puede dudarse que está atribuida tal facultad a la administración que en el caso específico corresponde a los órganos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Se trata de aquellos casos en que la ley ha atribuido un ámbito de decisión a los administradores para obtener un resultado conforme a evaluaciones de naturaleza técnica.
IV. - Informes de los Organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental.-
Es falso que las opiniones de los demás órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental serían vinculantes para la COREMA, ya que de aceptarse esta posición estaríamos frente a un buzón que recopila antecedentes sin ninguna competencia para ponderarlos y analizarlos; serán vinculantes en cuanto se refieran a una norma jurídica expresa y específica en que se funden.
1.- Sobre esta materia tanto la ley como el Reglamento distinguen entre Permisos y Pronunciamiento ambientales.
Sobre dicha base el artículo 24 del D.S. 30/97 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dispone que:
Los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que participarán en la calificación ambiental del proyecto o actividad, serán aquéllos que cuenten con atribuciones en materia de otorgamiento de permisos ambientales sectoriales respecto del proyecto o actividad en particular, la que será facultativa para los demás órganos de la Administración del Estado que posean atribuciones legales asociadas directamente con la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, el uso y manejo de algún recurso natural y/o la fiscalización

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del cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base a las cuales se dictará la resolución de calificación ambiental del proyecto o actividad en particular.
Respecto de estos órganos que no otorguen permisos ambientales sectoriales, ni siquiera es obligatoria, por lo que mal puede estimarse que sus pronunciamientos son vinculantes cuando los emiten.
2.- Los pronunciamientos emitidos durante la evaluación por órganos con competencia para otorgar permisos no son vinculantes para el órgano resolutor.
La ley Nro. 19.300, en principio, no alteró las competencias de los organismos de la Administración en cuanto a su facultad para otorgar o denegar los permisos ambientales sectoriales, pero creó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al que también sometió a dichos organismos a fin de que ejercieran sus potestades en conformidad o lo establecido en el Titulo II párrafo 2 de la Ley y su Reglamento.
En la actualidad, todas las actividades o proyectos que quedan sometidos a Ley 19.300 serán autorizados para su materialización, si en definitiva cuentan con una calificación favorable como conclusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, calificación que es otorgada en forma excluyente por la COREMA o por la Dirección Ejecutiva de CONAMA. Tal calificación constituye un acto administrativo decisorio o de voluntad orgánica, cuando aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, o constituirá un acto administrativo de razonamiento o pronunciamiento en caso de rechazarlo (artículos 9 y 15 a 19 de la Ley 19.300).
Las vinculaciones materias de la presente Ley, como toda vinculación debe ser legal, en otras palabras no existen los actos vinculantes tácitos. Nuestro ordenamiento establece numerosos actos administrativos que son vinculantes para otras autoridades, así para varias actuaciones municipales se requiere de otros permisos, ya sean sanitarios, del Consejo de Monumentos Nacionales, del Seremi de Vivienda, etc.

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En la Ley 19.300 también nos encontramos con tales vinculaciones, pero precisamente en sentido contrario a lo que sostiene la recurrente, la vinculación o fuerza vinculante existe legalmente entre la Resolución Calificatoria y las demás autoridades administrativas (articulo 24). Por ello, ya sea que exista discrepancia entre los organismos de la Administración, en cuanto pudieran emitir un pronunciamiento diferente en contra de la opinión de la CONAMA o COREMA, o viceversa, son sólo éstas últimas las llamadas por la ley a calificar ambientalmente el proyecto o actividad y es su decisión la única vinculante para la administración. (articulo 24).
La Ley establece y pretende que efectivamente participen tales organismos en el SElA bajo los mecanismos previsto por ella -artículos 15 inciso 30 y 18 inciso 40, de modo tal que si ellos se muestran renuentes, se les amplíe el plazo bajo un determinado apercibimiento. La Ley nos indica que la CONAMA o COREMA respectiva no puede pronunciarse sin que los permisos o pronunciamientos se hayan emitido, es decir, sin que hubieran participado los organismos de la administración con competencia para pronunciarse sobre el proyecto, pero no establece ninguna fuerza vinculante entre la calificación final y tales permisos o pronunciamientos, debiendo la autoridad respectiva, CONAMA o COREMA, ponderar, sopesar o analizar la opinión fundada de los organismos y el informe técnico final debe fundamentar la resolución que adopte, la que queda dentro de sus potestades (artículo 80 inciso 20 de la Ley Nro.
19.300).
Si el organismo administrativo niega un permiso por cuanto el proyecto o actividad no cumple con la normativa ambiental y por lo tanto emite un pronunciamiento negativo, la resolución calificatoria debería ser concordante, pero no es por ser vinculante el pronunciamiento negativo, sino en cuanto estamos ante un proyecto o actividad que no cumple con la normativa ambiental y de ser aprobado existiría infracción legal, y si no es efectiva tal infracción, también podrá emitir una resolución calificatoria

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positiva, en la cual deberá dejar fundadamente constancia que el no cumplimiento de la normativa legal denunciada no es efectivo.
3. - Por lo demás las citas de informes sectoriales que hace la recurrente son parciales e interesadas.
La circunstancia de que los informes de los órganos sectoriales no sean vinculantes para la COREMA no significa en modo alguno que ésta los haya despreciado. Por el contrario la activa información proporcionada por dichos órganos es la que permite llegar a resolver sobre el proyecto. Lo que sucede es que la recurrente se limita a hacer citas discontinuas de informes emitidos en una etapa muy preliminar de la evaluación, sin considerar nuevos informes sobre los Addendum presentados, se visó el Informe Técnico, etc.
VII.- Los hechos planteados por la contraria constituyen. una hipótesis científica que no se demuestra.
La recurrente señala que diversos agentes contaminantes que enumera alteran en forma definitiva e irreversible el medio ambiente hipótesis de carácter científico que no demuestra. Pasando por alto las fundamentaciones científicas y técnicas que respaldan la resolución de la COREMA, otorgadas por todos los organismos públicos que concurrieron a dar su opinión en el proceso.
Esta defensa sostiene que no compete a este Iltmo. Tribunal entrar a dirimir cual de dos hipótesis científicas es valedera, menos cuando una de. ellas, en este caso la de la recurrente, se afirma en su sola aserción.
Es la especie y de acuerdo a lo dicho se debe recurrida ponderó diversos elementos de juicio, y los antecedentes suficientes, para emitir su resolución.
La~ actuación de la COREMA Xa. Región se ha ajustado absolutamente a las disposiciones vigentes sobre la materia, especialmente las normas contenidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento.
examinar si la acompañó de
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VIII. - Consideraciones sobre las alegaciones formuladas sobre aspectos técnicos del proyecto. principales errores de la Recurrente.
1~- impacto sobre la Atmósfera.
a.- Contaminación por material particulado.
En el punto 2.6 y en anexo E del Estudio de Impacto Ambiental se señala un capítulo completo sobre este tema respecto a las normas vigentes y la condición actual del área de influencia.
Reiteramos que en el contexto de la Ley de Bases y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en ausencia de una norma de calidad o de emisión vigente, se realiza un análisis detallado de las emisiones del praoyecto, no constituyendo una norma jurídica que pueda aplicarse como una ley o un Decreto. No obstante, ellas contienen parámetros técnicos a los que ha permitido arribar el conocimiento científico en los países más desarrollados, obligatorios para el titular del proyecto en tanto la misma resolución de calificación ambiental los haga suyos, de manera que no es contradictorio que por una parte se afirme que no son obligatorias para el proponente y que por otra parte se utilicen los parámetros técnicos para evaluar un proyecto.
Por otro lado, la alegación de que los diferentes ductos del proyecto deben considerarse como una sola fuente emisora carece de asidero. Aún cuando se aplicare la norma de referencia Suiza como si fuere una norma jurídica vigente en Chile, tampoco hay infracción a ella toda vez que ella se refiere a los casos en que la norma esté establecida en función de su tamaño, como capacidad o masa, pero las normas que se han aplicado al caso están establecidas como normas de concentración y en tales casos es irrelevante considerar las fuentes como si fueren una sola, toda vez que la concentración siempre será la misma.
b.- Contaminación por fenoles.- Los fenoles generados en el proyecto cumplen con los parámetros técnicos contenidos en la normativa establecida en la Confederación Suiza, por ende, no hay un

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"3
respaldo de lo sugerido por el recurrente respecto de los compuestos fenólicos y claramente silo hay respecto de lo resuelto por la COREMA. Se mantiene lo señalado en la Resolución, en el sentido de que el limite de emisión de 7,87 mg/m3 corresponde a una norma primaria y secundaria, es decir, protege la salud de las personas y del ecosistema en general.
Los compuestos fenólicos serán emitidos sólo por uno de los diez ductos que tendrá la planta y la emisión señalada anteriormente cumple ampliamente lo exigido por la normativa citada. Respecto a la concentración ambiental en el lugar de trabajo está muy por debajo del limite máximo establecido por el D.S. Nro. 745/92 del Ministerio de Salud.
c.- Contaminación por Formaldehidos.- Será emitido por tres de los diez ductos que tendrá la planta, dos de ellos será de 11,97 mg/m3 y 5,15 mg/m3 para el tercero, valores que cumplen ampliamente lo exigido por la normativa de la Confederación Suiza; en relación a la concentración ambiental en el lugar de trabajo está muy por debajo del límite establecido en el D.S. Nro. 745/92 del Ministerio de Salud.
d.- Contaminación por otros elementos.- Respecto a compuestos contaminantes como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxido nitrosos, fueron debidamente considerados que cumplen con los parámetros técnicos.
Las cenizas generadas en el proceso industrial, serán dispuestas en vertederos autorizados en el caso en que no puedan venderse como fertilizantes y mientras permanezcan temporalmente en la planta se dispondrán en contenedores cerrados. En ningún caso las cenizas serán, deliberadamente o por acción del tiempo, dispuestas en humedales o cuerpos de agua.
De acuerdo con lo expuesto en el punto 2.6.3 letra d) del Estudio de Impacto Ambiental y Addendum 1, página 84, las cenizas generadas no son peligrosas. Por el contrario, son un material rico en nutrientes que pueden utilizarse como fertilizantes.
2.- Impacto sobre el Medio Acuático.-49
Respecto a las actividades del puerto en el Addendum 1, página 88, se señala que las actividades portuarias cumplirán con toda la legislación vigente para estos efectos y las naves deberán cumplir con las normas internacionales establecidas por el MARPOL, documento emitido por la International Maritime Organization. Chile es país signatario de estos convenios y, además, deberán cumplir estrictamente con la Ley de Navegación (Decreto Ley Nro. 222 de 1978) y con el Reglamento para el control de la contaminación acuática (D.S. Subsecretaría de Marina Nro. 1 de 6 de enero de 1992).
Respecto a generación de RILES a través de actividades realizadas en la planta OSB y Puerto, se trató adecuadamente en el punto 4.5.9 de la resolución, por cuanto el agua utilizada en el proceso se evapora o queda retenida en la madera.
Los residuos líquidos domésticos serán recolectados en el sumidero desde donde será bombeada hasta una planta de tratamiento marca AGUASIN, la que estará compuesta por un estanque de proceso separado en compartimentos que cumplirán distintas funciones: desbaste de sólidos, oxidación de la materia orgánica, sedimentación por gravedad y purificación con hipoclorito de socio o calcio, para lo cual cuenta con equipos de distribución de aire, un sistema de recirculación de lodos, además del control de la operación y limpieza de la planta.
Respecto a la infiltración del terreno para las aguas servidas y la superficie necesaria para la infiltración, el vertimiento de las aguas servidas será por inyección profunda, lo que contempla conducir el efluente a través de los horizontes superficiales del suelo hasta la napa profunda, o en una zona próxima a ella.
Las aguas lluvias que caigan sobre la superficie construida se encausarán hacia un sistema de piscinas de decantación y luego separadores de emisiones fugitivas de aceite y combustible, las que no se mezclarán ni entrarán en contacto con líquido industrial alguno, no considerándose como residuos industriales líquidos.

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La limpieza de la piscina de acondicionamiento de troncos, la manipulación de resinas y ceras, el lavado y mantenimiento de maquinaria, no generarán Residuos Industriales Líquidos.
Las descargas de aguas de lastre están normadas de acuerdo a la legislación vigente. Las actividades portuarias cumplirán con toda la legislación vigente para estos efectos.
3.- ImDacto sobre la actividad acuícola.-
las actividades de la construcción del puerto no tendrán un efecto directo en la actividad de cultivos de mitílidos y acuícolas de la Bahía Ilque, debido a las características de diseño, las cuales no se superponen al área de ubicación de los cultivos y las condiciones ambientales que deberá cumplir el personal que trabaje en el proyecto.
En la etapa de operación las actividades asociadas al proyecto que podrían generar impactos en la actividad de cultivos de mitílidos y salmonídeos son:
Mantenimiento del puerto, es decir, pintado y limpieza del muelle.
Tránsito de naves.
Maniobras de las naves en el área.
Estas actividades no tendrán un efecto directo debido a la distancia de 2 kilómetros aproximadamente del lugar del muelle; podrían verse afectadas en forma indirecta en caso de ocurrir un accidente que involucre vertimiento o descarga de sustancias dañinas, pero la evaluación es en caso de efectuarse en condiciones de operación normales. Este efecto se verá atenuado por la tasa de recambio de la bahía y el proceso de dilución que sufren la mayor cantidad de sustancias asociadas a un puerto como hidrocarburos livianos y metales trazas en pequeñas concentraciones.
En el caso de los salmones la situación es diferente ya que la asimilación de los compuestos asociados a un puerto son indirectos en un alto porcentaje y por lo tanto dependen de factores externos, como

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disponibilidad de alimento y estado de vida para establecer el posible efecto de las actividades en los Salmones.
En el caso de la Pesca Artesanal, el porque se verá favorecida con las instalaciones de la población flotante.
En cuanto a que se solicitó un Plan de Monitoreo y de Seguimiento Ambiental Marino, es facultad de la COREMA solicitar las medidas de compensación, mitigación y reparación que estime necesarias para que el proyecto se haga cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el articulo 11 de la Ley Nro. 19.300.
4. - ImDacto sobre otros Elementos.
a.- Manejo y transporte de sustancias tóxicas y peligrosas y disposición de Residios Peligrosos.
Las medidas a tomar en relación al derrame de productos químicos; (Addendum 1 página 116) dependerán sí se produjo durante el transporte o durante el almacenamiento de éstos y del volúmen comprometido.
impacto será positivo muelles y aumento de
El plan de Contingencia respectivo se puede consultar en el Addendum mencionado y en el punto 8.14 de la Resolución de Calificación Ambiental.
b.- Control de Contaminación Acuática.
En el anexo H. Del E.I.A. se adjunta la matriz de Evaluación de Impacto Ambiental Acuático (Tabla 5.1) de la cual se deduce que los efectos destacables que podrían observarse en la etapa de construcción tienen relación con las comunidades macrobentónicas submareales e intermareales, principalmente aquéllas que se encuentran en la zona de construcción del muelle.
Acerca de un posible accidente de derrame de hidrocarburos deberá ponerse en práctica el Plan de Contingencia que se señala en el punto 8.14 de la Resolución de Calificación Ambiental recurrida.
c. - Destrucción del Paisaje. -

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Insiste que están en presencia de un proyecto de carácter industrial y no forestal. Desde el punto de vista del abastecimiento quienes tengan que efectuar la extracción deberán abordar este aspecto conforme la normativa forestal.
CONAF ha planteado en su informe sectorial al primer Addendum, que no se verá afectada la mantención de bosques que permitan el abastecimiento de la planta y por lo mismo la mantención de bosques que permitan el desarrollo de actividades turísticas en la Xa. Región.
En cuanto al estado de los Bosques y su prospección a futuro en la página 10 del Addendum 1 se trata del Abastecimiento Terrestre y Marítimo para el proyecto. En la página 13 de este mismo Addendum se señala que la empresa cuenta con un completo estudio sobre las superficies boscosas de la región. Adicionalmente se contrato a CONAF un estudio basado en tres simulaciones con distintos niveles de restricción sobre variables ambientales, cobertura y estructura de los bosques, tanto legales como voluntarias.
Finalmente, en el Addendum Nro. 3, página 3, se trata sobre la Auditoría Ambiental en el componente forestal.
Ix.- Extremos de la Acción interpuesta.
IncumDlim¡ento de Requisitos.
No estamos frente a un ilegal y arbitrario.
1.- Sobre las garantías constitudonales que se estiman infringidas.
a.- No se ha afectado el derecho a la vida.
Nada dicé la recurrente acerca de cómo se vería afectado este derecho. No existe relación de causalidad ante el supuesto agravio y el atentado al derecho a la vida. La verdad es que la recurrente no logra demostrar ni se preocupa que tal derecho haya sido infringido.
La invocación de esta garantía no es otra cosa que un intento de subsumir una presunta violación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con el objeto de intentar eludir la mayor

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rigurosidad que la Constitución otorga al tratamiento de la garantía constitucional del artículo 19 Nro. 8.
En otras palabras, si bien están íntimamente relacionadas existe una clara diferencia entre el derecho a la vida del Nro. 1, el cual dice relación con la mantención del estado de actividad de los seres orgánicos, con "el derecho a vivir" a que se refiere el Nro. 8, el cual dice relación con la calidad del entorno en que se desarrolla un determinado individuo, por ello el constituyente lo regula en números distintos y con una diferente regulación en cuanto a los presupuestos de procedencia del recurso de protección.
b.- No se ha afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Nada dice la recurrente como se ha afectado esta garantía, la forma en que los actos que impugna afectaría su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Es necesario clarificar los siguientes puntos acerca del ámbitos de esta garantía.
De los antecedentes de la historia de la ley y del propio tenor se desprende que es un derecho que sólo asiste a las "personas" y no a las "cosas". Trátase en definitiva de un derecho público subjetivo inherente a la naturaleza humana.
Por otro lado, "la preservación de la naturaleza, la protección o cuidados de los recursos naturales, el hábitat de los peces o las aves o los animales es un deber jurídico puesto a la carga del Estado y de sus órganos que la ley cree al efecto, es una función del Estado y es una de las competencias atribuidas por la ley (artículo 62 inciso 40 Nro. 2 de la Constitución) a determinados órganos estatales vgr. CONAF, etc. Pero ello nada tiene que ver ni- se encuentra incluido en el derecho fundamental que se reconoce a cada persona para vivir en un ambiente libre de contaminación.
Es necesario ocuparse de su extensión y recordar que en texto constitucional aprobado en definitiva se sustituyó la expresión "libre

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de toda contaminación" por "libre de contaminación", por estimarse la imposibilidad que no exista contaminación alguna, es por ello, citando a Enrique Pérez Silva, que no pueden estimarse jurídicamente contaminantes las acciones dirigidas a intervenir el entorno con una motivación legftima, es decir, reconocida y amparada por el derecho, aún cuando ella pudieren pmducir contaminación en sentido puramente físico.
Jose` Luis Cea ha señalado que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación fue concebido con un senUdo y alcance relativo, en decir, en términos de un ambiente sano, que permita desarrollar la vida humana en condiciones normales. El constituyente reputó utópico proclamar el derecho a vivir en un medio por completo incontaminado, imponiéndose para ello la diferenciación entre aquellas conductas compatibles con el bien jurídico asegurado por la Constitución y aquéllas que no lo son. Sólo estas últimas resultan contrarias al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, situación que ocurre cuando esas conductas exceden los límites que compatibilizan la salud y la vida humana.
La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente recogió los principios contenidos en el artículo 19 Nro. 8 de la Carta Fundamental y definió para todos los efectos legales ciertos conceptos básicos, con el objeto preciso de enmarcar la labor del intérprete en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil.
La Ley 19.300 no consagra ningún impedimento absoluto o rechazo a priori para determinados proyectos o actividades porque se parte del supuesto que todos, sin excepción, algún efecto o grado de influencia habrán de provocar en el entorno.
Por eso el artículo 10 señala aquellos proyectos o actividades que deben someterse, precisamente, a un proceso previo de evaltiación del impacto ambiental que provocará, prefiriendo -en primer lugar, la adopción de aquellas medidas que tiendan a eliminar o a atenuar sus efectos adversos, haciéndolos compatibles con el derecho del artículo 19 Nro. 8 de la Constitución, solo por excepción, cuando dicha compatibilidad

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no se pueda producir, porque el proyecto no reúne características razonables ni satisface los estándares adecuados, procederá su rechazo, sin más.
c.- No se ha afectado la igualdad antÉla lev.
El recurrente funda la alegación en que se habría violado esta garantía en que al momento de ponderar las observaciones realizadas por la comunidad, en las instancias correspondientes estableció una clara y manifiesta diferencia arbitraria con relación al proponente.
Por de pronto, debe señalarse que los recurrentes no formularon observación alguna al Estudio de Impacto Ambiental durante la tramitación administrativa por lo que mal pueden formular una alegación semejante.
No hay discriminación de ninguna especie respecto de los recurrentes ni de persona alguna porque la evaluación de impacto ambiental se realizó conforme a las normas procedimentales respectivas y en ella participaron todos los que tuvieron interés en hacerlo.
Pero sin reconocer que haya discriminación, los recurrentes quedaron en situación de diferenciación respecto de otras personas resulta que esta diferenciación nuhca sería arbitraria; o sea, debe existir una discriminación arbitraria entendiéndose por ésta la que no tenga justifi~ación racional o razonable. Para la Excma. Corte Suprema debe entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquiera autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual.
2.- Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.
De la relación de los hechos no aparece ninguna acción arbitraria, esto es, un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. Tampoco puede desprenderse que exista un acto ilegal. Al contrario se ha propendido un estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, dotando de un contenido a estas nuevas disposiciones, llevando las acciones incluso más allá de los requerimientos formales, con el único fin de producir un

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proceso informado, participativo y sobre todo congruente con nuestra legislación ambiental.
3.- Por los demás, en el caso del artículo 19 Nro. 8, los requ¡sitos de ilegalidad y arbitrariedad son copulativos.
Ni ilegalidad ni arbitrariedad concurren en la especie, ni menos concurren ambos en forma copulativa como lo exige la norma constitucional. En efecto, como lo afirma el profesor Cea en su obra "Tratado de la Constitución de 1980", en un inciso separado del Anteproyecto de nueva Constitución Política del Estado, por la Comisión Redactora, se señala que procederá también el recurso de protección en el caso del Nro. 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario o ilegal imputable a una autoridad o persona determinada; en la última etapa preparatoria de la nueva Carta Fundamental en la Junta de Gobierno se sustituyó la conjunción disyuntiva "o" por la conjunción copulativa "e", entre la palabra "arbitrario" y la palabra "ilegal".
Los motivos del cambio aún no han sido publicados, pero tampoco es sensato que sea casual o carente de fundamento, restringiendo con ello más la procedencia de esta acción tutelar.
4.- Ausencia de imputabilidad.
No siendo estos actos ni arbitrarios ni ilegales cae por su propio peso la afirmación de que estos hechos le sean imputables a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Xa. Región.
X.- Ambito del Recurso de Protección.- -La protección es un recurso de última ratio, que no se
compadece con no ejercer la posibilidad de reclamar en otra sede de los supuestos agravios. Al efecto, la Ley de Bases del Medio Ambiente, contempla mecanismos administrativos de reclamación que la contraria no ha utilizado y ha recurrido primero a la sede jurisdiccional.
En efecto, el recurso de protección es un recurso extraordinario, que tiene además trámite de urgencia y tramitación sumarísima. La Ley 19~300 contempla diversas modalidades de

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reclamación y de impugnación de actos que causen agravios a los interesados. Parece impropio emplear el recurso de protección a objeto de validar las legítimas discrepancias que los recurrentes o terceros pudieren tener con el proyecto, máxime si la propia ley contempla institutos de impugnación y participación cuya eficacia se ha comprobado en la misma tramitación de este proyecto.
XI.- El Recurso debe ser desestimado Dor falta de legitimación activa de los Recurrentes.
El recurso de protección no es una acción popular y por consiguiente sólo tienen legitimación para deducirlo quienes sean directamente afectados en un derecho o igualdad protegida, argumentación que se funda en el estudio de las actas constitucionales en que se señaló, "que nadie puede reclamar de este derecho genéricamente, sino que tiene que sufrir un menoscabo o una amenaza alguna persona determinada (Gustavo Fiamma). Además militan en el mismo sentido, el análisis de la voz "sufran"; sufrir según el Diccionario de la Real Academia de Lengua "es sentir físicamente un daño, enfermedad o castigo", o sea está destinado a proteger a un lesionado en un caso concreto, específico, víctima de una acción ilegai o arbitraria, ya perturbándolo, ya amenazándolo, en el ejercicio de un derecho reconocido en la propia Constitución.
Por otra parte nuestra Carta Fundamental, al utilizar la exprésión "por si o por cualquiera a su nombre" consagra la idea central que no es otra que conceder ese derecho a recurrir a quien es directamente afectado con el acto; si un tercero puede plantearlo, ello no lo lleva a ser un ejecutor de la voluntad de la persona a quien represente, que en si debe ser la directamente lesionada con el acto que estima vulnerando determinadas garantías constitucionales. Por último, debemos considérar que resulta concluyente la expresión "Asegurar la debida protección al afectado", debe dirigirse al afectado no a cualquiera que deduzca el recurso sin invocar el interés por cuya protección reclama.

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De lo anterior fluye que los recurrentes no tienen legitimación activa, no han explicado como la dictación de una resolución afecta un derecho específico de ellos, por lo pronto no registran domicilio en la zona del proyecto ni en su área de influencia, de esta forma no se divisa en que manera puede entenderse conculcado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tampoco se señala que se recurra a favor de alguna persona o grupo de personas que vivan en los alrededores del referido lugar.
Por lo expuesto pide se rechace en definitiva el recurso de protección interpuesto de fojas 1 a 23 con expresa condena en costas.
De fojas 225 a 257 el recurrido informa respecto del recurso de protección rol Nro. 2.249.
Capitulo 1. Antecedentes. Reproduce lo expuesto en su anterior informe de fojas 169 a 210.
Capítulo II. Expresa que el proyecto está descrito como de carácter industrial y no forestal por no contemplar la intervención directa del bosque por parte de la empresa titular del proyecto.
1.- Se refiere a las tipologías de proyectos que contempla la letra m) del artículo 10 de la Ley Nro. 19.300.
2.- Normas reglamentarias: artículo 30 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. D.597 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
3.- Consecuencias Jurídicas: sostiene que la Ley 19.300 contempla una serie de proyectos que agrupa en la Ley m) del artículo 10, debido a la utilización de una determinada materia prima, pero de ello no deben extraerse las conclusiones que saca el recurrente, ya que no tienen o representan el mismo impacto ambiental ni afectan todos ellos al bosque nativo. -Añade que por otra parte la ley distingue entre proyectos de carácter industrial y forestal.
De carácter forestal son los proyectos o explotación forestales en suelos frágiles y los proyectos de desarrollo o explotación forestales en terrenos cubiertos de bosque nativo, ambos de dimensiones industriales.

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De carácter industrial son las industrias de celulosa, de pasta de papel, de papel, las plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales.
En nada se opone a esta conclusión el hecho que todos estén tratados en la misma letra. En diversas otras letras la ley agrupa proyectos de diversa especie en relación a un determinado factor común, como puede ser el agua, los medios de transporte, la minería, etc. Pero ello no significa en modo alguno que se trate de un mismo proyecto y que por lo mismo deban evaluarse como si fueren uno solo, como ocurre en las letras a) y e) del citado articulo 10 en que agrupa proyectos de diversa naturaleza en función de un factor común: el agua; pero no podría sostenerse que no hay distinción entre un acueducto y un tranque.
Por otro lado, también es erróneo sostener que el proyecto que nos ocupa se transforma en forestal por el hecho que su principal materia prima sean los bosques.
Así, por ejemplo, la letra i) del artículo 10 mencionado contempla bajo la denominación común de "proyectos de desarrollo minero" una serie de proyectos que se relacionan con dicha actividad distinguiendo aquéllos que desarrollan actividades extractivas de aquéllos que desarrollan procesos industriales.
Los ejemplos podrían multiplicarse ya que cualquier actividad de procesamiento requiere de una materia a ser procesada, quedando así demostrado que la ley ha distinguido entre las actividades extractivas y aquéllas que contemplan el procesamiento y si bien un determinado proyecto puede contemplar ambas, ello no es condición sine qua non, ya que perfectamente pueden esta separadas, tal es el caso precisamente del proyecto Cascada Chile.
III.- Acción deducida contiene una Dretensión ilecial.
La pretensión ilegal de que se incluyan como parte de la línea de base y se evalúen consecuentemente actividades, proyectos de desarrollo o explotación forestales, de terceras personas que no son

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aquéllas que han sometido el Estudio a Evaluación de Impacto Ambiental, vinculando a éstas con sus resultas.
1.- En el marco de la ley 19.300 y sus reglamento es al titular del Drovecto a guien le corresDonde describirlo.
No es a la administración a quien corresponde diseñar un determinado proyecto a objeto de someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es al titular a quien le corresponde dicha obligación pues es precisamente él quien desarrollará la actividad económica de que se trate.
2.- La resolución de calificación ambiental tiene claros límites en cuanto a su extensión.-
No puede pronunciarse sobre proyectos que no han sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la autoridad administrativas tiene amplias facultades para solicitar aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones que estime necesarias para lo cual se contempla la participación de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, para aprobar o imponer medidas de mitigación, reparacion o compensación; para imponer condiciones o exigencias en la resolución de calificación ambiental y en general para adoptar las medidas necesarias que aseguren la sustentabilidad ambiental de un proyecto.
3.- Resolución de calificación ambiental no Duede regular actividades de terceras ~ersonas que no son el proponente. Motivo por el cual la acción deducida contiene claramente una pretensión ilegal: que se incluyan como parte de la línea de base y se evalúen consecuentemente actividades, proyectos de desarrollo o explotación forestales de terceras personas que no son aquéllas que han sometido el Estudio a Evaluación de Impacto Ambiental, vinculando a éstas con sus resultas.
Lo que la recurrente sostiene es se indique la manera concreta quienes serán los proveedores; donde están concretamente los bosques que se pretenden explotar (área de influencia) que tasa de regeneración existe en cada c~so específico, que salvaguarda de

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biodiversidad se tomará, etc. (pág. 13) y luego agrega (pág. 19) el causante es el proponente y por lo tanto es a éste y no a los proveedores al que corresponde evaluar la existencia del recurso, los lugares exactos donde se efectuarán las cortas, a fin de que se pueda conocer el Real Impacto Ambiental del Proyecto en la Xa. Región.
Lo que pretende la recurrente es que través de una resolución de cajificación ambiental emitida en un procedimiento desarrollado a iniciativa de Cascada Chile se regulen las actividades de terceros respecto de los cuales tal resolución es inoponible. Si el proyecto fuere rechazado significaría que aquél tercero no podría explotar sus bosques por la resolución que se dicte en contra de Cascada Chile, medida que afectaría el derecho de los terceros a desarrollar cualquier actividad económica lícita y sus derecho de propiedad (Nros. 21 y 24 del artículo 19 de la constitución Política de la República) y, además, importaría una violación por parte de la comisión Regional del Medio Ambiente los artículos 8, 9, 10, 24 y 25 de la Ley 19.300.
4.- Obligación de los proveedores:
4.1 Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos forestales que lo requieran. Artículo 10 letra m) dispone que deben someterse al Sistema de Evaluación Ambiental los proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosques nativos (...) todos de dimensiones industriales.
A sus vez, el artículo 3, letra m) del D.S. 30/97 dispone que estos proyectos son de dimensiones industriales de acuerdo a las especificaciones que señala.
4.2 Aprobación de Planes de Manejo.- En cualquier caso, aún respecto de aquellos proyectos inferiores a los señalados en el artículo 30 letra m) del Reglamento, deberán obtenerse los respectivos Planes de Manejo evaluados por CONAF para poder proceder a la intervención de un determinado bosque.
Métodos de repoblamiento: Actividades específicas para lograr repoblación (Tratamiento de dosel, sotobosque, etc.,); criterios de

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selección de árboles semilleros; características de reforestación (superficie, año, especie).
Programa de protección.
Protección contra incendios, plagas y enfermedades
Tratamiento de los residuos de explotación.
Mantención de caminos para evitar erosión.
Protección de cuencas y recursos de agua.
Todas contemplan medidas de mitigación y compensación, las
cumplidas adecuadamente garantizan la sustentabilidad del que al ser
recurso.
5.- Por lo demás, el proyecto aprobado contempla el aspecto forestal en la forma que corresponde dada su naturaleza.
El aspecto forestal no se desprecia en caso alguno como lo plantea el recurrente, simplemente se aborda respetando los derechos de los particulares, tanto del titular del proyecto como de los terceros ajenos a éste; es así que el proponente se ha referido al recurso forestal como elemento del medio ambiente directa o indirectamente afectado por el proyecto, tanto en el Estudio presentado, como en el primer y segundo Addendum.
En su oportunidad, cada propietario del o de los bosques de donde de obtenga la materia prima para el funcionamiento de la planta deberá, en conformidad con la legislación forestal y de medio ambiente, obtener su respectivo plan de manejo aprobado por la autoridad, y si corresponde en atención a la extensión de los recursos forestales a explotar, ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por otra parte, el proponente ha presentado los estudios correspondientes sobre el recurso en términos de que la demanda que agregará este nuevo proyecto no pone en riesgo la sustentabilidad del recurso, expuestos en el Addendum 1 y complementado en el Addendum II, proponiendo también acciones para contribuir a la sostenibilidad del recurso y que fueron descritas en el informe de fojas 169 y siguientes.

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IV.- Aplicación Errónea de Normas jurídicas por parte de la recurrente.-
1.- Planes de Manejo.
La Recurrente sostiene que otro requisito importante que exige la ley es la obligación que establece el artículo 42 de la ley 19.300 de presentar un "Plan de Manejo de los recursos naturales existentes dentro del área de influencia del proyecto". Luego agrega que "...si bien la exigencia de un Plan de Manejo en los términos indicados, no es aplicable a las actividades respecto de las cuales ya se hubiere aprobado un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, le es plenamente aplicable a los proyectos que todavía no la tienen" (citas de pág. 26 del recurso)
La interpretación del recurrente es errónea. El artículo 42 dispone a la letra: "El organismo público encargado por la ley de regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con la normativa vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación".
Estos incluirán entre otras, las siguientes consideraciones ambientales:
a.- Mantención de caudales de agua y conservación de suelos.
b.- Mantención del valor paisajístico.
c.- Protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, sobre planes de manejo de recursos naturales renovables, y no se aplicará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental".
Entre las normas de la ley 19.300 no aparece ninguna que confiera facultades a la Comisión Nacional del Medio Ambiente ni a ninguno de sus órganos para regular el uso a aprovechamiento de algún

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recurso natural en un área determinada ni existe norma alguna que la faculte para solicitar planes de manejo. Conclusión que se desprende de la parte final de la norma en comento de que la exigencia de un Plan de Manejo en los términos indicados no es aplicable a las actividades respecto de las cuales ya se hubiere aprobado un Estudio de Impacto Ambiental. En otras palabras éstos sólo pueden exigirse cumpliendo los demás requisitos legales en los casos en que no se refiere de la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental.
2. - Aplicabilidad del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Establece una obligación para los Estados suscriptores en la medida de lo posible y su eventual incumplimiento sujeta al Estado de Chile a los mecanismos de la resolución de conflictos que la misma Convención determina, pero nada tiene que ver dicha norma con la aprobación y rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental.
V.- principales errores de hecho advertidos en el Recurso.
A. - página 5 párrafo 3... se dice que su interés se centraría en explotar mayormente los bosques siempreverdes, roble-rauli-coigue, ciprés de las guaitecas y roble-rauli-tepa.
Sobre este punto debe tenerse en cuenta que en el Addendum 1 se señala que no existe preferencia de especies a utilizar o porcentajes de mezclas específicas que sean preferidos.
La empresa no comprará Ciprés de las Guaitecas por ser una especie protegida por la Convención CITES
B.- Página 6 titulo II (Párrafo 1). Se dice que el defecto más grave del proyecto el carecer de una Línea de Base.
Es una aseveración falsa porque en el Estudio de Impacto
Ambiental Capítulos 5, 6, 7 y anexo Nro. H se describen en detalle la línea
de base de a) Medio Ambiente Físico; b) Medio Ambiente Biológico,
Vegetación, Flora y Fauna; c) Medio Ambiente Humano y Cultural; y d)
Línea Base para el Proyecto de Facilidad Portuaria, correspondiente al
Proyecto Cascada Chile.

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C.- Página 9, párrafo 3 se dice que el proyecto necesitará cerca de un millón de toneladas de madera pulpable, lo que significa requerirá cerca de seis millones de troncos o árboles, lo que a su vez equivale a la corta de 5.000 hectáreas de bosque nativo al año.
En el estudio se señala... La planta de OSB ha sido diseñada para procesar 925.000 metros cúbicos al año de maderas nativas de características pulpables. Es decir la misma materia prima que hoy en día se utiliza para la producción de astillas. (Un metro cúbico pesa alrededor de 500 Kgs.
o árboles. árbol.

Luego se afirma que se requerirán de seis millones de troncos Es necesario precisar que un tronco no es lo mismo que un
En el Addendum 1. Pág. 27 se indica que "El largo normal de un tronco es 2,44 metros; sin embargo madera más larga y más corta se puede utilizar en la producción O.S.B.
Así un árbol de 15 metros puede dar seis troncos de 2,44 metros.
Para abastecer el proyecto se necesitarán 2.983.871 trozos de las dimensiones señaladas y silos árboles tienen 10 metros de altura se necesitarán 745.969 árboles anuales, toda vez que un árbol daría 4 trozos de esas dimensiones y un volumen de 1,25 m3.
Para obtener estos árboles señala que equivale a la corta de 500 hectáreas de bosque nativo al año. Si bien es efectivo que se establece que el proyecto requerirá que sus proveedores intervengan una superficie de aproximadamente 5.240 hectáreas, es necesario precisar que estas hectáreas no serán cortadas en su totalidad sino que serían cosechadas anualmente mediante cortas parciales, como raleos y cortas de protección".
D.- Página 16 párrafo 3, se dice que habrá una demanda forestal que no podrá ser satisfecha legalmente, lo que se traducirá en un

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verdadero incentivo para la corta clandestina, esto es, habrá una explotación del recurso IRRACIONAL.
En Addendum 1 y II se muestrean simulaciones Forestales que indican que hay recurso disponible para sustentar el proyecto en base al crecimiento anual del recurso forestal. Así en el Addendum 1 se indica que el crecimiento de los bosques de producción alcanzaría a 13.764.630 m3/año y el consumo es de 5.967.806 m3/año.
E.- Página 18 último párrafo: se dice que "el consumo de madera será cercano al millón de toneladas de madera pulpable al año o seis millones de toneladas de árboles o troncos de bosque nativo al año"" (ya nos hemos referido a esta materia.
F.- Página 25 párrafo 2 se dice: "a lo anterior, y para darse cuenta de lo equivocado del planteamiento de CONAMA y de la empresa propietaria del proyecto, es necesario considerar que la planta astilladora más que duplicará la actual demanda de madera".
En el Estudio de Impacto Ambiental se señala: "...los usos actuales del bosque nativo de la Región totaliza un volumen de 5.042.806 m3/a ño.
La planta de O.S.B. ha sido diseñada para procesar 925.000 metros cúbicos al año de maderas nativas de características pulpables, la misma materia prima que hoy día se utiliza para la producción de astillas. Dada su capacidad instalada, el complejo producirá 600 millones de pies cuadrados de paneles O.S.B. (calculados en base a tableros de 3/8 de pulgada de espesor).
Así el consumo actual del bosque nativo en la Xa. Región es de 5.042.806 m3/año y el consumo total del proyecto incluida la planta astilladora que opera en COMACO camino a Puerto Varas, es de 925.000 m3/año, lo que da un aumento de 18,34% de bosque nativo.
G.- Página 27 párrafo 2 se dice: "el impacto más significativo del proyecto Cascada es sobre el bosque nativo. Ello por cuanto el proponente estima que necesitará para abastecer su fábrica, de cerca de un millón de toneladas de madera pulpable de bosque nativo al año".

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H.- Página 27 párrafo 4 "la propia CONAF en su informe a CONAMA de fecha 24 de julio de 1998 se dice textualmente ... es la opinión de la Corporación Nacional Forestal que el proyecto Cascada Chile debe incluir en su estudio el recurso forestal. ..`luego agrega "Parece ser que este informe se le olvidó a la CONAMA..." La observación fue respondida en la página 8 del Addendum 1 respecto al informe consolidado al Estudio de Impacto Ambiental y en los Addenda sucesivos.
1.- Página 32 párrafo 2: se dice: "... el proyecto contribuirá a la deforestación de un área que puede variar entre 5 y 10 mil hectáreas por año".
Se quiere inducir a error a la Iltma. Corte al hacer tal planteamiento, indicando con ello que se despejan totalmente de vegetación. Las intervenciones no plantean sino extraer un cierto número de árboles del bosque. Los proveedores del proyecto explotarían anualmente sobre 5.000 hectáreas, lo que es equivalente a explotar 185 metros cúbicos por hectáreas o 150 árboles de las dimensiones antes tratadas.
VI.- En el fondo el Recurso plantea una crítica a la Legislación Forestal y Ambiental vigente.

Lo que plantea el recurrente es una crítica a la legislación forestal vigente. Las citas de autores que efectúa desde la página 22 del recurso en adelante y que se citan en el tercer otrosí, literatura que puede indistintamente utilizarse para oponerse a proyectos en general.
1.- Diversas alegaciones de la recurrente corresponden a conceptos valóricos e interpretaciones legales. materias que son ajenas al ámbito propio del Recurso de Protección.
En las actas oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución quedó consignada la opinión del Comisionado Bertelsen en el sentido que: "en lo relativo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hay un derecho que reviste una doble característica: por una parte tiene similitud con los llamados derechos sociales, pues se trata de una aspiración general de la colectividad orientada a que el Estado

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asegure el derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado, y, por otro lado, posee un carácter más específico, referente de manera directa a actos de particulares y de autoridades. Manifiesta que de este modo los ciudadanos tienen expectativas de que el Estado dirija su acción a mejorar la calidad del medio ambiente y también un derecho exigible contra toda persona o autoridad que por actos o hechos imputables directamente a ellos les causen un perjuicio en su derecho".
Conforme a dicha cita, la garantía del derecho a vivir en un medio libre de contaminación es, en primer lugar, una tarea que corresponde al Estado y todos sus órganos que se origina en su función de promover el bien común que le impone el inciso 40 del artículo 1~ de la Constitución Política; la misma idea está repetida en el artículo 19 Nro. 8 y el inciso 20 del Nro. 24 del citado artículo, al autorizar la imposición de límites al ejercicio del derecho de propiedad derivado de su función social, señalando que ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental
En cuanto a la segunda característica del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esto es, entendido como un derecho personal, posee un carácter más específico, referente de manera directa a actos de particulares y de autoridades y en este sentido, se encuentra protegido por el Recurso de Protección, según lo señala el artículo 20 inciso de la Constitución Política.
La regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se complementa con la restricción impuesta a determinados derechos para proteger el medio ambiente (artículo 19 Nro. 8 inciso 20 de la Constitución Política), lo que ha establecido el legislador con la dictación de la Ley Nro. 19.300.
No obstante, el recurrente exige la protección del derecho en cuanto derecho social como una aspiración general de la colectividad orientada a que el Estado asegure el derecho a vivir en un medio

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ambiente no contaminado y no como una garantía individual que haya sido afectada.
2.- La comisión Regional del Medio Ambiente no puede dejar de aplicar la legislación vigente.
No cabe duda que lo que pretende el recurrente es introducir una discusión acerca de si deben efectuarse intervenciones forestales en terrenos cubiertos de bosque nativo, cuestión que excede el ámbito propio del recurso de protección. Tal discusión no puede darse en el presente escenario puesto que el D.L. 701 y su reglamento contemplan y regulan tales intervenciones. Asimismo, la ley 19.300, en su artículo 10 letra m) dispone que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los "proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, con lo que reconoce implícitamente que tales intervenciones son posibles si son sustentables ambientalmente.

VII.- Improcedencia del Recurso atendido el no cumplimiento de sus presupuestos de Procedencia.
1.- No se ha afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Nada señala la recurrente en que forma se habría afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Sobre esta garantía constitucional parece necesario clarificar aquí los siguientes puntos:
a.- De los antecedentes que proporciona la historia de la ley, así como del propio tenor del artículo 19 Nro. 8 se desprende que es un derecho que sólo asiste a las "personas" y no a las "cosas. Trátase de un derecho público subjetivo inherente a la naturaleza humana.
b.- Por otro lado, "la preservación de la naturaleza, la protección o cuidado de los recursos naturales, el hábitat de los peces, las aves o los animales es un deber jurídico puesto a la carga del Estado y de sus órganos que la ley cree al efecto (artículo 62 inciso 40 Nro. 2 de la Constitución), CONAF, etc.

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c.- Dicho lo anterior en cuanto al real y exacto ámbito de aplicación personal de este derecho, es útil ocuparse enseguida de su extensión, haciendo notar que en el texto del Nro. 8 se sustituyó la expresión "libre de toda contaminación" por "libre de contaminación" por estimarse la imposibilidad de que no exista contaminación alguna.
Citando a José Luis Cea quien ha señalado que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación fue concebido con un sentido y alcance relativo y no absoluto. El Constituyente reputó utópico proclamar el derecho de vivir en un medio por completo incontaminado, limitándose a asegurarlo como ambiente sano, que no sea nociva para la vida o la salud del hombre, como asimismo dañina para el ecosistema en que él desenvuelve normalmente su existencia. Hay por ende, conductas que contaminan y que, sin embargo, no infringen el derecho asegurado por la Constitución vgr. La actividad empresarial minera y los procesos industriales vinculados a ella.
d. - La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente recogió con todo rigor los principios contenidos en el artículo 19 Nro. 8 de la Carta Fundamental y definió para todos los efectos legales ciertos conceptos básicos, con el objeto preciso de enmarcar la labor del interprete en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil.
Dos ideas centrales -presentes en toda la preceptiva medio ambiente- interesa destacar:
- .- la Constitución no garantiza a nadie el derecho a vivir en un medio ambiente exento de toda contaminación, al extremo de llegar hasta paralizar toda actividad humana y a comprometer el ejercicio de los demás derechos, y
- . - que, en estrecha vinculación con lo anterior, la Ley 19.300 no consagra ningún impedimento absoluto o rechazo a priori para determinados proyectos o actividades porque se parte del supuesto que todos, sin excepción, algún efecto o grado de influencia habrán de provocar en el entorno.

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Por eso el artículo 10 señala aquellos proyectos o actividades
que deben someterse a un proceso previo de evaluación del impacto
ambiental que provocará un proyecto o actividad, ha de preferirse ~n
primer lugar- la adopción de aquellas medidas que tiendan a eliminar o
atenuar sus efectos adversos, haciéndolos compatibles con el artículo 19
Nro. 8 de la Constitución.
3.- No se ha afectado el derecho de Propiedad.
Sostiene el recurrente que "...no evaluar el impacto que un proyecto de la magnitud del comentado representa para el bosque nativo y la biodiversidad asociada a él, es poner en serio riesgo la sustentabilidad del recurso, no constituye un uso y aprovechamiento racional de él y atenta contra todo el patrimonio ambiental que pertenece a la Nación toda y por ende, a todos y cada uno de nosotros los recurrentes, derecho de uso y goce que estaría garantizado en el Nro. 24 del artículo 19 de la Constitución.
Tales derechos no son susceptibles de propiedad, como podría entenderse que aplicando el concepto de propiedad -cuyas facultades esenciales son las de usar, gozar y disponer- en sentido material o jurídico, destruyendo o transfiriendo del patrimonio ambiental, como podría incorporarlo a su patrimonio, a caso cree que tiene una valóración económica.
Las aseveraciones de la recurrente parten de un concepto de patrimonio ambiental que no se compadece con lo dispuesto en la ley Nro. 19.300, asimilando el concepto de patrimonio ambiental al de patrimonio civil (atributo de la personalidad). Patrimonio es "el conjunto de bienes que se hayan a disposición de un apersona según las reglas del derecho" (C.Suprema, 1990). Definición que corresponde a patrimonio civil. Sin embargo, el concepto de patrimonio ambiental es diferente.
Al respecto el proyecto de ley 19.300 contemplaba una definición de patrimonio ambiental señalando en la letra m) de su artículo 1~ que debía entenderse "los recursos naturales renovables y demás componentes del medio ambiente".

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La definición fue eliminada en el trámite parlamentario por estimarse que "siendo una finalidad a la cual la Constitución Política aspira y un concepto al cual alude el constituyente para autorizar restricciones al ejercicio de garantías constitucionales, su consagración en el texto del proyecto se hace innecesaria.
Empero, se contempló en la ley, en la letra b) de su artículo 2, una definición de conservación del Patrimonio Ambiental como "el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, pero no como una cosa susceptible de apropiación. Por otro lado, no se ve como puedan los recurrentes ser propietarios o dueños de un derecho a gozar del patrimonio ambiental, en tanto, la conservación del patrimonio ambiental está considerada por la Constitución precisamente como una limitación al derecho de propiedad emanada de su función social.
2. - Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.
De acuerdo a lo expuesto no aparece ninguna acción arbitraria, esto es un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. Tampoco puede desprenderse que exista un acto ilegal. Al contrario se ha propendido un estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, llevando las acciones incluso más allá de los requerimientos formales con el único fin de producir un proceso informado, participativo.
Por lo demás, según ha resuelto la Excma. Corte Suprema la ilegalidad resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocidas a un sujeto natural.
Arbitrariedad es todo aquello que resulta caprichoso, irracional, sin sentido lógico y carente de razonabilidad.
3.- Por lo demás. en el caso del artículo 19 Nro. 8. los requisitos de ilegalidad y arbitrariedad son coDulativos.
4.- Ausencia de imputabilidad.

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No siendo estos actos ni arbitrarios ni ilegales cae por su propio peso la afirmación de que estos hechos le sean imputables a la Comisión Regional del Medio Ambiente Xa. Región,
5.- Ambito del Recurso de Protección.
La protección es un recurso de última ratio que no se compadece con no ejercer la posibilidad de reclamar en otra sede de los supuestos agravios. La Ley de Bases del Medio Ambiente contempla mecanismos administrativos de reclamación que la contraria no ha utilizado, cuya eficacia se ha comprobado en la misma tramitación de este proyecto.
Pide tener por evacuado el informe y en definitiva, declarar sin lugar el recurso interpuesto, con costas.
De fojas 258 a 263. Antecedentes remitidos por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Xa. Región.
A fojas 268 Oficio del Director de CONAF Xa. Región en que
indica las áreas silvestres protegidas de Décima Región correspondiente a
Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Nacionales y
Santuario de la Naturaleza.

A fojas 269 Miguel Ignacio Fredes González, abogado, domiciliado en Urmeneta Nro. 300 oficina 29 de Puerto Montt a nombre de María Almonacid Villarroel, agricultora, domiciliada en Huelmo Punta Capacho, Puerto Montt; César Negrón Schwerter, agricultor, domiciliado en Fundo Los Robles, comuna Purranque; Carlota Alejandra Olavarría Ríos, economista, domiciliada en Metri, Carretera Austral Km. 30; Harold Martín Andrews, ingeniero en ejecución, domiciliado en Lonco 191 Villa Antihual, Puerto Montt; Georgina Jorquera Montoya, ingeniero comercial, domiciliada en Ramón Freire 120, Llanquihue; María Sandra Cannobio Oyarzún, empresaria, domiciliada en Walker Martínez 418, local 3, Puerto Varas; Heidi Lisette Tegmeier Vilbuta, comerciante, domiciliada en Walker Martínez 418, local 9-10, Puerto Varas; Lionel Sariego Scheffield, Médico Veterinario, domiciliado en carretera Austral Km 7, Puerto Montt; Claudio Eduardo Méndez González, comerciante, domiciliado en Walker Martínez, local 9-10, Puerto Varas; Carlos Javier Descouviers Santana, Médico Veterinario, domiciliado en Egaña Nro. 295, Puerto Montt, viene en hacerse parte en estos autos, como tercero coadyuvante, por cuanto las personas individualizadas viven y son directamente afectadas por el área de influencia y abastecimiento del proyecto Cascada Chile y se le otorgue la debida protección a raíz de la Resolución Exenta Nro. 25 del 28 de enero del presente año, dictada por COREMA de la Xa. Región, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A.
A fojas 275 se tiene como partes coadyuvantes a las
siguientes personas representadas por el abogado José Ignacio Pinochet
Olave en Recurso de Protección Rol Nro. 2.249-99 presentado a fojas
264: Lily Vera Oyarzo, Transportista Escolar, domiciliada en Villa Rayén
Caren Nro. 1.139, Puerto Montt; Milena Dekovic, Fotografa, domiciliada
en Santa Rosa sin Puerto Varas; María Angélica Felmer Arellano,
Cosmetóloga, domiciliada en Imperial Nro. 690, depto~ 104, Puerto Varas;
Raquel Wol leter Barría, traductora inglés-español, domiciliada en
Monseñor Munita Nro. 811, Puerto Montt; Andrés Belmar Santibañez,
diseñador, domiciliado en Eleuterio Ramírez Nro. 14, Puerto Varas; Flavio
Alfredo Vergara Cea, arquitecto, domiciliado en Parque Industrial, Km.
1008, parcela 5, Puerto Varas; Ana María Manosalva Yunge, técnico
Universitario en Pesquería, domiciliada en Marina del Sur, Puerto Montt;
Ana Suárez Mathieson, Administradora Hotelera, domiciliada en calle Lago
Tagua Tagua Nro. 332, Pichi Pelluco, Puerto Montt; Jorge A. Lobos
Contreras, Arquitecto, domiciliado en Libertad Nro. 340, Puerto Montt;
Lucy Amelia Rodríguez Díaz, comerciante, domiciliada en Avda. Volcán
Puntiagudo Nro. 1.211, Villa Sol Oriente, Puerto Montt; María 5. Riecke
Schnettler, comerciante, domiciliada en Cuculi Nro. 182, Villa Antihual,
Puerto Montt; María P. Wagemann Morales, Matrona, domiciliada en
Imperial Nro. 234, Puerto Varas; Rosa T. Oelckers Almonacid, Profesora
de Artes Plásticas, domiciliada en Independencia Nro. 231, Puerto Montt;
Claudio 1. Caro Aburto, comerciante, domiciliada en San Pedro Nro. 422,

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Puerto Varas; Fernando Abarca Pérez, Profesor de Esquí, domiciliado en
San Pedro Nro. 422, Puerto Varas; Francisco José Barrena Pérez, Guía de
Pesca, domiciliado en Santa Rosa Nro. 306 B, Puerto Montt; Selem Rojas
Montiel, profesor, domiciliado en Pasaje Poseidón Nro. 103, Puerto Montt;
Cecilia Saravia Benegas, Chef, domiciliada en Inés Gallardo Nro. 146,
Balneario Pelluco, Puerto Montt; Rodrigo A. Díaz Quenelle, Técnico
Pesquero, domiciliado en en Inés Gallardo Nro. 146, Balneario Pelluco,
Puerto Montt; Alejandro Trepiana González, Chef, domiciliado en Arturo
Mackenna Nro. 4076, San Miguel, Santiago; Luis A. Lagos Acuña,
Diseñador Industrial, domiciliado en María Sánchez Nro. 605, Puerto
Montt; Paula L. Avendaño Larrain, Ingeniero en Alimentos, domiciliada en
Parcela 12, Panitao Alto, Puerto Montt, Efraín Uribe Vera, Guía de
Turismo, domiciliado en Calle Trigal Nro. 312 Puerto Montt; Gabriel A.
Valerio Barría, Pintor, domiciliado en Manzana 51, casa 4, Población Pichi
Pelluco, Puerto Montt; Walter A. Velásquez Hernández, Ingeniero en
Acústica, domiciliado en Santiago Amengual Nro. 454, Poblacion Libertad,
Puerto Montt; Félix Oyarzo Grimm, Ingeniero, domiciliado en Guillermo
Gallardo Nro. 211, Puerto Montt; Sandro Cherubini Zanetel, Ingeniero
Comercial, domiciliado Nro. 1430, Puerto Montt; Iván Cuadra Arenas,
Empresario Turístico, domiciliado en Volcán Tocora Nro. 1.884, Puerto
Montt; Horst George, Presidente Fundación Otway, domiciliado en Panitao
s/n, Puerto Montt; Carmen 1. Cortés Jara, Profesora, domiciliada en Bahía
sin Puerto Montt; María X. Duque Casellas, consultora, domiciliada en
Muñoz Gamero Nro. 102 casa 1, Puerto Montt; Omar A. Daire Tolmo,
Licenciado en Historia, domiciliado en Muñoz Gamero Nro. 102 casa 1,
Puerto Montt; Paula J. Hernández Cerda, Comunicadora Social,
domiciliada en Camino Media Luna, Pelluco Alto, Puerto Montt; Jorge L.
Loncón Vidal, Actor Teatral, domiciliado en Los Canales Nro. 25, Puerto
Varas; Matzal Darinka Vuric G., Arquitecta, domiciliada en Panitao Bajo
sin Puerto Montt.
De fojas 304 a 334 Recurso de Protección, interpuesto por Carmen Isolina Cortés Jara, profesora, domiciliada en sector Bahía Ilque

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sin Puerto Montt, por sí y en representación de Juan Alberto Olavarría Maldonado, sociólogo, domiciliado en calle O `Higgins Nro. 167, oficina 805, Puerto Montt, en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región de Los Lagos, representada por su Presidente, Rabindranath Quinteros Lara, con domicilio en Avenida Décima Región Nro. 480, Piso 30, Puerto Montt, por haber expedido dicho organismo la Resolución Exenta Nro. 25, de fecha 28 de enero de 1999, en forma arbitraria e ilegal, amenazando y perturbando las garantías Nros. 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
De fojas 340 a 342 el abogado Miguel Aylwin Oyarzún, en representación de la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. y en el Primer Otrosí pide se reponga la resolución de fecha 6 de marzo de 1999 que declaró admisible el recurso de protección rol Nro. 2.265.
De fojas 345 a 353 y de 378 a 385 Evaluación Arqueológica, en el Sitio Arqueológico Ilque 1 del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, relacionado con el Recurso de Protección Rol Nro. 2.265.
De fojas 363 a 364 el Servicio Nacional de Pesca Décima Región remite documentos e informa Recurso de Protección Rol Nro.
2.265.
De fojas 368 a 372 antecedentes relacionados con Recurso de Protección Rol Nro. 2.265 acerca de la notificación de la Resolución de Calificación nro. 25/99 a Carmen Isolina Cortes Jara.
De fojas 373 a 375 abogado Miguel Aylwin Oyarzún pide se reponga la resolución que señala y en su lugar se declare inadmisible el recurso de protección rol Nro. 2.265.
A fojas 401 vuelta, se acumula la causa Rol Nro. 2.265 a la causa Rol Nro. 2.246.
De fojas 407 a 409 José del C. Maripan Epuyao, silvicultor,
Presidente de la Comunidad Indígena Choroy Traiguen; Víctor Catalán
Uribe, silvicultor, Presidente de la Comunicadad Indígena "Puquintrin;
Heriberto Ulises Jaramillo Jaramillo, silvicultor, Presidente de la
Comunidad Indígena Aucapán de Trufún; Nicolás Rail Huilitraro, silvicultor, Presidente de la Comunidad Indígena "Aucamapu, silvicultor, Presidente de la Comunidad Indígena "Hualaman Aucapán de Punotro"; Pedro Hipolito Aucapán Ancapán, silvicultor, Presidente de la Comunidad Indígena "Comapu El Solar"; Víctor Catrilef Naguil, silvicultor, Presidente de la Comunidad Indígena "Trafunco Los Bados"; y Juan Antonio Ñirril Leflan, Presidente de la Comunidad Indígena "Mapu Lafquén", comparecen por sí y en representación de sus respectivas comunidades y domiciliados al efecto en calle Julio Buschmann Nro. 2.260, departamento 12, de Osorno, en los autos sobre Recurso de ~rotección Nro. 2.249 y
2.246 piden se les tenga como partes y piden la no construcción y operación de la planta de Cascada Chile porque obstaculizaría el estado actual del mercado maderero a sus comunidades, vulnerando el real ejercicio de garantías contempladas en el artículo 19 Nro. 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.
De fojas 413 a 446 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada elaborado por la Municipalidad de Puerto Montt.
De fojas 448 a 449 el recurrido informa el Recurso de Protección Rol Nro. 2.265.
De fojas 461 a 465 Jorge Rodríguez Lopetegui, abogado, domiciliado en calle Bernardo O`Higgins 114, oficina 54, en representación de Pedro José Velásquez Hernández, Agricultor; Rosa Margarita Cárdenas Muñoz, dueña de casa; José Celestino Almonacid Almonacid, Artesano; José Mario Núñez Bustamante, obrero; Florindo del Carmen Almonacid Alvarez, obrero; Segundo Claudio Barría Almonacid, obrero; Zenobia del
C. Almonacid Almonacid, dueña de casa; Antonia del C. Velásquez Velásquez, dueña de casa; Tolento Almonacid Almonacid, Jubilado; Carmen G. Ramírez Bórquez, Técnico Forestal; Rigoberto F. Ramírez Sánchez, chofer; María L. Almonacid Chavez, dueña de casa; Wenceslado Almonacid Almonacid, agricultor; Emilio René Maldonado Almonacid, agricultor; René Alejandro Almonacid Alvarez, obrero; Jermán Orlando

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Almonacid Chavez, obrero; René Orlando Barriga Tejeda, agricultor; Olga del C. Mansilla Mansilla, labores de casa; Helmes R. Almonacid Alvarez, obrero; Lorena C. Barriga Almonacid,labores de casa; José Emiliano Almonacid Almonacid, obrero; María 1. Almonacid Almonacid, labores de casa; José Talismar Altamirano Vargas, pescador; José Oscar Almonacid Vargas, agricultor; María D. Almonacid Almonacid, labores de casa; María Martina Hernández Almonacid, labores de casa; Gerardo Enrique Dórner Paris, chofer; Juan Andrés Soto Soto, Carpintero; Luis Almona cid Vivar, agricultor; José Eiwin Almonacid Hernández, obrero; María Nuvia Velásquez Díaz, labores de casa; Francisco J. Velásquez Molina, agricultor; María A. Hernández Alvarado, labores de casa; Francisco Velásquez Velásquez, jornal; Luis A. Vera Cárdenas, obrero; Juan Luis Oyarzo Oyarzo, obrero; Traude del C. Barrientos Hernández, labores de casa; José Elardo Vera Díaz, obrero; Claudio A. Barra Barrientos, electricista; José C. Díaz, Almonacid, carpintero; Leonidas Villarroel Almonacid, carpintero; Humberto Velásquez Soto, carpintero; María M. Leiva Villarroel, labores de casa; Carolina D. Cárdenas Cárdenas, labores de casa; Carlos H. Cárdenas Cárdenas, obrero; todos domiciliados en Ilque, comuna de Puerto Montt, en autos Rol Corte Nro. 2.246 sobre recurso de protección acumulado a las causas Rol Nro. 2.249 y 2.265 interpuesto en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente Xa. Región, se le tengan por partes en el presente recurso en calidad de terceros coadyuvantes.
Expone que el proyecto Cascada Chile satisface en forma adecuada los requerimientos técnico~ específicos para el funcionamiento de una industria de la naturaleza que plantea el proyecto.
Los intereses concretos de los ciudadanos a quienes representa están constituidos, en primer término, por su calidad de vecinos del sector en el cual se propone instalar el proyecto, el cual, desde el punto de vista de su calidad de vida, es un beneficio indudable y tangible y un polo de desarrollo del sector, que, dadas sus características y ubicación, puede definirse como de desarrollo postergado o de pobreza, para ser más exactos.
Lo anterior se agrega la indudable fuente de trabajo y por consiguiente, de absorción de mano de obra cesante que significará la concreción del proyecto.
Baj o ese crisma, sus representados se ven directamente afectados por la dilación del proyecto, y acaso por su cancelación, ya que sus garantías constitucionales consagradas en los números 20, 16 y 21 de la Carta Fundamental se ven concretamente amenazadas y/o vulneradas.
En el otrosí acompaña documentos de fojas 453 a 460.
De fojas 472 a 480 antecedentes e informe del Servicio Agrícola y Ganadero Décima Región Puerto Montt.
De fojas 482 a 483 informe de la Subsecretaría de Pesca Valparaíso.
De fojas 485 a 489 informe institucional respecto al Estudio de Impacto denominado "Proyecto Cascada Chile" presentado por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A.
De fojas 490 a 492 informe de la Corporación Nacional Forestal Dirección Regional Décima Región.
De fojas 494 a 501 informe de la Dirección Servicio de Salud Llanquihue, Chibé y Palena.
De fojas 504 a 505 informe del Intendente Xa. Región "Los Lagos".
De fojas 507 a 510 informe de la Subsecretaría de Pesca; el Ordinario 468 de fecha 5 de mayo de 1999 de fojas 509 a 510 se relaciona con el Recurso de Protección Rol Nro. 2.265.
De fojas 513 a 514 vuelta, escrito de téngase presente del abogado Miguel Ignacio Fredes González.
De fojas 519 a 553 escrito de téngase presente de los abogados Carolina Carrasco Acuña, Miguel Aylwin Oyarzún y Tomás Aylwin Bustillos por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A.

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De fojas 557 a 636 formularios elaborados por CONAF y relativos a diversos planes de manejo que ante ella se pueden presentar, que dicen relación con el bosque nativo correspondiente a la causa rol Nro. 2.249-99.
De fojas 638 a 639 Lorenzo Soto Oyarzún se hace parte en estos autos a nombre de Antonio Horvath Kiss, Senador de la República y Leopoldo Sánchez Grunert, Diputado de la República.
De fojas 641 a 700 Minuta de alegato de abogado Fernando Dougnac Rodríguez.
De fojas 701 a 707 Minuta de alegato de Abogado José Ignacio Pinochet.
A fojas 708 y 709 se decretan medidas para mejor resolver.
A fojas 712 vuelta se da por cumplidas Jas medidas para mejor resolver decretadas en autos y se declara que rija el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el Proyecto "Cascada Chile" consiste en el diseño, construcción y operación de una planta industrial para la elaboración de paneles estructurales OSB, una planta astilladora y un puerto para embarcaciones de gran calado, loza para operación de barcazas e instalaciones anexas.
El proceso industrial requerirá un volumen máximo de 925.000 metros cúbicos de madera al año, la que será suministrada fundamentalmente por terceros y en menor grado por empresas relacionadas.
El proyecto se localizará en la Comuna de Puerto Montt, particularmente en la Bahía de Ilque, a unos 20 Kilómetros al Sur - Oeste de la ciudad de Puerto Montt. El complejo ocupará una superficie de 177 hectáreas, de las cuales ochenta hectáreas serán utilizadas para la instalación de la planta OSB, la planta astilladora, vías de acceso, red de drenaje, canchas de acopio y área de operación del puerto. El puerto contará, inicialmente, con un sitio de 170 metros de calado.

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Durante la etapa de operación se contratará la mano de obra requerida, se realizarán movimientos de tierra, acopio de materiales de construcción, movimiento de vehículos pesados y livianos, construcción de instalaciones temporales, construcción de vías de acceso terrestre, excavaciones, construcción de red de drenaje y obras de arte, construcción de ductos y estanque, recolección de residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, construcción de rampla para barcazas, arribo e instalación de los equipos de producción, suministro provisorio de energía, obras paisajistas y capacitación del personal, se iniciará la compra de materia prima y la producción de paneles y astillas. La planta requiere de 925.000 metros cúbicos para ambos procesos, ya que las astillas serán fabricadas con la madera rechazada en la producción de paneles, que se estima en un 33,30/o de la materia prima total (páginas 9 y 10 de la Resolución Exenta Nro. 25, tenida a la vista).
SEGUNDO: Que el Proyecto Cascada Chile, presentado por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. fue calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región de Los Lagos, mediante la Resolución Exenta Nro. 25, de fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, condicionándolo al cumplimiento de los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas en los Considerandos Nos. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la presente Resolución, atendido los siguientes antecedentes:
Lo dispuesto en la Ley Nro. 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Decreto Supremo Nro. 30, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1997.
-. El Estudio. de Impacto Ambiental y sus Addenda Nros. 1, 2 y 3 del Proyecto Cascada Chile, fue sometido por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(S.E.I.A.).

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Los Organos de la Administración del Estado con competencia ambiental que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones participaron, hicieron observaciones y pronunciamientos en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental.
Las personas y organizaciones ciudadanas en número de setenta (70), páginas 4 a 8 de la Resolución Exenta Nro. 25 hicieron observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, dentro del plazo establecido en el artículo 29 de la Ley 19.300.
Se certificó que el proyecto "Cascada Chile" cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, con la normativa de carácter ambiental contenidos en los permisos a que se refiere el numeral 10 de los considerandos de la presente Resolución, y que respecto de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, se han establecido las medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas.
Firma la Resolución Exenta el Dr. Rabindranath Quinteros
Lara, Intendente Regional, Presidente de la Comisión Regional del Medio
Ambiente de la Región de Los Lagos y como Secretario Raúl Arteaga
Montesinos, Secretario de la Comisión.
TERCERO: Que la Comisión Regional del Medio Ambiente de
la Décima Región es presidida por Rabindranath Quinteros Lara,
Intendente Regional y está compuesta por Raúl Arteaga Montesinos,
Director de la COREMA Xa. Región; Jorge Vives Dibarrart; Julian Goñi
Mellas, Jaime Moraga Carrasco, José Miguel Fritis, Gobernadores de
Valdivia, Osorno, Chibé y Palena; Enrique Vallalobos Aracena, Miguel
Silva Rodríguez, Miguel González Castro, Raúl Koch Barbacelata, Patricio
Jiménez Ovalle, Fidel Espinoza Sandoval, Pascual Dazarola Metzger, Iván
Neira Navarrete, Seremis de Aguicultura, Obras Públicas, Economía,
Bienes Nacionales, Salud, Minvu, Transporte y Telecomunicaciones,
Educación, Planificación y Coordinación; Ricardo Lagno Cruces, Christof
Weber Schilling, Ricardo Villanueva Casanova e Ignacio Molina Benítez,
Consejeros Regionales.

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CUARTO: Que en contra de la aludida Resolución Exenta Nro. 25 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, dictada por su Presidente, Intendente Rabindranath Quinteros Lara, se han deducido Recursos de Protección por parte de Marcelo Castillo Sánchez y en representación de las personas que indica a fojas 1 y siguientes; Fernando Dougnac Rodríguez, por sí y a nombre de las personas que señala a fojas 77 y siguientes y Carmen Isolina Cortés Flores por sí y en representación de Juan Alberto Olavarría Maldonado, a fojas 304 y siguientes porque a juicio de los recurrentes la resolución aludida es arbitraria e ilegal, por haber vulnerado las garantías constitucionales números 1, 2, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, los derechos a la vida, igualdad ante la ley, vivir en un medio ambiente libre de contaminación como asimismo el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza; el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; y la propiedad.
QUINTO: Que la recurrente de protección Carmen Isolina Cortés Jara, de fojas 304, reclama que la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Xa. Región, presidida por el Intendente Regional Rabindra nath Quinteros Lara, dictó la Resolución Exenta Nro. 25, en contravención a las garantías constitucionales Nros. 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerando los derechos de igualdad ante la ley; a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; y la propiedad.
SEXTO: Que el recurrido ha solicitado a fojas 367 que el recurso interpuesto a fojas 304 y siguientes y que se menciona en el capítulo que precede, sea declarado extemporáneo, porque la recurrente tomó conocimiento de la resolución impugnada con fecha 16 de febrero de 1999, hecho que reconoció en el primer otrosí de su libelo, y la acción

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fue presentada en la secretaría de este Tribunal con fecha 5 de marzo del citado año, según consta del timbre de cargo estampado en su libelo.
SEPTIMO: Que el numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, establece que dicho recurso debe interponerse dentro del plazo de quince días corridos de cometido el acto o incurrido en la omisión reclamada.
La Resolución Exenta Nro. 25, en contra de la cual se reclama, fue notificada personalmente a la recurrente el 16 de febrero de 1999 y el recurso rol Nro. 2265 fue interpuesto el 5 de marzo del presente año. En consecuencia, fue presentado extemporáneamente y debe ser declarado sin lugar, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre el fondo.
OCTAVO: Que en el recurso de protección deducido a fojas 1 y siguientes por Marcelo Castillo Sánchez y otros se expresa que el proyecto Cascada Chile, calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente, generará numerosos impactos ambientales negativos sobre el bosque nativo y la biodiversidad de la Décima Región, el medio acuático especialmente el marftimo, y otros elementos, por el consumo de 925.000 metros cúbicos de materia prima anuales, lo que presionará significativamente la demanda, ampliando las especies arbóreas ya explotadas.
De acuerdo a las características del proyecto, el proponente lo sometió al Sistema de Evaluación Ambiental por estar incluido en las actividades que menciona la letra f) del artículo 10 de la ley Nro. 19.300, complementado por la letra m) del artículo 30 del Reglamento, atendido el consumo de materia prima, motivo por el cual debieron evaluarse los efectos directos o indirectos en todas sus etapas para lograr la sustentabilidad del recurso; no obstante sólo se hace referencia en tres páginas a los impactos que generara.
El proyecto no se responsabiliza de los efectos negativos descritos anteriormente ni del uso sustentable del bosque nativo,

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argumentando el proponente que no posee predios propios ni planes de manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que permitan abastecer la planta durante su vida útil, lo que contradice lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 19.300.
Se omite en el Estudio de Impacto Ambiental el área de influencia que requerirá el proyecto para abastecerse de madera, la descripción de tipos forestales y pérdida de la biodiversidad asociada a los ecosistemas y bosque que serán talados.
Hay pocos estudios del bosque siempreverde, por lo que es difícil determinar correctamente la cantidad de madera a obtener del bosque y más aún cuántas hectáreas deberán ser taladas, calculándose por el proponente en 4.000 al año, lo que provocará un grave deterioro del recurso en la Xa. Región.
La carga ambiental que soportará el bosque aumentará considerablemente, lo que requiere un adecuado y profundo conocimiento del recurso forestal y el volumen a extraer sería similar al crecimiento vegetativo; no existiendo actualmente las investigaciones y bases técnicas sobre regeneración1 dinámica, semillación, métodos silvicultura les y manejo en general de las especies componentes del tipo forestal siempreverde, que permita su explotación en forma tan intensa y a los volúni enes que el proyecto "Cascada Chile" requiere. Lo único que existe actualmente son algunas tesis y ensayos de la Décima Región debido a la variabilidad de condiciones fonológicas y biológicas de las especies en general.
Impacto sobre la Atmósfera. El proyecto contaminaría la atmósfera mediante emisiones de material particulado, evaluándose incorrectamente en el proyecto las fuentes de emisión, al considerarlas en forma aislada y no como señalan las normas suizas en la Ordenanza sobre Control de Contaminación del Aire, en que se establece que serán consideradas como una sola, por lo que los diez ductos con que cuenta deben ser tomados como una sola fuente, superando así con creces la emisión que señala la norma Suiza de 50 mg/m3.

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También la planta emitirá compuestos fonológicos, sustancia alta mente tóxica y conocida mente cancerígena, formaldeh idos, en emisiones de tres ductos, que totalizan 29.09 mg/m3, cifra ésta que supera con creces a lo indicado en la citada norma suiza; monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y óxidos nitrosos, los que no fueron debidamente considerados en el Estudio.
Impacto sobre el Medio Acuático. Se producirán descargas de Residuos Ambientales Líquidos en los cursos o masas de aguas superficiales y en el medio marino acuático, en forma directa o indirecta, a través de actividades asociadas a la operación y funcionamiento de la planta OSB y del puerto, impacto que no contempla el Estudio de Impacto Ambiental; deterioro de la calidad de las aguas que afectará el desarrollo de acuicultura en la zona, no adoptándose medidas de reparación, mitigación o compensación adecuadas, a que obliga la ley.
Agrega que la COREMA en forma contraria a derecho y sin fundamento racional alguno, prescindió de los informes técnicos emitidos por los Servicios con atribuciones ambientales sectoriales que señalaron las diferencias del proyecto
Sostiene que el proyecto generará otros impactos ambientales significativamente adversos, como ser manejo y transporte de sustancias tóxicas peligrosas (almacenamiento de fenoles y formaldehidos) y disposición de residuos peligrosos generados con la operación de la planta (no indica donde se dispondrán los filtros y la grava usados por ellos).
En conclusión, al no describirse adecuadamente la "línea de base", esto es, la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución o modificación, y al no incluirse estos impactos ambientales en la evaluación del proyecto, la Comisión Regional del Medio Ambiente no sólo está violando la Ley Nro. 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sino que numerosos preceptos legales y constitucionales, que citará oportunamente.

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NOVENO: Que en relación a lo expuesto en el motivo que precede, el Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente Rabindranath Quinteros Lara, en su informe de fojas 169, en lo pertinente, sostiene que el recurrente efectúa una errónea descripción del proyecto y, por lo mismo, arriba a equivocadas consecuencias jurídicas al señalar que éste consiste en la explotación de bosques nativos de la Décima Región, lo que no es efectivo ya que proyecta la construcción de una planta industrial para la elaboración de paneles y una planta de astillas, tratándose en consecuencia de un proyecto industrial y no forestal.
Si bien el área de abastecimiento de la Planta de Paneles OSB es la Décima Región, el titular no es propietario de los predios o bosques ubicados en esa área ni tampoco ha sometido a Estudio de Impacto Ambiental un proyecto de explotación forestal, motivo por el cual cada propietario del o los bosques de donde se obtenga la materia prima deberá, en conformidad a la legislación forestal, obtener un plan de manejo aprobado por la autoridad y presentar, de acuerdo a la extensión de los recursos o explotar, su propio estudio o declaración de impacto ambiental y, asimismo, las medidas de mitigación y/o compensación y seguimiento para asegurar la sustentabilidad del recurso forestal que abastecerá la planta industrial.
No obstante lo anterior, el proponente ha presentado los estudios correspondientes sobre el recurso, en términos que la demanda que se agregará a este nuevo proyecto, no pone en riesgo la sustentabilidad del recurso y en el Addendum I se entregó la información sobre el recurso forestal nativo disponible, su crecimiento y el consumo de madera existente, lo que fue complementado y analizado en el Addendum II, llegándose incluso a proponer acciones para contribuir con la sustentabilidad del recurso, las que constituyen también medidas de mitigación, a saber: capacitación y asistencia técnica, colaboración con CONAF, convenio con Universidad Austral, colaboración en planes de manejo, compromiso con proveedores, banco de semillas, vivero,

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programa de entrenamiento, difusión de técnicas de manejo, coordinación de faenas, Registro de contratistas y Control de Peso.
El Recurso interpuesto no satisface los extremos de la acción de protección pues no se divisa una acción arbitraria.
Si bien las normas de la Confederación Suiza no constituyen una norma jurídica que pueda aplicarse como una Ley o Decreto, sirven para evaluar, en ausencia de una norma de calidad o emisión, sin perjuicio de que contienen parámetros técnicos a los que ha permitido arribar el conocimiento científico, las que serán obligatorias para el titular del proyecto, en tanto la misma resolución de calificación ambiental los haga suyos, de manera que no es contradictorio que por una parte se afirme que no son obligatorias para el proponente empresa que presenta el proyecto y que por otra parte, se utilicen como parámetros técnicos para evaluar el proyecto.
Las emisiones de los diferentes ductos no están establecidas en función de su tamaño, como capacidad o masa, sino que como normas de concentración y que por tanto es irrelevante considerar todas las fuentes como si fueren una sola, toda vez que la concentración siempre será la misma.
En cuanto a los impactos significativamente adversos del bosque nativo y la biodiversidad de Xa. Región, la exigencia del recurrente de que el proponente debería elaborar un plan de trabajo denominado Acciones para contribuir a la sustentabilidad del bosque, el recurrido se remite a lo expresado de que el proyecto fue mal conceptualizado, motivo por el cual se efectúa un razonamiento incorrecto en relación a la Línea de Base.
Impacto Ambiental. En el punto 2.6 del Estudio de Impacto Ambiental se señala un capitulo completo denominado Identificación, Caracterización y Control de Emisiones, Descargas y Residuos generados por el proyecto.

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Tanto la contaminación de Fenoles como de Formaldehidos generados en el proyecto cumplen con los parámetros técnicos contenidos en la normativa establecida en la Confederación Suiza.
Solo un ducto emitirá fenoles y tres ductos emitirán Folmaldehidos y ambas emisiones cumplen con la concentración límite señalada en el D.S. Nro. 745/92 del Ministerio de Salud en la exposición al ser humano, cuyas concentraciones alcanzan a 17,12 mg/m3 y 9,9 mg/m3, valores que están por debajo al valor de referencia de la normativa suiza.
La contaminación por otros elementos como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos nitrosos fueron debidamente considerados en el Estudio y cumplen con los parámetros técnicos.
La planta liberará según los recurrentes 340 toneladas de cenizas al año, las que según el proyecto aprobado serán dispuestas en vertederos cerrados, autorizados en el caso de que no puedan venderse como fertilizantes; pero en ningún caso, serán deliberadamente o por acción del viento, dispuestas en humedales o cuerpos de agua.
Impacto sobre el Medio Acuático. En el Addendum I pág. 88 se señala que las actividades portuarias cumplirán con toda la legislación establecidas en las normas internacionales establecidas por el MARPOL, Chile es país signatarios de estos Convenios; igualmente se cumplirá estrictamente con la Ley de Navegación (Decreto Ley Nro. 2222 de 1978) y con el Reglamento para el control de la contaminación acuática (D.S. Nro. 1 de 1992 de la Subsecretaría de Marina).
No se considera la generación de Residuos Industriales líquidos por cuanto el agua utilizada en el proceso se evapora o queda retenida en la madera.
Los residuos líquidos domésticos serán recolectados en el sumidero desde donde serán bombeados hasta una planta de tratamiento donde se purificarán.

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El tratamiento de las aguas servidas será por inyección profunda, lo que contempla conducir el afluente hasta la napa profunda o en una zona próxima a ella.
Las aguas lluvias que caigan sobre la superficie construida se encausarán hacia un sistema de piscinas de decantación y luego a separadores de emisiones fugitivas de aceite o combustible, sin que entren en contacto con líquido industrial alguno y por lo tanto no deben considerarse como residuos industriales líquidos.
La limpieza de la piscina de acondicionamiento de troncos, la manipulación de resinas y ceras, el lavado y mantenimiento de maquinarias no generarán residuos industriales líquidos.
ImDacto sobre la actividad acuícola. Las etapas de construcción y mantenimiento del puerto no tendrá un efecto directo en la actividad de cultivos de mitílidos y cultivos acuícolas en la bahía de Ilque, debido a la distancia del lugar al muelle, salvo el caso de algún accidente los que tienen una frecuencia baja en los puertos de Chile.
En el caso de salmones, no hay efectos directos porque dependen de factores externos como disponibilidad de alimentos y estado de vida de los mismos.
Respecto de la pesca artesanal, el impacto será positivo porque se verá favorecida con la instalación de muelles y el comercio de los rubros de pesca se verá revitalizado.
Impacto sobre otros elementos. Se refiere el recurrente a los siguientes aspectos:
1.- Manejo y transporte de sustancias tóxicas, peligrosas y disposición de residuos peligrosos.
Las medidas a tomar en relación al derrame de productos químicos se señala en el Addendum Nro. 1, página 116.
El plan de contingencia respectivo se puede consultar en el Adendum I y en el capítulo 2.6 del Estudio de Impacto Ambiental y en el punto 8.14 de la Resolución de Calificación Ambiental.

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Control de Contaminación Acuática. En el Anexo H del Estudio de Impacto Ambiental se adjunta la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental Acuático (Tabla 5.1).
En la etapa de operación del Puerto existe la probabilidad de aumento en bajas concentraciones de hidrocarburos, grasas y aceites, además de la presencia de restos de chips de madera que pueden caer al mar; al respecto en la página 225 del anexo H del Estudio de Impacto Ambiental, se señalan las Medidas de Mitigación del Impacto Acuático tanto en la etapa de construcción como de operacion.
Destrucción del paisaje. Se trata de un proyecto industrial y no forestal, pero serán quienes tengan que efectuar la extracción de la madera los que deberán, conforme a la normativa forestal y ambiental que le sea aplicable, los que deberán abordar derechamente este aspecto.
El informe sectorial de CONAF al primer Addendum presentado por el proponente expresa que la materia prima requerida por el proyecto no afectaría el consumo actual y no pondría en riesgo la oferta futura de madera, en consecuencia no se verá afectada la mantención de bosques que permitan el abastecimiento de la planta, lo que permitirá el desarrollo de actividades turísticas en la Xa. Región.
DECIMO: Que a fojas 77 y siguientes Fernando Dougnac Rodríguez, por si y a nombre de otros, recurre de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente, presidida por su presidente Rabindranath Quinteros Lara, Intendente de la Décima Región y demás componentes del citado organismo, por la acciones ilegales y arbitrarias que han afectado las garantías consagradas en los Nros. 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y su derecho de propiedad, como consecuencia del acuerdo del día 22 de enero de 1999, relativo a la resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Cascada Chile, materializado mediante Resolución Exenta Nro. 25 dictada con fecha 28 de enero de 1999.

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Antecedentes presentados por el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada Chile de la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. respecto a la explotación del bosque nativo de la Xa. Región.
El proyecto Cascada Chile asegura que de acuerdo con los inventarios de bosques comerciales existentes en la actualidad en la Xa. Región y su tasa de crecimiento vegetativa, hacen posible el abastecimiento de madera, que en cantidad de 925.000 metros cúbicos permiten la sustentabilidad de recurso forestal nativo.
La empresa estima una superficie de bosque disponible en la región de 1.710.140 hectáreas.
En cuanto al sector donde se instalará la planta corresponde
a una superficie de 177 hectáreas, sitio en el cual el Estudio de Impacto
Ambiental identifica 142 especies de vertebrados terrestres que ocupan
variados hábitats, que podrían sufrir impacto negativo por la construcción
y operación de la planta de tableros y astillas.
La Compañía Industrial Puerto Montt, proponente del Proyecto, desea implementar un área de preservación de 100 hectáreas de especies removidas durante la implementación de las obras, a fin de compensar los impactos negativos del proyecto.
Análisis Ambiental y Legal de la Resolución que aprobó el Proyecto Cascada.
No reúne los requisitos legales que debe contener un Estudio de Impacto Ambiental, siendo su defecto más grave el carecer de una línea de base, error del cual surgen una serie de consecuencias, tales como no identificar los principales efectos negativos sobre los recursos naturales renovables; no poseer las medidas de mitigación necesarias; ausencia de plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes, etc., defectos - que derivan de una mala focalización ambiental del proyecto, ya que los proponentes consideran que consiste en un proyecto industrial y portuario, en circunstancias que por sus implicancias en el medio ambiente es claramente un proyecto forestal.

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El proyecto no evalúa el impacto que su actuar producirá sobre el bosque nativo, a pesar de reconocer que es su principal insumo, el cual adquirirán los proponentes a terceros productores y deben ser éstos los que efectúen la evaluación de su actividad y cuantifiquen su impacto sobre el bosque nativo.
De acuerdo al artículo 30 letra m) del Reglamento los proyectos de desarrollo o explotación forestal de bosques nativos ubicados en la Xa Región de más de 500 hectáreas anuales deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
El proyecto indica que para su producción anual requerirá cerca de seis millones de troncos o árboles, lo que equivale a la corta de más de 5.000 hectáreas de bosque nativo al año.
Las razones que da la empresa para liberarse de la obligación de efectuar una evaluación del impacto ambiental se puede dividir en los siguientes puntos:
a.- El proyecto no es forestal sino industrial. Al efecto, el proponente se remite a la letra m) del artículo 10 de la Ley 19.300 que expresa que las plantas astilladoras y otras, todas de dimensiones industriales; estan en una misma letra, o sea, el legislador consideró que tanto los proyectos industriales o forestales representan el mismo impacto ambiental, sin que el legislador haga distinción alguna ya que lo básico es que todos ellos pueden afectar el bosque nativo o los terrenos frágiles o representar una demanda mayor para el recurso forestal.
En el artículo 30 letra m) del Reglamento quedó precisada con mayor detalle que se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: ml Proyecto de desarrollo o explotación forestales que abarquen una superficie única o agregada de quinientas bectáreas anuales tratándose de las Regiones VIII a XI.
Lo que se requiere es que se evalúe el Impacto Ambiental; que se indique de manera pormenorizada y concreta quienes serán los proveedores, donde están los bosques que se pretenden explotar, el

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sistema de corta, que salvaguarda de biodiversidad se tomará, etc. ya que no existe en el Estudio de Impacto Ambiental ningún parámetro que permita determinar si este uso del recurso causaéá un deterioro o menoscabo al Patrimonio Ambiental, de acuerdo a la letra i) del articulo 20 de la Ley Nro. 19.300, norma que es complementaria de la establecida en la letra c) del artículo 12 de la misma ley.
b~- La segunda razón que da el proponente para no evaluar el impacto de su proyecto sobre el bosque nativo es que no posee bosques propios, motivo por el cual adquirirá madera de terceros; la Ley ni el Reglamento distinguen en el hecho de que la explotación sea hecha directamente por el proponente o por terceros que lo provean, debiendo en el impacto determinar la real capacidad maderable del recurso, a fin de que no se produzca un fenómeno perverso, ya que habrá una demanda del recurso forestal que no podrá ser satisfecha legalmente, lo que se traducirá en un verdadero incentivo para la corta clandestina.
Lo que se evalúa no es la explotación de un recurso propio sino el impacto que el proyecto tendrá en el medio ambiente, aunque se considerara que es de naturaleza industrial, nadie puede negar su impacto en el bosque nativo, debiendo considerarse una descripción pormenorizada, según el artículo 12 de la Ley 19.300 aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11.
c.- La tercera razón para no evaluar el impacto de su proyecto en el bosque nativo dice relación con su compromiso de comprar sólo maderas que provengan de bosques que tengan aprobados planes de manejo por parte de CONAF.
Las aprobaciones de los planes de manejo que efectúa CONAF no toman en cuenta el impacto de la explotación maderera sobre la diversidad biológica, es sólo una aprobación a una buena práctica maderera que tiende a que este recurso se mantenga y, además, se aprueban sin sumarse, máxime si se trata de distintos dueños. Es una aprobación a una buena práctica silvicultural, no una evaluación de impacto ambiental.

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Por otro lado las normas de los artículos 11 y 12 de Ley 19.300 están en intima relación con el artículo 41 que señala, que "El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos..." y es necesario considerar que la planta astilladora más que duplicará la actual demanda de madera por lo que debe exigirse que el Estudio de Impacto analizado se haga cargo de su impacto real sobre el bosque nativo y al respecto la norma de la letra b) del artículo 20 de la Ley de Bases del Medio Ambiente del cual el bosque nativo es uno de sus componentes más importantes conlíeva.." el uso y aprovechamiento racional de los componentes del medio ambiente con el objeto de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración.
Otro requisito que la ley exige y que ha sido omitido tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en la Resolución aprobatoria del mismo, es la obligación que establece el artículo 42 de la Ley 19.300 de que el proponente debe presentar a la autoridad un "Plan de Manejo" de los recursos naturales existentes dentro del área de influencia del proyecto, el que no debe confundirse con los Planes de Manejo específicos que en cada caso las diferentes leyes requieren como por ejemplo el D.L. Nro. 701, de 1974. La exigencia de este plan de manejo no es aplicable a las actividades respecto de las cuales ya se hubiere aprobado un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental.
Chile ha suscrito y ratificado el "Convenio sobre la "Diversidad Biológica" (D.S. 1963 de 1994 de RR.EE) que obliga a los Estados que la suscriban, en su artículo 14 letra a), a establecer "...procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos..." y agrega en su anexo 1 que se deberá proteger los "1.. Ecosistemas y habitats que contengan una gran diversidad, un gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre...

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(3
En Chile hay especies de arbustos y árboles amenazados y fauna, peces y anfibios que presentan la situación más crítica. d.- La última razón que da la empresa para no evaluar el
impacto de su proyecto sobre el bosque nativo dice relación con su "compromiso" de asesorar a sus proveedores para que realicen un buen manejo del bosque nativo.
Las acciones que el proyecto Cascada propone son:
-. Colaboración con CONAF proporcionándole Guías de libre
transporte de madera.
-. Información de catastro de Bienes Fiscales la que obtendrá del Ministerio de Bienes Nacionales;
-. Capacitación y asistencia técnica a pequeños y medianos
especies de
tránsito de
propietarios.
-. Banco de semillas y/o plantas madres para abastecer los viveros.
-. Viveros de plantas nativas para distribuir al costo a
propietarios proveedores. El mínimo estimado será de
de plantas nativas.
-. Programa de entrenamiento para contratistas de cosecha.
-. Difusión de manejo de mejores técnicas de plantas y plantación para asegurar su sobrevivencia y desarrollo.
Coordinación de faenas de actividades de plantación y raleo con pequeños propietarios para aumentar su eficiencia.
-. Registro de Contratistas.
Medidas éstas que no contribuyen a juicio del recurrente a la
del recurso.
Otro problema grave del bosque nativo es la escasa fecundidad de sus semillas, lo que hace que no pueda recrearse el bosque mixto que se corta, cayéndose así en el monocultivo de algunas especies.
El catastro de bosque nativo (CONAMA, CONAF, BIRF 1997) señala sólo la cantidad potencial del bosque maderable porque se efectuó sobre la base de la "fotometría, la cual no indica "que hay debajo del
pequeños
1.000.000
mantención
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52% se encuentran intervenidos y la mayor intervención
a floreo moderado o suave y su proceso de deterioro y
se ha expandido considerablemente, encontrándose
en manos de pequeños propietarios y campesinos forestales.
El Estudio recomienda la explotación del bosque a tala rasa para aprovechar el total de su biomasa pues concluye que ningún proyecto podría prosperar si sólo se permite extraer 35% del área basal por hectárea.
sque"; el corresponde destrucción mayormente
DECIMO PRIMERO: Que en el informe de fojas 225 a 257 en relación al Recurso de Protección Rol Nro. 2.249 deducido por Fernando Dougnac Rodríguez se señala lo siguiente:
1.- Antecedentes: Se describe el proyecto que se sometió a la consideración de la COREMA, sobre Estudio del Impacto Ambiental, presentado por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. el que fue calificado favorablemente, condicionándolo al cumplimiento de ciertos requisitos, condiciones y exigencias y se certifica que cumple con todos los requisitos y la normativa de carácter ambiental.
Se indica la ubicación y característica de operación del puerto.
II.- El proyecto está descrito como de carácter industrial y no forestal.
Si bien abre un poder comprador de madera, no es forestal ya que no contempla la intervención directa de bosques por parte de la empresa titular, sólo contempla la compra del recurso a terceros, siendo su actividad la industrial y portuaria.
Señala que de los tipos de proyectos señalados en la letra m) del articulo 10 de la Ley 19~300 sólo son aplicables al presentado por Cascada Chile los relativos a plantas astilladoras de dimensiones industriales y plantas elaboradoras de dimensiones industriales.
Son relacionadas con el proyecto las letras f) y k) del artículo 10 de la Ley 19.300.
Según la descripción del proyecto de Cascada Chile, se sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 letras f), k) y m) de la Ley 19.300 en la parte pertinente: plantas astilladoras y elaboradoras de paneles (letras m3 y m4 del artículo 30 del reglamento.
De las normas transcritas puede establecerse que la ley 19.300 contempló una serie de proyectos que agrupó en la misma letra del artículo 10 (letra m). El factor central que permite agruparlos en una misma letra es que intervengan o utilicen una determinada materia prima, pero de ello no deben extraerse las conclusiones que saca el recurrente por no representar el mismo impacto ambiental ni afectarle a todos ellos el bosque nativo, ya que se distinguen entre proyectos de carácter industrial y forestal.
De carácter forestal son los proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles y los proyectos de desarrollo o explotación forestales en terrenos cubiertos de bosque nativo, ambos de dimensiones industriales.
Son de carácter industrial las industrias de celulosa, de pastas de papel, de papel, las plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales.
En nada se opone a dicha conclusión el hecho que todos estén tratados en la misma letra.
Por otro lado, también es erróneo sostener que el proyecto que nos ocupa se transforma en forestal por el hecho que su principal materia prima sean los bosques.
Siguiendo el criterio de la recurrente cualquier titular de un proyecto industrial debería contemplar dentro de la línea de base de su proyecto y, consecuentemente evaluar, la actividad extractiva de la materia prima a utilizar, aun cuando no tenga relación alguna con ella y sólo la adquiera de terceros. Así quien evalúe una instalación productora de materiales para la construcción (letra k) del artículo 10 debería incluir dentro de su línea de base y evaluar la extracción de áridos.
Queda demostrado que la ley ha distinguido entre las actividades extractivas de aquéllas que contempla el procesamiento y si bien un determinado proyecto puede contemplar ambas, ello no es condición sine qua non, ya que perfectamente pueden estar separadas. Tal es el caso del proyecto Cascada Chile.
III- La acción deducida contiene una pretensión ilegal: que se incluyan como parte de la línea de base y se evalúen consecuentemente actividades, proyectos de desarrollo o explotación forestales de terceras personas que no son aquéllas que han sometido el Estudio a Evaluación de Impacto Ambiental.
1.- En el marco de la Ley 19.300 y su reglamento es al titular del proyecto a quien le corresponde describirlo y no es a la administración a quien corresponde diseñar un determinado proyecto a objeto de someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
2. La resolución de calificación ambiental no puede pronunciarse sobre proyectos que no han sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio de sus facultades para solicitar las aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones que estime necesarias.
3. - La resolución de calificación ambiental no puede regular actividades de terceras personas que no son el proponente.
Acerca de lo que sostiene el recurrente de que se indique de manera concreta quienes serán los proveedores, dónde están los bosques que se pretende explotar, qué sistema de corta se utilizará, qué salvaguardia de la biodiversidad se tomará, etc. (pág. 13) y luego agrega (pág. 19) el causante es el proponente y es a éste y no a los proveedores al que le corresponde evaluar la existenci~ del recurso.
Lo que pretende el recurrente es que a través de una resolución de calificación ambiental emitida en un procedimiento desarrollado a iniciativa de Cascada Chile, se regulen las actividades de terceros respecto de los cuales tal resolución es inoponible.
Obligaciones de los proveedores.
La recurrente presenta la imagen distorsionada de que si el proyecto Cascada Chile no es presentado como un proyecto forestal se producirá como consecuencia inevitable una intervención de los bosques desregulada y sin control alguno. También sostiene que el proveedor de Cascada Chile que se encuentre en las hipótesis descritas en las normas del artículo 10 letra m) de la Ley 19.300 y articulo 30 letra ml del Reglamento deberá someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que regula la Ley, debiendo obtener para desarrollarlo una resolución de calificación ambiental favorable.
En cualquier caso, aun respecto de proyectos de magnitudes inferior a 500 hectáreas, deben los proveedores estar provisto de planes de manejo por parte de CONAF, los que conUenen medidas de repoblamiento, selección de árboles semilleros y características de la reforestación
También deben establecer programas de protección contra incendios forestales, plagas, enfermedades; tratamiento de residuos de explotación; mantención de caminos para evitar la erosión y protección de cuencas, recursos de agua y protección de tipos forestales.
No obstante que el proyecto es industrial, el proponente se ha referido al recurso forestal tanto en el Estudio presentado como en el primer y segundo Adendas.
Por otra parte, el proponente ha presentado los estudios en términos que la demanda que agregará este nuevo proyecto no pone en riesgo la sustentabilidad del recurso, proponiendo al respecto acciones que constituyen medidas de mitigación que han sido aceptadas por la Comisión Regional del Medio Ambiente, a saber: capacitación técnica, colaboración con CONAF, colaborar en la confección de planes de manejo, banco de semillas, difusión de técnicas de manejo, convenio con Universidad Austral, Coordinación de faenas, etc.
Aplicación errónea de normas jurídicas Dor Darte de la Recurrente.
1.- Planes de Manejo. Según el Recurrente se ha omitido tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en la Resolución aprobatoria, la obligación que establece el articulo 42 de la Ley 19.300, esto es, el requisito de presentar a la autoridad un "Plan de Manejo de los recursos naturales existentes ... del área de influencia del proyecto, lo que no es exigible respecto de actividades en que se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, según lo dispone el inciso final del artículo 42 de la Ley 19.300.
Al respecto, señala que la ley 19.300 no tiene ninguna norma que confiera facultades a la Comisión Nacional del Medio Ambiente ni a ninguno de sus órganos para regular el uso o aprobación de algún recurso natural en un área determinada, ni existe norma que la faculte para solicitar planes de manejo. Pero el Recurrente sostiene que el Plan de Manejo le es aplicable a los proyectos que todavía no la tienen, sin reparar que su argumento es absolutamente contradictorio, puesto que la ley al decir que lo dispuesto en ese artículo no se aplicará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, expresamente dice que los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental se aprueban sin contemplar un Plan de Manejo.
Aplicabilidad del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La norma del artículo 14 letra a) establece una obligación para los Estados suscriptores, en este caso al Estado de Chile, y su eventual incumplimiento lo sujeta a los mecanismos de resolución de conflictos que la misma Convención determina, pero nada tiene que ver dicha norma con la aprobación o rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental.
Principales errores de hecho advertidos en el Recurso. Cita los siguientes:
a) En relación a que centraría en explotar de preferencia Recurrido señala que no existen órdenes porcentajes de mezclas específicos que interés de Cascada Chile se algunas especies. Manifiesta el de preferencia de especies o sean preferidos (Página 5 párrafo).
b) el proyecto tiene Línea de Base, según se indica en el Estudio de Impacto Ambiental, Capítulos 5, 6 y 7 y anexo H se describen en detalle: a) Medio Ambiente Físico; b) Medio Ambiente Biológico Vegetación, Flora y Fauna; c) Medio Ambiente Humano y cultural; y d) Línea Base para el Proyecto de Facilidad Portuaria (Página 6 titulo II Párrafo 1).
V.- el proyecto necesitará un millón de toneladas de madera pulpable. La planta de OSB ha sido diseñada para procesar 925.000 metros cúbicos al año de maderas nativas de características pulpables (página 9, párrafo 3). También se habla de seis millones de troncos o árboles. El largo normal de cada tronco es de 2,44 metros y un árbol puede dar seis troncos. Tal afirmación equivale a decir que cada árbol produce 0,15 metros cúbicos de madera y si asumimos un trozo de 2,44 metros de largo y 40 cm. de diámetro promedio tendríamos un volumen de 0,31 m3 para el trozo de madera, así para abastecer el proyecto se necesitarían 2.983.871 trozos de las dimensiones señaladas; silos árboles tienen 10 m. De altura se necesitarían 745.969 árboles/anuales para abastecer el proyecto. Toda vez que cada árbol daría 4 trozos de esas dimensiones y un volumen de 1,25 m3. Para obtener estos árboles señala el recurrente que se requieren 5.000 hectáreas de bosque nativo al año. Al respecto es necesario precisar que estas hectáreas, según el recurrente, no serán cortadas en su totalidad sino que serian cosechadas anualmente mediante cortas parciales, como raleos y cortas de protección (página 9, párrafo 3);
V.- En relación a la corta clandestina a que alude el recurrente se señala que en el Addendum 1 y III se muestran Simulaciones Forestales que indican que hay recurso disponible para sustentar el proyecto en base al crecimiento anual del recurso forestal.
Si se suma al uso actual del bosque el consumo del proyecto nos da el consumo de bosque de la Décima Región que sería de 5.967.806 m3/anuales y el crecimiento del bosque de producción en la región sería de 13.764.640 m3/año. (página 16 párrafo 3);
VI.- El recurrente dice que el consumo de madera será cercano al millón de toneladas de madera pulpable al año o seis millones de toneladas de árboles o troncos de bosque nativo al año.
Ahora el recurrente habla de seis millones de toneladas de árboles. (página 18 último párrafo);
VII.- Que la planta astilladora más que duplicará la actual demanda de madera.
Según el recurrido el consumo actual es de 5.042.806 m3 y de acuerdo a los cálculos que efectúa la demanda que generaría el proyecto aumentaría en un 18,34% el consumo actual del bosque., (página 25, párrafo 2);
VIII.- La opinión de la Corporación Nacional Forestal que el proyecto Cascada Chile debe incluir en su estudio el recurso forestal.
La observación de la CONAF fue respondida en la página 8 del Adendum 1 y en los Adendas sucesivos (página 27 párrafo 4);
IX.- "...el proyecto contribuiría a la deforestación de un área que puede variar en 5 y 10 mil hectáreas al año.
El recurrido sostiene que los proveedores del proyecto no plantean sino extraer un cierto número de árboles del bosque, anualmente sobre 5,000 hectáreas lo que es equivalente a explotar 185 metros cúbicos por hectáreas o 150 árboles de las dimensiones antes tratadas.
DECIMO SEGUNDO: Que de los antecedentes expuestos en los motivos que preceden, tanto en el Recurso de Protección interpuesto por Marcelo Castillo Sánchez, por sí y en representación de otros, de fojas 1 y siguientes, como en el deducido por Fernando Dougnac Rodríguez, por sí y a nombre de otros, de fojas 77 y siguientes, se alega que el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada Chile, calificado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, no se hizo cargo de los impactos negativos del medio ambiente, y de la biodiversidad de los bosques nativos; en la atmósfera; en el medio acuático, especialmente marítimo y otros elementos, atentando en contra las garantías consagradas en los números 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
DECIMO TERCERO: Que corresponde a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, donde se realizarán las obras materiales que contempla el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución; otorgar las autorizaciones correspondientes acerca de las Declaraciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental; proceso de evaluación que concluye con la resolución de calificación ambiental favorable y la certificación de que se cumplieron con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo con los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. Si la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales (artículos 9 y 24 de la Ley Nro. 19.300).
DECIMO CUARTO: Que en base a sus atribuciones legales exclusivas, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, presidida por el Intendente, Rabindranath Quinteros Lara, dictó la Resolución Exenta Nro. 25, de fecha 28 de enero de 1999, mediante la cual calificó favorablemente el Proyecto Cascada Chile, presentado al citado organismo por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A., que comprende la construcción y operación de una planta industrial para la elaboración de paneles estructurales OSB, una planta de astillas y la construcción de un puerto en la bahía de Ilque, responsabilizándose de los efectos negativos que puedan generar los impactos ambientales sobre el bosque nativo y la biodiversidad en la Décima Región; la atmósfera; el medio acuático, especialmente marino y otros elementos, siendo diseñado por el proponente, por ser el titular a quien le corresponde diseñarlo, por cuanto él debe desarrollar la actividad que comprende el proyecto.
DECIMO QUINTO: Que la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, efectuada por la Comisión Regional del Medio Ambiente se ajustó plenamente a la normativa legal que rige la materia, oyendo para tal efecto a los Organismos del Estado con competencia ambiental sectorial y, además, ponderando en forma efectiva las observaciones ciudadanas, según se advierte del propio texto de la Resolución Exenta impugnada y del Addendum Nro. 1, agregados a esta causa.
DECIMO SEXTO: Que en relación a los informes de los Organismos del Estado con atribuciones en materia de otorgamiento de permisos sectoriales, preciso es señalar que no son vinculantes para la Comisión Regional del Medio Ambiente, por contar con la más amplia competencia para ponderarlos y aceptarlos; sin perjuicio de la facultad que le confiere la normativa para prescindir de ellos, en el caso a que se refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley Nro. 19.300.
En el Título II, párrafo 20 de la Ley mencionada, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se indica que los organismos citados anteriormente pueden ejercer sus facultades, de acuerdo a las normas que se expresan. La Resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente es vinculante para los organismos con competencia ambiental.
DECIMO SEPTIMO: Que la materia prima que elaborará la Compañía Industrial Puerto Montt S.A. será adquirida de terceros proveedores propietarios de la madera nativa que utilizará la planta, razón por la cual éstos no deben ser incluidos en la resolución de calificación ambiental, por ser ajenos al proyecto evaluado y, por lo mismo, le es inoponible, sin perjuicio de las exigencias que contempla la ley forestal, como es el caso de las explotaciones forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosques nativos, de dimensiones industriales, y en los proyectos se exige planes de manejo por parte de la CONAF.
DECIMO OCTAVO: Que en relación a la omisión de un plan de manejo general de los recursos naturales, como asimismo las medidas de conservación del recurso por parte del proyecto Cascada Chile, obligación que endilga a sus proveedores, no obstante que el impacto más significativo recae sobre el bosque nativo, cabe señalar que en la Ley Nro. 19.300 no existe norma alguna que faculte a lá Comisión Nacional del Medio Ambiente para solicitar planes de manejo.
DECIMO NOVENO: Que el convenio sobre Diversidad Biológica sólo establece obligaciones para los Estados suscriptores, entre los que se incluye a Chile, materia ajena con la aprobación o rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental.
VIGESIMO: Que carece de trascendencia que el acuerdo de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Regional que se impugna, se haya tomado en Valdivia, ciudad ubicada en la misma Región y, respecto de las opiniones emitidas por el Presidente del aludido organismo, fueron analizadas en el Recurso de Protección Rol Nro. 2.147 de esta 1. Corte y que en nada altera en la posible resolución que se dicte en esta causa.
VIGESIMO PRIMERO: Que en relación a la ausencia de la línea de base del proyecto Cascada Chile, preciso es señalar que el hecho de figurar las plantas astilladoras con otros proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles en terrenos cubiertos de bosque nativo, en la letra m) del artículo 10 de la Ley 19.300, son diferentes por cuanto el primero comprende la construcción y operación de una planta industrial elaboradora de paneles de tecnología OSB, el traslado de una planta de astillas que funciona en el camino Puerto Montt - Puerto Varas y la construcción de un puerto en la bahía de Ilque; en cambio, el proyecto de explotación forestal comprende corte y tala de árboles, plantaciones, reforestación, etc.; pero ambos tiene de común que causan impacto ambiental y utilizan como materia prima el recurso forestal.

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VIGESIMO SEGUNDO: Que, pese a lo expresado anteriormente, ambos proyectos tienen distinto tratamiento legal y el Estudio de Impacto Ambiental difiere por cuanto el de explotación forestal comprenderá los impactos sobre el bosque y el proyecto Cascada Chile abordará los impactos que genere su actividad industrial; pese a lo cual no dejó de tomar en cuenta aspectos relativos al uso del bosque nativo, aunque con características distintas de un proyecto forestal.
Es por ello que calificar a Cascada Chile como un proyecto forestal porque su principal insumo es el bosque nativo, como pretende el recurrente, es una interpretación errónea de la legislación ambiental, sin embargo, en los Addendas acompañados a estos autos se hace el análisis de impacto del proyecto en el área de influencia de la Xa. Región y el Estudio de Impacto Ambiental contiene un acabado examen en base a las cifras oficiales contenidas en los Organismos del Estado con competencia ambiental sectorial.
VIGESIMO TERCERO: Que se aplican las normas de la Confederación Suiza, sobre la calidad ambiental y emisión de efluentes de ductos y residuos que generará la planta que se construirá en bahía Ilque, para evaluar el riesgo de salud de la población, considerando la avanzada tecnología científica del mencionado país, en ausencia de normas que regulen tales emisiones en Chile, no obstante que en el Estudio de Impacto Ambiental se sostiene que carecen de obligatoriedad, no apreciándose que exista contradicción en el mencionado Estudio al sostenerse que esas normas no son obligatorias.
VIGESIMO CUARTO: Que en cuanto a los efectos adversos a la biodiversidad del bosque nativo, a la sustentabilidad de los recursos forestales, a los impactos al medio ambiente, al medio acuático, especialmente el marino y a otros elementos, cabe señalar que tales materias escapan a la acción tutelar deducida por los recurrentes, por cuanto significaría abocarse al estudio y análisis de un proyecto evaluado por un Organismo con plena facultad legal para decidir su aprobación, rechazo, o imponer condiciones o exigencias ambientales que deberán

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cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad, sin perjuicio de que no se han aportado pruebas que permitan evaluar los impactos adversos sobre los ecosistemas correspondientes a los bosques nativos por parte de los actores.
VIGESIMO QUINTO: Que como consecuencia de lo expuesto en el apartado que precede, se desprende que las acciones tutelares interpuestas por los recurrentes no son las apropiadas para ser discutidas en esta sede, sin perjuicio que la propia ley 19.300, establece en el artículo 29 que las organizaciones ciudadanas y las personas naturales directamente afectadas podrán formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante la Comisión Regional del Medio Ambiente dentro del plazo de sesenta días, contado de la publicación del extracto, acción que no ha sido intentada por los recurrentes.
VIGESIMO SEXTO: Que en consideración a lo expuesto, no se divisa la arbitrariedad que sostienen los recurrentes, de parte de Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cascada Chile presentado por la Compañía Industrial Puerto Montt S.A.
VIGESIMO SEPTIMO: Que en la dictación de la Resolución Exenta Nro. 25 dictada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región no existe la diferencia arbitraria a favor del proponente por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente Décima Región al momento de ponderar las observaciones realizadas por la comunidad y personas naturales.
En cuanto al derecho a la vida, la resolución enunciada precedentemente, en nada altera las condiciones que permiten la existencia de los seres humanos, en atención a que no se ha acreditado una alteración- radical, que prive de los necesarios recursos naturales que impidan en el futuro el desarrollo de la vida de los recurrentes y la de sus hijos.
VIGESIMO OCTAVO: Que respecto al derecho a vivir en un medio libre de contaminación, entendemos que la Constitución Política de la República asegura y protege a todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida, refiriéndose a la atmósfera, la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo que conforma la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que se desenvuelven.
Toda actividad humana conlleva un cierto grado de contaminación, pero en caso de autos no se ha acreditado que la planta que construirá la Compañía Industrial Puerto Montt, contaminará o alterará de modo perjudicial, para el mejor desarrollo de la vida el medio ambiente que nos rodea, de manera que sea dañina para la existencia y salud de las personas.
VIGESIMO NOVENO: Que del mismo modo, la resolución impugnada en nada atenta contra el patrimonio ambiental, que si bien su uso corresponde a los habitantes de la Nación toda, nadie puede alegar dominio sobre él.
Por lo demás, es un hecho indesmentible que los bosques, sean nativos o no, pertenecen a determinadas personas o Instituciones y no se divisa en qué sentido la Resolución Exenta Nro. 25 de la Comisión Regional del Medio Ambiente haya vulnerado el derecho de propiedad de los Recurrentes.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechazan los recursos de Protección deducidos a fojas 1 y siguientes, 77 y siguientes y 304 y siguientes en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, representada por su Presidente don Rabindranath Quinteros Lara y en contra de los demás integrantes de la aludida comisión, sin costas, por estimarse plausible su accionar.
Acordada con el voto en contra del Ministro don Hernán Crisosto Greisse, quien estuvo por acoger los recursos de protección de fojas 1 y acumulado de fojas 77, a fin de dejar sin efecto la Resolución Exenta N0 25 de 28 de enero de 1999 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región de Los Lagos, teniendo para ello `lo únicamente presente que afecta la Garantía Constitucional establecida en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, atento los siguientes fundamentos.
10) Que conforme se indica en el Capitulo 2.1.14 de las descripciones del Proyecto, la planta de paneles OSB está diseñada para procesar 925.000 metros cúbicos al año de madera nativa pulpable, proveniendo el abastecimiento tanto de la compra a terceros como a empresas relacionadas, haciéndose luego un análisis de los recursos forestales de la Xa. Región, para justificar la viabilidad del Proyecto Cascada Chile, utilizando para la producción de paneles coigue, mañio, tepa, canelo,ulmo, roble, avellano, notro , olivillo y aún cuando puede usarse pino, álamo y eucalipto, la planta se diseña basándose en la utilización de especies nativas.
El mismo proyecto estima que los recursos disponibles en la X Región son 1.710.140 hectáreas y que el crecimiento anual para el bosque productivo es entre 9.454.046 y 12.884.037 metros cúbicos.
20) Que de lo anterior se puede tener por establecido que la planta de paneles de Cascada Chile, tiene proyectado producir un impacto indirecto en el bosque nativo de la X Región, de tal magnitud que, sin duda, alterará el medio ambiente y la biodiversidad en la Décima Región.
30) Que conforme lo dispone el artículo 12 de la ley 19.300, los Estudios de Impacto Ambiental, deben considerar entre otras materias la Línea de Base, esto es según la define el artículo 2 letra 1) de la misma ley " La descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad de forma previa a su ejecución".
40) Que dicha área de influencia no puede ser otra que aquella área en que se producirá directa o indirectamente una alteración del medio ambiente.
50) Que estimando este sentenciador entonces, que el Proyecto Cascada producirá una alteración indirecta en el bosque nativo de la X Región y su biodiversidad, cabe concluir que el Estudio de Impacto Ambiental, debió considerar la Línea de Base y al no hacerlo, la resolución de la COREMA X Región de Los Lagos, que calificó favorablemente el Proyecto Cascada Chile, es arbitraria e ilegal por cuanto no se cumplían las condiciones requeridas por la ley para su aprobación, y, en consecuencia, conforme el articulo 8 de la ley 19.300 el proyecto no puede ejecutarse sin una evaluación de Impacto Ambiental que incluya la línea de base que describa el área de influencia del proyecto en el bosque nativo, que el mismo Proyecto indica como materia prima a elabora y consumir.
Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Ministro do Manuel Agustín Barrí Subiabre y del voto disidente su autor.
No firma el Ministro don Hernán Crisosto Greisse, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la sala, por encontrarse ausente haciendo uso de su feriado.
Rol Nro. 2.246.-

Firma

Pronunciada por los Sres. Ministros Titulares de la Ilustrisima Corte: Rodrigo Padilla Buzada, Manuel Barria Subiabre y Hernán Crisosto Greisse. Autoriza la secretaria Titular Sra. Ivonne Avendaño Gomez .

En Puerto Montt, a dieciséis de agosto de 1999, notifique por el estado de resolución de esta fecha y de Fs. 713 a la 768 vuelta.

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1999
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